Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo y sobre quien el Partido Popular (PP) centra buena parte de sus críticas para arremeter contra el Gobierno de España por la relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, caminó por la ciudad de Madrid a sus anchas, especialmente durante los años en los que gobernó Ana Botella.
El comisionista habría hecho un negocio redondo con el beneplácito de Cibeles y vulnerando la normativa legal, según publicaba a principios de esta semana elDiario.es. El equipo de gobierno actual, con José Luis Martínez Almeida, como máximo exponente, habría tardado, según la versión oficial del equipo municipal, hasta cuatro años en darse cuenta de esto y poder penalizarlo.
Los hechos tienen que ver con alquiler a un tercero sin autorización municipal previa la explotación de do restaurantes que en 2013 se habían adjudicado a dedo a la entonces empresa de Aldama, Businesscity S.L. Con el alquiler de unos espacios que además son públicos, el protagonista primero de estas líneas habría obtenido unas ganancias de 150.000 euros. Esto es porque mientras él pagaba al Consistorio 90.000 euros, realquilaba la concesión por 240.000.
No es hasta 2021 que la gestión de los dos restaurantes queda en manos de un tercero, la mercantil Tría Restaurante Cuatro Torres SL. Cuatro años más tarde, el organismo con mayoría absoluta del PP activa los mecanismos dado que en 2025 empieza a recibir peticiones de información sobre el expediente relativo a la concesión de los dos restaurantes. Dicha rúbrica lleva la firma de José Antonio González de la Rosa, concejal que después se convertiría en socio transitorio de Aldama por medio de otra compañía privada: Crisis Resolution SL.
Nadie cree al alcalde
El beneficio de la duda apunta ahora directamente al regidor actual, y es que la oposición no cree que no supiera nada. Mientras fuentes cercanas al alcalde apuntan al desconocimiento hasta ahora, la oposición se pregunta cómo hay cuestiones en Madrid que el Consistorio veta en seguida, y temas de este tipo no. “Si eres madre y no puedes demostrar que tu hija está escolarizada, te quedas sin beca comedor, pero el PP no se entera cuando un empresario afín subarrienda llevándose una tajada de 150.000 euros”, indica Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
La responsable del partido a nivel municipal emite que “las complicidades del PP con Aldama tienen largo recorrido” y que “parece que también por el ayuntamiento se paseaba como Pedro por su casa”. “Al menos desde 2021 subarrendó esos dos chiringuitos incumpliendo la normativa para conseguir una tajada de 150.000 euros anuales y el Ayuntamiento no se entera…", resalta.
Con ello, desde Más Madrid van a pedir toda la información: “Han regalado durante cuatro años centenares de miles de euro públicos al señor Aldama sin ningún tipo de control, inspección o sanción. Y vamos a hacer todo lo posible para que los amigos comisionistas de unos y de otros dejen de pasearse como Pedro por su casa”, insiste Maestre.
El PSOE de Madrid (PSOE-M), muestra la misma incredulidad en conversaciones con este periódico. “Los presuntos chanchullos de Aldama con el Ayuntamiento de Madrid revela que el Ayuntamiento de Madrid tardó cuatro años en actuar contra Víctor de Aldama por beneficiarse de un contrato que vulneraba la normativa legal”, subraya Enrique Rico, concejal de Fuencarral.
El escenario, evidencia, plantea “serias preocupaciones sobre la transparencia y la eficacia en la gestión de contratos públicos en la capital, como venimos denunciando desde el grupo municipal socialista” y se refiere a la “inacción prolongada del Ayuntamiento”: “Sugiere una falta de mecanismos y herramientas eficaces para detectar y corregir irregularidades en la contratación pública, que socava la confianza ciudadana en este Ayuntamiento”.
De este modo, induce que los hechos “cuestionan el compromiso del gobierno municipal con la transparencia y la rendición de cuentas, que se suman a otros asuntos que salpican al gobierno de Almeida, como es el caso del atropello del director de la policía municipal a una menor”. También el PSOE expresa que van a solicitar toda la información en relación este asunto “para saber toda la verdad”.
Por su parte, Cibeles se defiende de las acusaciones señalando que “no fue informada por parte del adjudicatario de su voluntad de subarrendar estos locales a un tercero”. “De hecho, las comunicaciones que ha mantenido el ayuntamiento han sido con la entidad adjudicataria, a nombre de quien han seguido emitiéndose los abonarés sin que su administrador solicitara la modificación del sujeto obligado al pago del canon”, añade.
El Consistorio concluye que “se tiene conocimiento del arrendamiento a un tercero como consecuencia de un acta de policía sobre el ejercicio de la actividad, motivo que ha servido para iniciar el procedimiento de revocación de la concesión, unida a la comprobación material del cierre de los establecimientos”.