Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas semanas a raíz de la investigación que ha llegado a los juzgados por los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de mayores de residencias a hospitales, es el de Antonio Burgueño.
Ex alto cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desfiló por los tribunales la semana pasada donde, al borde de la doble imputación -razón por la cual se paró su última testifical-, el que es uno de los grandes privatizadores del PP confesó que el Gobierno de la presidenta madrileña hizo caso omiso a un plan que medicalizaba los geriátricos durante 24 horas.
Esta era la medida estrella del texto, al que pudo acceder de manera íntegra el diario El País, aunque contiene otras de índole igualmente radical. El equipo de la baronesa, sin embargo, pasó totalmente por alto dicho plan y destinó profesionales al hospital de campaña de Ifema, uno de los proyectos anunciados a bombo y platillo por parte de la administración Sol -el otro fue, sin duda, el Enfermera Isabel Zendal- y que también ocupa varias páginas de la macrodenuncia que ha culminado con varios pesos pesados de la presidenta teniendo que dar explicaciones.
Las cerca de 50 páginas vienen a confirmar lo que Burgueño ya reveló el año de la pandemia a los medios de comunicación y repitió un año después en la Asamblea madrileña, cuando tildó de “fracaso” que nadie atendiera su propuesta. No fue él, sino otro antiguo cargo, quien reveló que Ifema se había quedado con varios de los profesionales que iban a medicalizar las residencias.
Las 49 páginas son en sí numerosos epígrafes sin desarrollo y son complicadas de obtener por parte de los medios de comunicación. ElPlural.com ha intentado acceder a él por medio de partidos políticos y asociaciones de víctimas de residencias, pero sin éxito; mientras que El País menciona a una fuente externa al Gobierno de Ayuso.
Sea como fuere, el documento se puede explicar. El texto que pone más en evidencia la gestión del Ejecutivo ‘popular’ a nivel autonómico sobre esta materia es en la práctica un batiburrillo de ideas que fue entregada a la propia Ayuso en aquella ya famosa reunión que mantuvo su autor el 12 de marzo con ella, el jefe de prensa de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.
A partir de ese momento, fue nombrado “mando único sanitario”; según su versión, y su plan fue mencionado días después ante los medios de comunicación. El plan pasaba por convertir a la Atención Primaria (AP) en la base de la asistencia a otros centros –“residencias de tercera edad”, mencionan las líneas- y, en la práctica, la idea pasaba por una comunicación directa con el centro de salud e incentivos para evitar que las cuidadoras contagiaron a los internos en caso de sospecha.
Entre lo propuesto en el documento, aparece la idea de “atención sanitaria intensificada (24 horas) por médicos de Atención Primaria y enfermería de Atención Primaria”, de incentivos para los profesionales, así como un “plan de derivación a hospitales de primera línea” (había 16).
Protocolos de la vergüenza
Los conocidos como protocolos de la vergüenza aparecen también de alguna manera en el documento de Burgueño en tanto en cuanto incluyó lo que parece una referencia clara al triaje que llevaron a cabo los servicios de geriatría de acuerdo a los famosos protocolos que se reprodujeron días después de la reunión.
El texto, según el propio Burgueño, fue elaborado en apenas 24 horas con la ayuda de su equipo consultor y contenía 270 medidas que, no obstante, no aparece en el escrito, mientras él habla de tareas para referirse a este número.
Cada parte -alto cargo y Consejería- distan respecto del plan, aunque el existen similitudes entre lo escrito y lo dictado por el consejero en aquella rueda de prensa. Escudero habló de “200 medidas” y detalló los mismos objetivos: evitar contagios y dar respuesta asistencial a los enfermos.
Cinco de estos puntos, de hecho, se parecen bastante a las propuestas del asesor, siendo los mismos la medicalización de los centros de mayores, los hoteles medicalizados, la ampliación de las camas de UCI o el uso de la televisión y las radios públicas madrileñas.