La polémica sobre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no hace sino crecer. Si el líder regional ya venía mermado por la gestión a ojos de una parte mayoritaria de Valencia y del país nefasta, a ello hay que sumarle las excusas que el pasado viernes dio a los ciudadanos para justificar precisamente la falta de previsión y la manera de actuar antes, durante y después de la DANA. El pleno se saldó sin ningún cese pese a lo que había ocupado titulares en los días anteriores.
Pero los problemas para Mazón crecen en otros ámbitos. En esta línea, y según ha adelantado elDiario.es, uno de los primeros contratos de emergencia que otorgó el gobierno de la Comunitat tras la catástrofe que ha marcado un antes y un después en la historia reciente fue a parar a una empresa en la que José Manuel Cuenca, su jefe de gabinete y secretario autonómico de Comunicación, trabajó durante cinco años.
El procedimiento se llevó a cabo de la manera que coloquialmente se conoce como a dedo -esto es, sin someter a concurso público- y fue rubricado por la consellera Nuria Montes -concretamente por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace), a su vez conocida por sus inoportunas declaraciones sobre los familiares mortales de la DANA y uno de los nombres que, parecía, podían salir del Ejecutivo autonómico. Finalmente, esto último nunca ocurrió.
290.000 euros
La compañía a la que hacen referencia estas líneas es la mercantil STV Gestión SL, a la que se acordó conceder uno de los cuatro lotes del contrato de emergencia para el servicio de limpieza de viales y acceso de polígonos industriales afectados por la tragedia que experimentó su peor jornada el pasado 29 de octubre. El montante del lote asciende a 290.000 euros.
José Manuel Cuenca, actual responsable de departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de STV Gestión SL entre noviembre de 2017 y enero de 2023, año en el que se incorporó de asesor al grupo parlamentario popular en Les Corts y más tarde como alto cargo del Ejecutivo de Mazón, tal y como figura en su CV de GVA Oberta, portal de transparencia autonómico.
En consecuencia, se trata de una de las personas más cercanas a Mazón, especialmente desde que ocurrió la DANA. En concreto, a partir del día siguiente, dado que el 29 de octubre Cuenca se encontraba fuera del Palau con el objetivo de atender un asunto “particular” en Xàtiva, localizada a 60 kilómetros de la capital valenciana. Se podría decir, en consecuencia, que forma parte del núcleo duro del Ejecutivo valenciano, en el que también estarían incluidos otros rostros como Santiago Lumbreras (exjefe de gabinete de Mazón en la Diputación de Alicante) o Cayetano García Ramírez.
La relación entre ambas personas va más allá de lo profesional; y es que también son amigos, hasta el punto de que los dos comparten casa en Valencia. En lo que respecta a la carrera profesional de Cuenca, el jefe de gabinete del president estuvo vinculado a la Cadena Cope hasta 2017, cuando empezó a trabajar en la mencionada firma.
La compañía STV Gestión abarca también otros puntos del mapa, con contratos públicos en Murcia y la Diputación de Alicante. Entretanto, dispone de unos activos de 76 millones de euros, según se desliza de las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, que se corresponden con el ejercicio 2023.
El contrato de urgencia y adjudicado sin publicidad justifica la licitación por la paralización de la actividad en los polígonos industriales de la comarca de l’Horta Sud después del paso de la DANA, “por lo que es imprescindible y urgente la inmediata limpieza y liberación de obstáculos que impiden el acceso a las empresas y naves industriales”.
Montes, quien firma el contrato, afirma en la documentación consultada que los trabajos a desempeñar se deben ejecutar por empresas “capaces de realizar los servicios de forma óptima y con la mayor rapidez y eficacia”. De esta manera, entre las mercantiles que “han prestado su consentimiento en la prestación de los servicios” destaca STV Gestión SL para el segundo lote, relativo a la limpieza de los viales y los accesos de los polígonos industriales de Albal, Beniparrell, Catarroja y Massanassa.
La resolución que declara y tramita de emergencia la contratación emplaza que “cada día de retraso en el acceso a las instalaciones industriales supone cuantiosas pérdidas económicas”. Asimismo, añade que la distribución de los polígonos asignados a cada lote “podrá verse modificada de acuerdo con las indicaciones e instrucciones” del Ivace con el objetivo de “agilizar la finalización de las tareas lo antes posible”.
Si bien el plazo de ejecución estimado es de un mes, la consellera también apunta que el tiempo total “variará en función de la extensión y de la situación existente en cada polígono”, un periodo “imposible de determinar con exactitud”.
Otro lote, a una empresa vinculada con la Caja B
STV Gestión SL es la única empresa adjudicataria de este contrato, que cuenta con un valor total de 1,1 millones que no está domiciliada en la provincia de Valencia. Por su parte, el cuarto lote ha sido adjudicado a Pavasal, la constructora que, según la sentencia del ‘caso Taula’ sobre la caja B del PP valenciano aportó 240.000 euros a la campaña electoral del partido en las elecciones municipales de 2007.
La Conselleria de Industria asegura que el jefe de gabinete de Mazón “no ha tenido nada que ver” con la adjudicación, mientras que ElPlural.com se ha puesto en contacto con el propio protagonista de este artículo para conocer su versión. En el momento de redacción de estas líneas no ha obtenido respuesta.