Los fallecidos en Valencia a causa de los efectos de la DANA superan los 200 y parte de ellos perdieron su vida mientras desempeñaban su trabajo, dado que la Generalitat no actuó en su defensa, menos las empresas, cuando la alerta de la AEMET ya era roja y los avisos apuntaban a catástrofe. Sin embargo, el Gobierno de Carlos Mazón no ha aprendido y ante los nuevos avisos rojos de temporal se ha saltado la ley aprobada por el Ejecutivo central dando salvoconductos para que los trabajadores de supermercados acudiesen a su puesto bajo alerta climatológica, tal y como adelanta la SER.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a ElPlural su “rotundo rechazo” a la orden mediante la cual la Generalitat Valenciana autorizó este jueves a varias empresas de distribución de alimentos para citar a sus trabajadores en sus puestos a pesar de la existencia de una alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología. Asimismo, ha lamentado que la Generalitat “desconozca la normativa de prevención de riesgos laborales, asumiendo el riesgo de que los trabajadores puedan sufrir daños al incumplirse una normativa estatal”.
Las imágenes del día de la DANA, cuando se vieron camiones de reparto flotando con trabajadores dentro, algunos pudieron ser rescatados y otros no, no parecen afectar a Mazón ni a Consellería de Interior y Justicia, capitaneada por Salomé Pradas, encargada de firmar los salvoconductos. El brazo ejecutor ha sido la misma consellera que aseguró no conocer que existía el sistema Es-Alert para notificar a toda la población el riesgo hasta el día de la DANA a las 20:00 horas, cuando varios pueblos ya estaban gravemente afectados.
Desde la cartera lidera por Yolanda Díaz no dan crédito a esta actuación de la Generalitat, que contraviene la ley que recordado en reiteradas ocasiones la ministra esta misma semana, y han mostrado a este periódico su incredulidad. "Destaca que en un momento tan delicado se genere confusión entre la ciudadanía por entender que deben ser empresas privadas las que distribuyan alimentos cuando están desplegados los servicios de emergencia y el Ejército en situaciones de alerta roja y naranja", lamentan desde Trabajo.
Mazón incumple la ley
El Real Decreto-ley 4/2023 es muy claro y la propia Díaz difunde su contenido a través de redes sociales desde los días posteriores al temporal; sin embargo, esto no ha supuesto un impedimento para la Generalitat. La norma establece lo siguiente:
“En el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos naranja o rojo, y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista”.
Al artículo anterior, además, la norma añade que las exclusiones contempladas en el Real Decreto 486/1997 también se verán afectadas en caso de alerta naranja o roja de la AEMET. Es decir, obligatoriedad incluye también, en lo referido a supermercados, a “los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte”.
Díaz asegura contundencia con las empresas incumplidoras
Mientras Mazón emitía estos salvoconductos, en la tarde de este miércoles, la vicepresidenta ya había advertido en varias ocasiones que perseguiría a las empresas incumplidoras con “contundencia”. "Es muy grave" que haya empresas dispuestas a "poner en riesgo la vida de sus trabajadores" sin saber "muy bien con qué objetivo", ha traslado. Asimismo, ha recordado que la competencia normativa en el plano laboral es "exclusiva" del Estado y administraciones como la de Mazón no pueden saltársela.
"No solo es un riesgo individual, es que cuando uno se desplaza a trabajar, cuando hay una recomendación en contra, está también poniendo en riesgo la seguridad colectiva de todos y de todas nosotras", ha añadido. "Quiero ser clara, ninguna orden de ninguna administración pública puede contrarrestar los derechos que están instalados en la legislación española", ha subrayado la vicepresidenta, que ha concluido pidiendo a las empresas que "cumplan la ley" y a los trabajadores para que "no corran riesgos".
