El caso de las muertes en las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia vuelve al apogeo del foco judicial. Con la declaración como testigo del exasesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en esta época, Antonio Burgueño, ha trascendido que éste llegó a reunirse el 11 de marzo de 2020 en la sede de la Presidencia madrileña con la presidenta, y otros tres altos cargos del Ejecutivo de la Puerta del Sol, además del jefe de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Al conocer que tuvo lugar esta reunión días previos al confinamiento obligatorio y a lo peor que desató la pandemia, la jueza de Leganés que investiga esta causa ha suspendido la sesión ante la posibilidad de que el exasesor de Ayuso pueda declarar en calidad de imputado y, por ende, precise de un abogado para su defensa.
Cabe reiterar que Burgueño está imputado en otro procedimiento judicial distinto al que ha tenido lugar este martes, en el número tres de instrucción de Madrid, donde aún no ha tenido oportunidad de declarar porque la causa fue suspendida el pasado lunes.
En lo que concierne a lo sucedido en los juzgados de Leganés, según recoge ElPaís, ya en 2020 reveló el encuentro en Sol con Ayuso, Rodríguez y otros tres consejeros, misma información que ha detallado este martes en sede judicial, cuando ha explicado que la presidenta lo llamó el 10 de marzo de aquel año para citarle en este encuentro, donde posteriormente se le trasladó que él sería “el mando único sanitario” en esta emergencia.
Tras decir esto, la fiscal ha pedido la suspensión de la sesión y la jueza lo ha avalado, debido a que en un futuro podría declarar en calidad de investigado por la causa de las residencias. No obstante, ha detallado Burgueño que tan sólo ejerció este encargo durante cuatro días y dicho nombramiento nunca se llegó a formalizar por el procedimiento correspondiente.
Tal y como destaca el medio citado, el exasesor de la presidenta autonómica llegó a trazar un plan de actuación de 270 puntos en los que se incluía la razón de ser de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, por los cuales se impidió derivar a los residentes de estos centros enfermos a los hospitales más cercanos.
Dos causas abiertas por las residencias de Ayuso
Pese a haber trascurrido cinco años desde el drama de la pandemia y todo lo que sucedió en las residencias de Madrid, donde fallecieron 7.291 personas que no fueron derivadas a los hospitales regionales, hasta la fecha todas las investigaciones judiciales se habían centrado en los trabajadores de las residencias y otros de los hospitales, pero hasta hace dos semanas, el foco se trasladó directamente al equipo de Gobierno de Ayuso.
En estos últimos tiempos, este nuevo giro en los acontecimientos judiciales ha dado pie a dos causas abiertas distintas: la primera, una juez de Plaza de Castilla que ha imputado a tres ex altos cargos que impulsaron los protocolos de la vergüenza; la segunda, la de la juez de Leganés, con este último procedimiento. Así las cosas, será el próximo martes 17 de junio, en la primera causa, cuando Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, promotores de los ‘protocolos de la vergüenza’, y Pablo Busca, el director del Summa 112.
Sobre el caso que se investiga en Leganés, el foco se ha ceñido este martes no sólo en Burgueño, sino también sobre Juan Abarca, presidente de un grupo sanitario privado; Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno madrileño y responsables de las residencias de mayores en lo peor de la pandemia; además de dos familiares de fallecidos; todos ellos en calidad de testigos y sobre las muertes de dos residentes en el centro Parque de Los Frailes, de Leganés.
