El derrumbe de un edificio de Madrid y un "urbanismo que mata": "El Ayuntamiento no controla las obras, sino empresas privadas"

Una vez superados los primeros momentos de sorpresa y tensión por las víctimas, el derrumbe de parte de un edificio en el centro de Madrid, que ha dejado cuatro fallecidos y varios heridos, requiere de un esclarecimiento de lo sucedido y de la asunción de responsabilidades. “No es un accidente. Es el resultado de un modelo que mata”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, que pone el foco en leyes impulsadas por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital. Constituyen “la cara más brutal de la privatización del urbanismo de Madrid”, lamentan.

Una de las principales figuras señaladas es la de las Entidades Colaboradas Urbanísticas (ECU), cuyo reglamento fue alumbrado por el Consistorio en 2022, a la luz de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas. Las ECU son empresas privadas que se encargan de realizar actuaciones de verificación, inspección y control urbanístico que, de otra manera, correrían a cargo de la Administración. Una especie de colaboración público-privada, demandada por la patronal inmobiliaria desde hace años, que en la práctica funciona como una manera de agilizar trámites, con los riesgos que conlleva retirar la lupa de la supervisión pública.

Privatizar mata. Y en Madrid ya lo está haciendo

Es decir, entidades privadas “debidamente habilitadas” por el Ayuntamiento que cobran de las promotoras (conglomerados inmobiliarios, fondos de inversión y buitres, socimis, bancos, grandes propietarios, etc.) por emitir declaraciones responsables, otorgar licencias urbanísticas y realizar las inspecciones y comprobaciones en las obras de construcción y rehabilitación. “En vez de técnicos municipales y su control público, el urbanismo madrileño usa ECUs”, que están “contratadas por las propias promotoras para validar sus proyectos”, exponen desde el Sindicato de Inquilinas a las que consideran como “las concertadas del urbanismo”.

“No garantizan seguridad ni transparencia, sino impunidad”, ahondan, “porque cuando todo se derrumba”, como ha sucedido en Hileras, 4, “nadie responde”. “El Ayuntamiento no controla las obras sino una entidad pagada por la propiedad”, dejan claro desde la organización como funciona el sistema “hecho a medida de los fondos y promotoras que privatiza el control urbanístico y lo convierte en un negocio más”. Todo podría resumirse en menos de diez palabras, pero sus consecuencias acechan a la clase trabajadora: “La seguridad y la vida, en manos del dinero”.

Un problema sistémico

Este derrumbe, como muchos otros que muestran una historia similar, y el engrosamiento del beneficio de capitales privados como las ECU, que se han expandido a otras ciudades como Sevilla, responde a una transformación del urbanismo mucho mayor. La entrega de la de los barrios, de las calles de las ciudades, a las grandes empresas que observan el plano como una factura tiene consecuencias. “El bloque de Hileras iba a transformarse en un futuro hotel o alojamiento turístico, otra pieza del mismo engranaje: reconversión de oficinas y viviendas, obras aceleradas y sin control público y consecuencias mortales”, expone el sindicato.

En edificios todavía habitados, como San Ildefonso 20 o Tribulete 7, en los que fondos han comprado una parte y desarrollan obras similares mientras hostigan a los vecinos a irse, las consecuencias se ven progresivamente en las viviendas. “Muros que se agrietan, vibraciones constantes, filtraciones, ruido y peligro estructural” son algunas de las consecuencias que se están viviendo en estos bloque y que anticipan que “puede pasar algo como lo de Hileras 4”. “No se trata solo de un edificio caído”.

Lo sucedido este martes es, para el Sindicato de Inquilinos, una muestra más del “colapso de un modelo de obras sin inspección pública, control en manos privadas, precariedad laboral y vecinas expulsadas”. “El Ayuntamiento de Madrid ha convertido la ciudad en un laboratorio de especulación”, concluyen su denuncian contra la privatización urbanística y la desprotección, contra la que piden tres respuestas iniciales y rápidas:

• Suspensión inmediata de las obras en viviendas habitadas bajo control de ECUs.
• Auditoría pública del sistema de Entidades Colaboradoras Urbanísticas.
• Recuperar el control urbanístico para lo público y lo común.