El Grupo Parlamentario Socialista ha intensificado su ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, mediante una jugada clave en el Senado. Este jueves, los socialistas registraron una propuesta para modificar el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre el ‘caso mascarillas’, ampliando la lista de comparecientes con nombres que, según su criterio, podrían arrojar luz sobre una serie de escándalos interconectados. El PSOE busca así no solo esclarecer la gestión de los contratos públicos durante la pandemia, sino también poner en evidencia lo que consideran un entramado de favores y opacidad en el entorno de Ayuso.
El PSOE justifica esta modificación argumentando que el Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha moldeado el plan de trabajo de la comisión de forma unilateral, generando una “deliberada indefinición” en la que, denuncian, solo se da cabida a comparecientes escogidos por los populares. La intención de los socialistas es ampliar el foco de la investigación para incluir a figuras clave del entorno de Ayuso, tanto político como personal, con el objetivo de que “declaren como testigos directos o indirectos de presuntas irregularidades”.
Isabel Díaz Ayuso y su pareja en el centro del tablero
La presidenta madrileña es el nombre más destacado de esta nueva lista de comparecientes. Aunque hasta ahora ha eludido dar explicaciones en sede parlamentaria sobre diversos episodios que han salpicado su gestión, el PSOE insiste en que su testimonio es esencial para aclarar su posible grado de conocimiento o participación en los contratos firmados durante los meses más críticos de la pandemia. Además, los socialistas quieren interrogarla también por otros aspectos polémicos como la compra de un ático de lujo en una de las zonas más exclusivas de Madrid, cuyo origen financiero ha levantado sospechas.
El nombre de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha emergido con fuerza en el panorama político desde que se conociera su implicación en una investigación por fraude fiscal. Según informaciones periodísticas, habría utilizado un entramado de empresas para desviar fondos y simular servicios inexistentes relacionados con la compra de material sanitario. Su inclusión en la lista de comparecientes responde a su posible papel como intermediario informal durante la adjudicación de contratos públicos en plena pandemia. Los socialistas consideran que su declaración podría revelar vínculos entre intereses empresariales privados y decisiones institucionales.
Juan Vicente Bonilla: el guardián del SERMAS bajo el foco
También se solicita la comparecencia de Juan Vicente Bonilla, actual gerente del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Su figura cobra especial relevancia porque es el responsable directo del organismo que canalizó los contratos de emergencia durante la crisis sanitaria. El PSOE sostiene que Bonilla debe explicar cómo se adjudicaron ciertos contratos, en qué circunstancias y con qué criterios de supervisión.
Además, Bonilla ha sido relacionado indirectamente con lo que algunos agentes de la Guardia Civil han denominado la 'UCO patriótica', una red presuntamente utilizada para favorecer a ciertas figuras políticas de la derecha.
Enrique Ruiz Escudero: la gestión sanitaria en entredicho
El cuarto nombre propuesto es el del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y actual senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. Durante su mandato al frente de la sanidad madrileña, se tomaron decisiones estratégicas que hoy están bajo la lupa. El PSOE apunta a su responsabilidad política en la gestión de los contratos de emergencia y quiere preguntarle sobre los procedimientos utilizados para seleccionar proveedores, especialmente en los casos donde no existió concurso público. También está en el aire su conocimiento sobre las condiciones laborales del personal sanitario durante la crisis y las decisiones tomadas respecto a la medicalización de las residencias.
Un ataque frontal contra la estrategia del PP
La ofensiva socialista pretende contrarrestar lo que califican como un uso partidista de la comisión por parte del PP. Según denuncian, los populares han orientado los trabajos hacia comparecencias ajenas al objeto principal de la investigación, desviando la atención de casos como el de las mascarillas vendidas por el hermano de Ayuso. Al introducir nuevos nombres, el PSOE no solo amplía el espectro de investigación, sino que pone sobre la mesa los múltiples frentes abiertos que afectan a la presidenta madrileña: desde su gestión en pandemia hasta los escándalos familiares, inmobiliarios y fiscales.
Aunque el PP, previsiblemente, rechazará esta propuesta amparado en su mayoría, la maniobra del PSOE tiene un claro objetivo político: forzar a la opinión pública a prestar atención a las zonas oscuras del poder madrileño. Al intentar situar a Ayuso y su entorno bajo el foco parlamentario, los socialistas buscan debilitar su imagen de fortaleza, en un momento en el que las acusaciones contra su gerente del SERMAS de “matar rojomorados” y la tensión con el Gobierno central elevan aún más la temperatura política en España.
