Esta semana, la Justicia ha dado la razón al Ministerio de Sanidad: La Comunidad de Madrid debe hacer un registro de los médicos que se opongan a realizar abortos en la sanidad pública, cómo le exige el dictamen del área que dirige Mónica García. Ante la reticencia a acatarlo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid), y que ha redoblado su cruzada contra el aborto, la oposición le exige "que cumpla la ley".
El tema ha salido a relucir en el Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves, justo un día después de que Ayuso anunciara que los no nacidos contarán a la hora de solicitar plaza en un centro de infantil como familia numerosa. La portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, le ha recordado a la presidenta que los tribunales la aprietan para que cumpla con la ley de Sanidad: "Va de revés judicial en revés judicial", le ha lanzado. "Le dijimos que iba a pasar por el aro y va a pasar por el aro", ha asegurado Bergerot en el hemiciclo, aunque Ayuso "prefiera que nos acosen a la puerta de las clínicas privadas".
Más tarde, ante los micrófonos, la portavoz ha lamentado que la baronesa popular haya insinuado "que la culpa de que en España no nazcan más niños es de las mujeres que abortan. No del precio de la vivienda, no de la falta de escuelas infantiles, no de que criar a un niño en Madrid al mes cueste 900 euros, mientras la mitad de los madrileños cobran menos de 1.500 euros al mes", lamenta.
Bergerot reitera que Ayuso "va a tener que cumplir la ley", y le reprocha su "empeño personal" en "impedir que las mujeres madrileñas puedan ejercer el derecho al aborto en la sanidad pública". Ha reiterado que el objetivo de la ley aprobada por Sanidad, por la que las comunidades autónomas deben hacer un registro de médicos objetores de conciencia para orientar a las mujeres que desean abortar -a lo que Madrid es la única región que se sigue negando- es precisamente "proteger a esos profesionales que no quieren ejercerlo, igual que se hace, por ejemplo, con el derecho a la eutanasia". La portavoz ha concluido señalando que no cumplir esta ley, algo a lo que ahora le obliga la Justicia, "a eso se le llama prevaricación".
Ayuso redobla su cruzada contra el aborto: los no nacidos contarán para la matrícula escolar
La respuesta de Ayuso en el Pleno ha sido preguntarle a Más Madrid si "no les da ni siquiera pena ver a España tan sumamente envejecida", dando a entender que el aborto es la causa de la falta de natalidad, que es a lo que Bergerot hacía referencia. "¿No les da pena que uno de cada cuatro embarazos en España acabe en aborto?", ha preguntado la presidenta, un dato totalmente sesgado en contra de las mujeres que interrumpen su embarazo voluntariamente, ya que la estadística cuenta en ese 25% los abortos espontáneos. Ayuso ha vuelto a fundamentar su negativa a acatar la ley en "la libertad, la ideológica de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos, la integridad física y moral", que asegura que la izquierda "le quiere negar a los médicos".
Un día antes de reafirmarse en la Asamblea, la presidenta ya ha dado muestras de que no va a aflojar su ofensiva contra el aborto. Ya hace tiempo que anunció medidas para los no nacidos, pero este miércoles presentó "la primera de muchas", según dijo ella misma en su cuenta de X. En ese sentido, Ayuso anunció que las familias ya pueden presentar sus solicitudes para conseguir plaza en un centro de educación infantil en el curso 2026-2027, y que este año se tendrá en cuenta a los no nacidos como miembros de la unidad familiar para aplicar el criterio de familia numerosa en el proceso para entrar a uno de los centros públicos o concertados de la región.
Esta “novedad” permitirá reservar plaza en uno de los espacios académicos de 0 a 3 años y aplicar las ventajas que implican ampliar la unidad familiar, sorbe todo en conceptos concretos como el hecho de pasar a ser familia numerosa. Desde la Consejería de Educación, que dirige Mercedes Zarzalejo, concretan que este proceso deberá llevarse a cabo si se plantea escolarizar durante el próximo curso al nuevo miembro, independientemente de que nazca a inicios de curso o más adelante.
El varapalo de la Justicia a Ayuso
El Ministerio de Sanidad llevó a la Comunidad de Madrid a los tribunales por negarse a realizar la lista de médicos objetores que estima la ley, que la presidenta popular calificó como "lista negra". Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al área que dirige Mónica García, y obligó al Ejecutivo regional a iniciar los trámites para crearlo. A pesar de esto, el Gobierno de Ayuso va a hacer lo posible por que prevalezca el "¡Váyanse a otro lado a abortar!" de la presidenta, y anunció que va a recurrir la sentencia.