Isabel Gallego, ex Directora General de Medios de la Comunidad de Madrid, ha recurrido al auto que la deja cerca del banquillo por el caso Púnica. En el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, acusa al juez García Castellón de exonerar a 71 personas, entre los que se encuentran los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, mientras se hace “pivotar” la presunta financiación irregular del PP sobre ella que, tal y como hace constar la defensa, ni siquiera formó nunca parte de la formación conservadora: “Trabajó para el partido como profesional experta en comunicación, pero nunca con afiliación ni cargo orgánico alguno”.

El nombre de Ayuso, también en el texto

El procesamiento sobre su persona tiene que ver sobre uno de los supuestos casos de corrupción más sonados dentro del partido y, en concreto, con el episodio en el que se localiza la contratación de Alejandro de Pedro Llorca, cuya empresa, Eico Online Management Reputation, se encargó de mejorar la imagen y la reputación de altos cargos del PP. En concreto, y en una época en la que la utilización de los blogs era mucho más habitual que en la actualidad, de Pedro y su equipo realizaron un blog y llevaron a cabo acciones en la página web de Aguirre y dinamizó contenidos y redes de Francisco Granados, ex número tres de la presidenta, tal y como dicta el auto. El texto da dos nombres más, el de Isabel Díaz Ayuso, responsable actual de Sol y entonces la persona que llevaba las redes sociales de la formación; y el de Lucía Figar, encargada de la Secretaria de Comunicación.

“Solicitado por el Consejo de Gobierno”

Gallego se muestra muy contundente a lo largo de las 14 páginas en las que apunta directamente a los “jefes”. “No es un error incluirlo, porque la labor decisoria no le competía a la Dirección General de Medios ni a su directora”. En este sentido, el encargo de la exjefa de prensa para que el responsable de Eico Online Management Reputation llegase a trabajar para el partido “fue solicitado con el Consejo de Gobierno”.

“Se dispuso que se contratara con los fondos presupuestarios de la Dirección General de Medios (DGM), lo que en absoluto puede considerarse ajeno a la Consejería de Presidencia, el Subsecretario General Técnico e, incluso, a los propios Presidentes afectados, ni a Salvador Victoria ni a Borja Sarasola”, dicta el escrito. En consecuencia, “no es Isabel Gallego quien propone a Alejandro de Pedro, sino que le llega “impuesto” tras ser recomendado por Borja Sarasola”. Las  líneas exponen así que "no puede tenerse por bueno que se le achaque a la Dirección General de Medios aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal”.

Gallego lamenta que su procesamiento se apoye exclusivamente en que desde la DGM se pagaron facturas por valor de 54.293 euros anuales entre 2012 y 2014, basadas todas ellas en los trabajos “que se hicieron para los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González”. Además, el auto indica que no existe prueba de que ella, a través de fondos de la Comunidad, consintiera la liquidación de deuda a de Pedro “que satisficiera algo distinto de lo que se había encargado por la DGM. Fuese este encargo legal o ilegal”, pero sí que éste le reclamara a la periodista 140.000 euros y la que fuera exjefa de prensa de la Comunidad se negara a pagarlos.

Para dejar claro que no cometió irregularidad alguna aporta que son “numerosos” los políticos y “personalidades relevantes” que contrataban a las empresas de de Pedro, pero que si “adquirieron con ellas deudas o se prestaron a pagarlas les es completamente extraño” a su actuación. Indica, además, que “los trabajos se han aportado al proceso”, que “también existieron trabajos de reputación y posicionamiento para los presidentes de la Comunidad de Madrid” y que “no consta que se pagase nada distinto de las facturas relativas a ese contrato, sino que, al contrario, se dejó a deber más de 10.000 euros”.

¿Delitos de reputación para Gonzáles y Aguirre?

En el hecho se asume que hay “indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente”. En este sentido, el documento lo que evidencia es que los dos expresidentes -Aguirre y González- son “perfectamente conocedores de las noticias que se publican y que era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejore”. Sostener lo contrario, apostilla el documento, “es irracional”. En cualquier caso,  se recoge que los servicios "fueron pagados con fondos de la Comunidad de Madrid".

Con todo, Gallego lamenta que podría violarse su Derecho de Igualdad. “Si para la que fuera Consejería de Educación, Lucía Figar, y aquellos otros que han sido objeto de análisis jurisprudencial y específicamente el de Pilar Barreiro Álvarez, no hay delito, nos falta el razonamiento expresado por el Juez que permita comprender por qué si ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la DGM acerca de los presidentes de la CAM, ni por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada”, detalla el auto en una de sus páginas finales.