El registro de la vivienda de Alberto Luceño, uno de los principales implicados en el caso mascarilla del Ayuntamiento de Madrid ha tenido como resultado la incautación de una placa, presuntamente falsificada, de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de otra documentación, igualmente falsa.

De esta manera lo refuerza el hecho de que el investigado tuviera también “seis hojas” con “impresiones de imágenes de tarjeta” de otros organismos, entre los que figura la Dirección de Seguridad Nacional o el Cuerpo Nacional de Policía.

San Chin Choon, el detonante del registo

La entrada y registro en la vivienda y la empresa Takamaka Invest -en la que igualmente entraron las autoridades- tuvo lugar el pasado 22 de septiembre por orden judicial del instructor tras la apertura de una pieza separada el pasado mes de septiembre. La orden se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción después de que ésta expusiera una serie de datos del presunto empresario malasio San Chin Choon, que exculpaba a los comisionistas.

Entre ellos, que las cuentas no recogen ingresos a pesar de que Luceño aseguraba haber hecho negocios con anterioridad con la persona aquí mencionada. El implicado tampoco había “aportado a la causa su nombramiento” y, además, el correo de San Chin Choon presentaba varias incorrecciones que evidencian que la lengua materna de la persona era el castellano.

Sin delito fiscal

El propio juez denegó a Más Madrid el listado de llamadas entre los vinculados a los tres contratos que investiga en el caso de las mascarillas por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,6 millones de euros para dotar a la ciudad de guantes, mascarillas y test Covid al inicio de la pandemia.

En cuanto a la causa general, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de Podemos de ampliar la imputación a Luceño a un delito fiscal al no apreciar indicios de su comisión por parte de la sociedad que constituyó para dedicarse a sus negocios

Los magistrados argumentan que "no existen por el momento datos reveladores de indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública cometido por parte de la mercantil ni por su administrador y socio único Luceño".