Este miércoles, en la Asamblea de Madrid, ha tenido lugar un encontronazo de posturas entre el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y Vox con motivo del debate sobre el aborto en la Comunidad. Ha sido por parte del Grupo Parlamentario de Vox por el que se ha acusado al Gobierno de Madrid de "inyectar millones a empresas abortistas"; como réplica, el PP ha defendido que está "cumpliendo con la ley" y que está "garantizando el acceso al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en las condiciones establecidas".
Los momentos de tensión en sede parlamentaria autonómica se han vivido este miércoles durante la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, en la que se ha aprobado que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos menores relacionados con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo realizados por los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) entre 2019 y 2023. La iniciativa de Vox ha contado con los votos favor de sus miembros, además de los de Más Madrid, la abstención de los 'populares' y el voto en contra del PSOE.
La diputada Ana Cuartero ha asegurado que "las empresas que se dedican al aborto, un lucrativo negocio, crecen protegidas por los gobiernos". En esta línea, ha señalado que Díaz Ayuso, "ha inyectado 8 millones de euros a estas entidades". "La Mesa de la Asamblea sigue impidiendo que examinemos los contratos. Todas y cada una de las iniciativas que hemos registrado para que los contratos de estas clínicas sean examinados a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones han sido inadmitidas. Creemos que es necesaria la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas", ha defendido Cuartero.
Por su parte, la 'popular' Ainhoa García ha criticado la iniciativa de Vox porque, según ha defendido, en el marco de la comisión, "no está aquí para entrar a valorar la opinión sobre la interrupción voluntaria de embarazo y sus negocios". En los mismos términos, ha recalcado que es "un tema muy delicado". "La Comunidad está cumpliendo con la ley y garantiza el acceso al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en los supuestos y condiciones establecidos. Además, ofrece e informa de todas las alternativas que disponen y de los organismos que ofrecen ayuda a las mujeres embarazadas porque es fundamental que tengan la información necesaria y el apoyo adecuado", ha subrayado García.
Más Madrid da luz verde a la iniciativa para "fiscalizar" al Gobierno de Ayuso
De lo más destacado de esta sesión no sólo ha sido el encontronazo, sino el voto a favor del Grupo Parlamentario de Más Madrid a la iniciativa de Vox. Así lo ha defendido la diputada de Marta Carmona, quien ha señalado que "hay que fiscalizar estos contratos, pero no para vigilar a estas clínicas". Por ello, ha reiterado que el voto a favor de su formación va encauzado a que "se evalúe si el Gobierno regional se ajusta a la ley".
"El aborto debe hacerse en los centros sanitarios públicos. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy en la inmensa mayoría de los abortos de las pacientes del Sermas se realizan en centros privados", ha criticado Carmona.
A la contra, desde el PSOE de Madrid, la parlamentaria socialista Leticia Lorenzo ha cargado contra la propuesta de Vox porque planea "introducir en todas las comisiones su marco ideológico". Para la diputada, su solicitud de fiscalización es "muy limitada y solo hace referencia a unos contratos menores muy concretos". "¿Por qué no solicitamos la fiscalización de toda la gestión relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo para que nos permita analizar si en esta región se dota de todos los medios necesarios para cumplir con la obligación legal de facilitar este derecho a las mujeres que así lo deseen también en los hospitales públicos?", se ha preguntado Lorenzo.
El Tribunal Constitucional considera delito acosar a mujeres que quieran abortar
Bajo este telón de fondo, cabe recordar la decisión que ha adoptado este viernes el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), el cual ha desestimado el recurso interpuesto por el partido de Santiago Abascal contra la reforma del Código Penal, el cual que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria de su embarazo.
Para ser más exactos, los magistrados del Tribunal de Garantías han avalado la reforma del Código Penal aprobada en febrero de 2002, en el que se incluye un nuevo epígrafe en su artículo 172. En dicho apartado, se da cuenta de la imposición de penas de entre tres meses a un año de cárcel, o bien de trabajos en beneficio a la comunidad, para quien intente obstaculizar el derecho al abortar utilizando “actos molestos, ofensivos, intimidatorios, o coactivos que menoscaben su libertad”.
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