Los alumnos y alumnas de infantil de la Comunidad de Madrid necesitan cambios de calado en sus modelos educativos. Así, lo vienen remarcando las familias en las últimas semanas, en las que reclaman enérgicamente en las que se introduzcan urgentemente modificaciones de relevancia en en las infraestructuras, en la oferta de plazas, en los salarios de los educadores y en las ratios de niños por aula, entre otros asuntos. De esta manera, piden al Ejecutivo madrileño que los niños y niñas puedan asistir a aulas en las que se impartan clases adecuadas con trabajadores que dispongan de condiciones “propias de un país europeo”. Igualmente, también subrayan que los más pequeños “quieren volver a la escuela” y, por ello, critican la pasividad de las instituciones y piden que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.
Así lo han expresado esa mañana a las puertas de la Consejería de Educación, donde se han manifestado con pancartas y pedido una reunión a la consejera. Llaman a Mercedes Zarzalejo a convocar un encuentro y escuchar sus peticiones, las cuales entienden son vitales para garantizar la educación pública de los más pequeños de Madrid.
Años de denuncias por falta de plazas, aulas masificadas y precariedad
Las reclamaciones de las familias de Educación Infantil no son nuevas. Asociaciones de padres y madres, plataformas educativas y sindicatos llevan años alertando de que la situación en las escuelas infantiles madrileñas se ha deteriorado progresivamente por la falta de inversión y de personal suficiente. El conflicto, sin embargo, se ha intensificado en los últimos cursos y especialmente durante este año, cuando las protestas se han multiplicado ante la Consejería de Educación.
Entre las principales denuncias figura la falta de plazas públicas para niños de 0 a 3 años. Miles de familias se quedan cada curso sin acceso a una escuela infantil pública, lo que obliga a muchas de ellas a recurrir a centros privados con costes difíciles de asumir o a reorganizar por completo su vida laboral y familiar. Los colectivos educativos consideran que la oferta pública no ha crecido al ritmo de la demanda y reprochan al Gobierno regional no haber ampliado suficientemente la red de centros.
A ello se suman las críticas por las ratios de alumnos por aula. Las familias denuncian que en numerosos centros una sola educadora debe atender a demasiados niños, una situación que, aseguran, impide ofrecer una atención individualizada y de calidad. Defienden que las condiciones actuales repercuten directamente tanto en el bienestar emocional de los menores como en el trabajo de las profesionales, que llevan tiempo denunciando sobrecarga, estrés y falta de sustituciones.
Las protestas también ponen el foco en las condiciones laborales de las educadoras infantiles. Los manifestantes sostienen que los bajos salarios y la precariedad del sector afectan a la estabilidad de las plantillas y, en consecuencia, al desarrollo educativo de los menores. “No se puede hablar de educación de calidad con trabajadoras precarizadas”, repiten las plataformas convocantes.
Otra de las cuestiones que preocupa a las familias es el estado de las infraestructuras. Denuncian aulas saturadas, falta de espacios adecuados y centros que, según afirman, no están preparados para asumir el incremento de alumnado. Asimismo, reclaman más recursos para atender a niños con necesidades educativas especiales y garantizar una educación inclusiva.
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