La deriva xenófoba de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la hora de relacionar sin pruebas migración y agresiones sexuales encontró de algún modo su amparo en la Red de Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una asociación que al día siguiente de las polémicas envió una carta a la líder regional apoyándola en sus quejas por la gestión del Gobierno Central sobre las personas migrantes que llegan de Canarias.

Al margen de referirse a la inacción de Moncloa, en la misiva también se indicaba que a las personas llegadas de la isla se las “marca con números en la piel” a los internos del campamento en el cuartel Primo de Rivera (Alcalá de Henares), algo que después rescataría el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al acusar al Ejecutivo de “tatuar un número” a los migrantes en el Aeropuerto de Barajas.

La presunta ONG se presenta de manera cuanto menos opaca en su página web, mientras fuentes del Ministerio de Inclusión, así como voces socialistas, confirman a ElPlural.com que no está registrada en el departamento. “Sí, la conozco, sé que llevan años haciendo cosas, pero no conozco a ninguna persona de ella en concreto. De memoria te puedo decir que han publicado alguna que otra carta un poco sacada de contexto, reuniones con otros partidos…”, añade una de las ONG que ha hablado con este medio.

En lo relativo a su espacio en la web, no aparecen nombres de personas en el apartado de “transparencia”. Por el contrario, se pueden apreciar los de otras redes y centros, algunos de las cuales no conducen a ninguna página o lo hacen a una exactamente igual que la principal, pero con estética ligeramente distinta. Asimismo, el portal de internet destaca que llevan “diez años peleando por los derechos humanos”, aunque este medio ha podido comprobar que empezó su actividad en 2019 en Sevilla, según Axesor.

Mientras tanto, este mismo jueves la responsable de Sol ha usado como arma arrojadiza noticias de las que se hace eco la derecha mediática, en las que la entidad aparece como la “mayor ONG de refugiados”. “La gestión de Sánchez con los inmigrantes es un caos. Ante las graves denuncias su decisión es descalificarnos, aunque esta es la realidad”, ha escrito Ayuso en X, antiguo Twitter.

Días 17,18 y 19 de enero

Las declaraciones con las que la responsable regional relacionaba sin datos concretos ni pruebas migración y violencia sexual, un posible brote de sarna y peleas tanto dentro como fuera del cuartel se remontan al 17 de enero, y tan solo un día después, el 18 del mismo mes, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado enviaba la mencionada carta, firmada por su secretario general, Rafael Escudero. Por su parte, el 19 de enero Almeida aseguraba que el Gobierno “tiene que decirle a los españoles por qué tatúa un número a los inmigrantes para tenerlos identificados y por qué les tienen en esas condiciones en Barajas”.

Críticas al Gobierno Central

En el documento, la Red Española de Inmigración trasladaba su preocupación ante las “graves situaciones” que, aseguraba, se estaban dando en el acuartelamiento, gestionado por el Ejecutivo Central. La misiva empleaba términos como “maltrato continuado” hacia las personas que llegaban a este enclave y apuntaba que incluso se les llegaba a “marcar con números en la piel”. También afeaba el “duro control” al que se les somete a estas personas, a las que se les “limita el acceso a la calle”, mientras disponen de “una alimentación y procesos de integración absolutamente deficientes”.

Pero las críticas hacia el Gobierno por su gestión migratoria son un constante por parte de la entidad, en consonancia con las que esgrimen miembros populares como la propia Ayuso o la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. Basta con entrar en su página web y echar un vistazo a sus noticias -en las que “recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en servicios sociales”- para comprobarlo.

No obstante, la red lamenta que su su condena a la gestión gubernamental había provocado “los ataques del Gobierno Central” y, en concreto, del entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, actualmente en Transformación Digital y Función Pública, el cual “decidió bloquear la participación en esta actuación de reubicación de cualquier entidad miembro de la Red”.

La organización considera que aquel “veto” vino a confirmar que “estas gestiones están vinculadas a contratos de emergencia que están empezando a caducar sin renovarse y que de forma progresiva van a provocar que se dé un proceso de evacuación sin aviso ni remisión de fondos a las comunidades autónomas donde se encuentran para reforzar servicios sociales”.

A renglón seguido, en la sucesión de reproches entre las partes, la entidad denunciaría al Ministerio de Inclusión por “falta de imparcialidad” en el caso de los migrantes que se encuentran alojados en el centro de Alcalá. Desde el organismo creen que el departamento “no debe utilizar el logotipo de una entidad privada como es Accem, pues así muestra su apoyo a la ONG ante las denuncias de irregularidades en el mencionado centro”. “¿Por qué el Ministerio usa el logotipo que nos representa y debe tratar a todos por igual para apoyar a su subcontrata? La ley impide que una institución pública haga acciones como esta precisamente si el beneficiario es una entidad privada”, añadía el comunicado.

Es cierto que no solamente se ha reunido con políticos del PP, sino también con otros de la izquierda. Así las cosas, por ejemplo, el pasado 10 de noviembre Escudero conversaba con el diputado del Común Rafael Yanes y denunciaba la falta de un protocolo para detectar, entre otras cuestiones, las posibles víctimas de trata que pueden llegar en cayuco a Canarias; asumiendo de este modo que en la actualidad no se están detectando estos posibles casos, por falta de recursos.

En cualquier caso, y más allá de críticas y opinión, personas consultadas lamentan que enviar una carta mostrando el apoyo a la presidenta madrileña y criticando al Ejecutivo precisamente el día después al que la responsable de Sol realizaba las declaraciones, seguramente no fue buena idea. Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez desmentían por completo las acusaciones de las últimas semanas a través del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

“Tatúan un número” a los migrantes

"Las condiciones de salubridad en las que el Gobierno mantiene a los inmigrantes son penosas e incompatibles con la dignidad que merecen las personas. Lo dicen organizaciones y ONG experimentadas, no el PP. Lo que el Gobierno tiene que decirle a los españoles es por qué tatúa un número a los inmigrantes para tenerlos identificados y por qué les tienen en esas condiciones en Barajas”, decía Almeida hace ahora casi una semana, mientras pedía al Gobierno conocer “cuáles son los criterios de distribución” de las personas llegadas a Canarias.

Aquel día, al ser preguntado por las dos denuncias por agresión sexual en la localidad madrileña, el edil primero manifestaba, en consonancia con lo que anteriormente había señalado Ayuso en una seudorectificación, que desde el PP “respetan los procedimientos judiciales”.