Nadie está conforme con la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid. PSOE, Más Madrid y las asociaciones vecinales y medioambientales han presentado alegaciones y algunos, como los socialistas, piden directamente la retirada del texto tras analizar el Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER).
Los socialistas apuntan directamente que el documento invade competencias propias de los municipios y pone patas arriba el equilibrio institucional. Asimismo, hacen alusión a la vivienda protegida, en tanto en cuanto el nuevo sistema permitiría distribuir este tipo de inmuebles en el conjunto del municipio, cuando antes se llevaba a cabo en cada desarrollo urbanístico.
Mientras tanto, Más Madrid centraba en los últimos días sus críticas en la “pérdida de autonomía municipal” al reducir el peso de los consistorios en la toma de decisiones urbanísticas y destacaba que el texto resta carácter vinculante al Plan Estratégico Municipal frente a los Planes Ejecutivos, lo que en la práctica podría implicar modificaciones puntuales sin que se haya producido previamente una evaluación global del impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras.
Asimismo, consideran que muchas cuestiones podrían quedar en manos privadas. En resumen, a su juicio la normativa actual empeorará el acceso a la vivienda, un mercado de por sí imposible para una inmensa mayoría social. Además, atenta contra otras cuestiones como el patrimonio histórico o el suelo rural a la vez que “blinda el planteamiento ilegal frente a los tribunales”.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Plataforma Ecologista Madrileña, al igual que los partidos de izquierdas, comparten inquietudes para con el documento; una suerte, a sus ojos, de la ley del suelo que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 1998, solo que en clave autonómica y “remozada”, es decir, dotándole de unos tintes más modernos.
Puntos más polémicos de la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid
La FRAVM explica en su página web que el documento “concibe todo el suelo no protegido de la región, e incluso parte del protegido, como un gran solar disponible para que la iniciativa privada pueda hacer negocio”, relegando a un “lejísimos segundo plano” el derecho a un hogar.
Afea que la administración Sol vuelve a utilizar el “loable, aunque demasiado manido argumento de reducir la burocracia y flexibilizar y adaptar la vieja normativa a la realidad de nuestro tiempo” para justificar una iniciativa que encuentra sus mimbres en el expresidente popular pero con un lavado de cara.
Así las cosas, agrupada por casi 300 entidades de la Comunidad, insisten en que el documento termina siendo una “oportunidad perdida” para disminuir o, al menos, contener la emergencia habitacional, “reequilibrar el territorio, fortalecer a los ayuntamientos, mejorar las ciudades, proteger el suelo rural y ampliar la democracia urbana”.
Lejos de ello, asume una visión plenamente “economicista y urbanocentrista”, además de no suponer una mejora suficiente respecto del marco vigente ni corregir déficits que, dicen, presentan otras normas. A más a más, no es resultado de una “participación real y útil” con el resto de actores.
Entre las deficiencias que presentaría la ley contempla una apuesta “poco decidida por la vivienda protegida (…) por su mantenimiento duradero, destino preferente al alquiler, la mezcla de vivienda libre y protegida en todos los sectores, la prevención de guetos o el refuerzo de los patrimonios públicos de suelo”.
De la misma forma, “la ley debería vincular con mayor fuerza los nuevos desarrollos a la creación efectiva y simultánea de equipamientos básicos públicos, evitando que la llegada de población siga produciéndose por delante de los servicios, como tantas veces ha ocurrido en la región”, dictan, proponiendo que “más del 50% del suelo residencial en los nuevos desarrollos se destine a vivienda protegida”.
En esa dirección la normativa “debería servir para reforzar la adquisición de suelo público y ampliar los patrimonios públicos de suelo, limitar aún más la posibilidad de enajenar este tipo de patrimonio, reforzar el derecho de superficie como instrumento preferente para ceder suelo público destinado a vivienda protegida, equipamientos y fines de interés general y ampliar y reforzar la regulación de los derechos de tanteo y retracto”.
Naturaleza jurídica
Acusan asimismo, la flaqueza con la que actúa en términos de reequilibrio territorial, aspecto en el que propone la modificación de algunos artículos con el fin de reducir la “desigualdad entre territorios”; o el “debilitamiento de la protección del suelo rural”, al ampliar los supuestos en los que se pueden usar y autorizar actividades ajenas a la función principal. En términos jurídicos, podría “colisionar con la legislación de ámbito estatal”.
Es aquí, en la naturaleza jurídica del planteamiento, donde las partes ven una especial gravedad. Según explica la Plataforma Ecologista Madrileña, el Anteproyecto pretende que los instrumentos de ordenación tengan ‘naturaleza mixta’ y establece un régimen de excepción para su invalidez, generalizando la anulación parcial y la subsanación a posterior”.
“El objetivo es eludir la pacífica y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que califica los planes urbanísticos como disposiciones de carácter general -normas reglamentarias-sometidas a nulidad de pleno derecho cuando incurren en vicios esenciales. Lo que se busca es blindar el planeamiento ilegal frente a los tribunales, restringiendo las posibilidades de que pueda ser declarado nulo y permitiendo que los vicios de procedimiento se subsanen después de aprobado el plan, incluso después de una sentencia judicial”, expresan en un escrito llegado a este medio de comunicación.
En el punto concreto del suelo rural, ejemplifican el desfase con aspectos como la legalización de las grandes fincas para la celebración de eventos, que incluye las carpas, muchas de ellas carentes de autorización. “Se abre la puerta a la legalización de edificaciones y actividades ilegales” al “normalizar usos ajenos a la naturaleza, bajo el epígrafe de ‘usos excepcionles’, aunque realmente no requieren justificación real”.
“El patrimonio histórico corre igual suerte. Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que hasta ahora forman parte del planeamiento urbanístico con plena fuerza normativa, son degradados a instrumentos complementarios, autónomos y voluntarios”, refrendan, dado que “su aprobación pasa de la Comunidad a los Ayuntamientos, fragmentando los criterios de protección, y se establece que no podrán imponerse exigencias urbanísticas sobre bienes no catalogados, anulando de hecho la protección transitoria que otorga la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid”.
En otro orden de cosas, además de las mencionadas, las asociaciones apuntan a una “degradación de los estándares urbanísticos fusionando redes supramunicipales y generales” o “incrementando las plazas de aparcamiento de viario público en plena emergencia climática”.
