El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, enviará una carta al Pedro Sánchez después de que Moncloa haya anunciado un requerimiento para declarar incompetente al Ejecutivo de Castilla y León.

En la misiva, publicada en redes sociales, el responsable del PP en la comunidad autónoma vuelve a defender que “no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo” y que este “está ajustado a la legislación nacional vigente”, por lo que pide al responsable socialista que “abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y sus competencias”.

En el mismo texto, Mañueco apunta que Sánchez “ha decidido combatir con insultada dureza una cuestión irreal” y lamenta que “haya anunciado el envío de un requerimiento sobre un asunto inexistente”.

Tensión PP-Vox

PP y Vox llevan días de tensión constante tras la polémica medida de Juan García-Gallardo que pasa porque los médicos ofrezcan a las mujeres que desean abortar una radiografía en 4D del feto, así como la posibilidad de escuchar los latidos del corazón.

En un principio, el dirigente de extrema derecha asumía que era una obligatoriedad por parte de los sanitarios “ofrecer la posibilidad de tener la información”, unas palabras que después Mañueco desautorizaba en rueda de prensa.

Bajo este escenario, y en una tesitura en el que parecía peligrar, incluso, el Gobierno de Castilla y León, Mañueco se mantiene desautorizando a Gallardo, mientras que la formación ultra ha hablado de “revisar pactos”, lo cual “no quiere decir que se rompa el Gobierno”. En estos términos se ha pronunciado el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Más contundente ha sido el líder del mismo en Cataluña, Ignacio Garriga, quien ha apuntado que revisarán “si seguir o no” en la Junta en caso de que no se cumpla el acuerdo sobre el protocolo.

Requerimiento del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneran o menoscaban la Ley Orgániza 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2020, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior.

El nuevo requerimiento se refiere a cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la ley ya mencionada. Es distinto al enviado el pasado domingo, pues el primero va por la vía de lo contencioso administrativo y este último, por incompetencia, es ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, el Ejecutivo ha dejado claro por medio de su portavoz, Isabel Rodríguez, que no va a permitir que se retroceda “ni un milímetro” en los derechos de las mujeres y que desde el Gobierno de Coalición se va a “luchar y defender” a las mujeres “con todos los mecanismos y herramientas”.

En este sentido, Moncloa subraya que lo propuesto por Vox en la región es contrario a la Constitución Española, dado que es el Ejecutivo Central quien tiene las competencias de la legislación básica sanitaria, siendo los territorios los encargados de desarrollarla. En este sentido, ha emplazado a Mañueco y Gallardo que “cese o se abstenga” de tomar cualquier medida para limitar el derecho de las mujeres a abortar.