En su discurso de investidura, el pasado 11 de abril, Alfonso Fernández Mañueco, que acababa de sellar su pacto con Vox, hizo tres referencias a la despoblación, declaraciones de intenciones sin presupuesto definido, que en los pueblos prácticamente deshabitados de la Comunidad se esperan sin esperanza.

"Les garantizo una inversión sin precedentes en políticas de familia y natalidad, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra Comunidad, luchar contra la despoblación y afrontar el reto demográfico". 

"Rebajaremos el tramo autonómico del IRPF a todos los contribuyentes. Aplicaremos nuevas deducciones por residir en zonas de riesgo de despoblación y por trasladarse a trabajar a ellas".

"Consideraremos el problema de la despoblación y las políticas de demografía una cuestión nacional prioritaria, que debe ser abordada en coordinación con todas las Administraciones Públicas. Políticas que deben promover, y así lo apoyaremos, una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de España y de Castilla y León".

Con este último párrafo, el presidente de la Junta asumía como propia la soflama de Juan García-Gallardo, su vicepresidente, líder de Vox en la Comunidad y en la Junta castellana y leonesa, si bien, nadie ha explicado, a día de hoy, en qué consiste la inmigración ordenada y qué consecuencias conllevaría en la práctica, en caso de que la Junta de Castilla y León tuviera competencias y capacidad para llevar las soflamas a cabo más allá del discurso populista.

En los confines de la llamada "España Vaciada", que sus protagonistas no consideran peyorativa, "porque lo está", los discursos pasan desapercibidos. Se vive el día a día, con sus desesperanzas y sus sueños, que al final, el gobierno regional no materializa. Carreteras intransitables, autobuses escolares que no llevan a los niños a sus escuelas, médicos a una hora de viaje, cuotas de autónomos que se pagan sin derecho a los servicios públicos, zonas a las que no llega internet. "Yo nací en Madrid, pero me siento de mi pueblo, aunque no puedo vivir aquí".

Campeona en desapariciones

Según los datos del INE, Castilla y León encabeza la lista de las comunidades autónomas que han sufrido mayor pérdida de población empadronada en términos absolutos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022, con 13.075 personas menos.

La comunidad ha perdido un 0,5% de población a 1 de enero de 2022, y el 0,30% de población extranjera en el primer semestre de 2021.

2.217 personas emigraron a otras comunidades autónomas en ese periodo, y se contabilizaron 755 extranjeros menos, el 6,8% residentes en municipios de menos de mil habitantes, buena parte de ellos, precisamente, repoblando los más abandonados.

A tenor de las cifras, es fácil imaginar el problema de inmigración que sufre Castilla y León, tierra adentro, donde, incluso la población propia, -lamentablemente, en su mayoría jóvenes -, huye del territorio por falta de oportunidades.

Asociaciones, grupos de acción local, pedanías y plataformas de la España Vaciada que luchan por la supervivencia de los pueblos, levantan la voz pidiendo servicios, al menos al nivel de los que tienen las cabeceras de comarca, una fiscalidad diferenciada, ayudas accesibles, menos excusas y menos burocracia.

Para José María Carrascosa, de la Asociación Amigos de Sarnago, en Soria, que celebra una fiesta este sábado en un municipio que tiene cinco empadronados, pero cien personas de "población flotante" y cuyo último habitante, justo antes de la puesta en marcha de la Asociación, murió en 1979, la Junta de Castilla y León "no ha puesto nada desde 1980".

La asociación de Sarnago tiene 239 socios, de todas las comunidades autónomas excepto Murcia y Castilla-La Mancha, (algunos nunca han estado en el pueblo), que pagan una cuota anual de 15 euros, y están luchando por un proyecto turístico en común con otros dos municipios de Zaragoza y Navarra para arrastrar a este enclave una pequeñísima parte de los ingentes fondos Next Generation.

Un mini-albergue con habitaciones con baño en viviendas vacías, una parcela para el coworking con una conexión a internet relativamente buena, ... sueños que se añaden a la recuperación de la iglesia, una fosa séptica, alcantarillado, depuradora, arreglo de carreteras... lo piden todo, y lo hacen todo "a pulmón", pero "las leyes deberían de escribirse pensando en fuera de Madrid", dice Carrascosa.

En su opinión, las ayudas y los fondos europeos se pierden en el camino, desde Bruselas a Madrid, y desde la Junta de Castilla y León a la diputación de turno. "Las líneas de ayuda, los tres millones de ayudas del MITECO para Soria, nunca llegan, porque es la Diputación de Soria la que decide el reparto en las convocatorias de la Junta, y decide que para viviendas en pedanías, no hay".

El pozo de captación de agua "lo han puesto los vecinos; y el tendido eléctrico y el lavadero, con el dinero de la asociación". "Pero esta asociación tiene como único interés la vida en el pueblo, porque si ha habido vida en mi pueblo en 2.000 años, que sea la próxima generación la que lo dé por perdido".

¿Cuál es la solución?

"Todo el mundo busca un culpable: el de arriba, porque hay melones que nadie quiere abrir, pero cada uno tiene que hacer lo que es de su competencia", dice Carrascosa.

Según su criterio, la solución es facilitar la recuperación de las viviendas, o una ley que obligue a que no haya edificios en ruinas, o no pagar impuestos, o una fiscalidad diferenciada, servicios, buenos accesos por carretera, banda ancha, "saber ver y aprovechar la peculiaridad que tiene cada lugar".

"Que nos escuchen ahí arriba", coincide Nieves Trigueros, de "Palencia Vaciada", trabajadora autónoma residente en Meneses de Campos, que obtuvo 2.076 votos en las elecciones de febrero, pero sin escaño en las Cortes de Castilla y León.

Desde la política activa, ahora, abandonado el movimiento social, pero reivindicando que "nuestra ideología es la despoblación", Nieves lamenta que el voto basado en los principios que ellos enarbolaron desde las plataformas "se ha escorado a Vox, es tremendo", afirma.

Su formación apoya la agricultura y la ganadería extensiva, "y a la mujer en el mundo rural, para que tenga ayudas para criar a sus hijos, y a ellos, para que puedan quedarse aquí, que las ayudas de la PAC sean directas, ¿por qué tiene que gestionarlas la Junta de Castilla y León?... pero Vox ha leído nuestro modelo de desarrollo, solo los titulares, -porque cuando les hablamos de ayudas directas no saben lo que son-, y lo peor es que sabemos que nuestros pueblos les han votado".

Meneses tiene 120 censados, pero "43 durmiendo", el centro de salud más cercano a 15 kilómetros, sin banda ancha; y la burocracia, dice, impide poner un taller en el pueblo, obliga a hacerlo en un polígono industrial, en Medina de Rioseco, o en Magaz, porque es una inversión que las instituciones, la Diputación, o la Junta, "que son meros bancos", tienen que amortizar.

"Todo queda muy bien en los titulares", lamenta, "pero las exigencias de los requisitos convierten a las ayudas en inalcanzables, ni para poner en marcha un negocio, ni para construir o rehabilitar una vivienda... y veinte personas no compensan para enviar a un médico. Es desesperante".

Sin excusas ante los pueblos-milagro

"Es posible atraer población urbana, pero siempre que se ofrezcan servicios, aprovechando los recursos de forma más eficiente, sin esperar inversiones faraónicas ni promesas de grandes planes y estrategias", dice la Asociación Rizoma, que actúa en Fuentelfresno, Soria, y cuya portavoz, Gema Coronel, reclama a la Junta de Castilla y León que permita compartir el transporte público escolar a los niños que acuden desde la capital u otros municipios a la escuela del pueblo, que, con mucho esfuerzo, han conseguido reabrir.

Gema piensa que las políticas contra la despoblación deben basarse en "apoyar las pequeñas iniciativas, que son el motor de la repoblación, no poner excusas. Se trata de hacer el camino inverso; una escuela con niños reactiva la comarca, las propuestas de ocio, deporte y cultura en la zona, talleres de teatro y artesanía, un festival de música... estamos a 20 kilómetros de Soria y esto es extrapolable a otros municipios", pero la Consejería de Educación no facilita las cosas: si no se tiene derecho, no se tiene derecho.

La pescadilla que se muerde la cola

A extremos opuestos de Castilla y León se encuentran Porto (Zamora), localidad en el límite con Ourense -a dos horas y media de la capital zamorana-, y Arenillas (Soria), el último pueblo de la provincia que linda con Guadalajara; cada una en un punto cardinal, con sus peculiaridades, pero un panorama común, apunta Ramiro Tomás, de la Plataforma 102 de Zamora, integrada en la Revuelta de la España Vaciada.

"Esto es un monstruo de comunidad dentro de un país de dos velocidades", dice, "pero, aunque cada uno tenemos nuestros problemas, lo que nos afecta es lo mismo: que en Porto (160 censados, dos niños, uno de ellos en edad escolar que acude a clase en taxi), tenemos el colegio más cercano a 45 kilómetros, y el médico a la misma distancia. Ante una urgencia, perdemos cinco horas en esperar primero al médico, luego a la ambulancia y después en llegar a un hospital, en Zamora o en Ourense. Sabemos que no podemos pedir un hospital aquí, pero sí un médico que nos ahorre el tiempo mínimo de espera".

En Porto, cuenta Ramiro, se experimentó con una encuesta a los vecinos, -que tuvo el tirón mediático imaginable-, en la que el 97% opinó que prefería cambiar de Comunidad Autónoma y pertenecer a Galicia, a ver si allí alguien les hacía más caso.

La Junta de Castilla y León, dice el portavoz de la plataforma, anuncia cada cuatro años, en campaña electoral, que tiene proyecto y presupuesto para arreglar la ZA-102. "Cuando gana las elecciones, si te he visto, no me acuerdo, y así van seis legislaturas", así que es normal que la gente quiera depender de otra administración, esperando que algo cambie. Que alguien se acuerde de que hay un municipio en mitad de la Comarca de Sanabria con una carretera difícil de transitar, rodeada de valles glaciares, montañas de 2.000 metros de altura, parque natural, reserva de la biosfera, y habitada por 160 personas que, en verano, son diez veces más. Pero sin carreteras, ni sanidad, ni infraestructuras, ni banda ancha. "Es una dejación absoluta".

"Yo soy autónomo", se queja, "y pago lo mismo que los demás, pero no tengo el mismo trabajo que los demás, ni los mismos servicios, y mi único sueño es que mi hijo, de 5 meses, pueda vivir aquí, pero cuando crezca y tenga que ir al colegio, tendremos que plantearnos si podemos permitirnos eso. Esto es la pescadilla que se muerde la cola: cuanto menos servicios, menos población, cuanta menos población, menos servicios, y la solución es simple: vertebrar el territorio, invertir en él, porque está muy bien poder coger el AVE para ir a Madrid, pero lo que necesitamos es ir a Zamora o a Ourense".

El plan de la Junta, la precisión de un reloj suizo

Al extremo opuesto de la Comunidad, el alcalde de Arenillas, Alberto López, tiene un discurso sospechosamente parecido.

El regidor de este enclave soriano con 55 habitantes (casi 500 a principios del siglo XX), saltó a la palestra poniendo en marcha un proyecto de repoblación de su municipio que consiste en la puesta a disposición de 7 viviendas municipales en un entorno rural idílico a cambio de una renta entre 80 y 110 euros, y las ofertas de trabajo que en ese momento el hábitat ofreciera: ganadería, el bar del pueblo, residencias de ancianos, construcción, o lo que se tercie.

"Los pueblos de alrededor tienen cinco habitantes, ocho, nueve, a lo sumo", cuenta, "nosotros, con una densidad de población de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, lanzamos un correo electrónico al que escribir si se estaba interesado, y seguimos adelante con eso, sin duda".

Desde 1990, el Ayuntamiento y la Asociación Sociocultural de Arenillas han conseguido atraer a 18 familias al pueblo. De todas las nacionalidades. "Ahora tenemos disponible un puesto en la construcción y una vivienda de tres habitaciones por 100 euros", explica. "Ya tenemos 40 familias interesadas, más de la mitad de fuera del país".

Arenillas se nutre de rumanos, polacos, argentinos, armenios o ecuatorianos. Lo de la "inmigración ordenada" se desconoce. Estas familias vienen a pagar sus alquileres, trabajar e integrarse en la comunidad. La más antigua, rumana, lleva 14 años en el pueblo.

Sólo la mitad del municipio, el más lejano de Soria capital y al límite de la provincia de Guadalajara, tiene cobertura móvil. La instalación de fibra óptica ya tiene permiso de obra, pero el médico va una vez cada quince días, y no hay transporte público, así que uno de los requisitos que el alcalde plantea a los candidatos para ocupar las viviendas municipales es que tengan coche y carnet de conducir: "Si no, mejor no vengas".

A la pregunta de cuál es la solución, Alberto responde: "Bajar impuestos no tiene sentido. Necesitamos servicios, y eso hay que pagarlo; pero lo lógico es pagar más en las zonas con mayor densidad y utilizar los fondos para las zonas despobladas, porque en realidad, quienes tienen una granja de cerdos aquí, viven en Soria. Necesitamos educación, carreteras, sanidad y telecomunicaciones, y apostar por ayudar a quien vive en el pueblo, no por quien está empadronado".

"El problema es de base", sentencia. "Esto empezó en los años 60, pero no ha terminado. Son decisiones políticas, y el plan de la Junta de Castilla y León se está ejecutando con la precisión de un reloj suizo: estos pueblos pequeños están llenos de viejos que se van a morir, así que se apoya a la cabecera de comarca, porque esto es un coto de caza estupendo y un buen sitio para coger setas".