El Defensor de Pueblo amonesta a un ayuntamiento del PP de Ayuso por su 'ley mordaza': "Vulnera la normativa"

El ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) lleva meses negándose a publicar las intervenciones de los vecinos y levantar acta escrita de sus preguntas, así como de las respuestas del equipo de gobierno, una práctica que supone una vulneración flagrante del Reglamento de Participación de 2018, tal y como ha dejado patente el Defensor del Pueblo en una resolución a la que ha tenido acceso ElPlural.com.

El organismo que vela por los intereses de la ciudadanía se ha pronunciado en detrimento de la decisión gubernamental y en favor de una denuncia presentada por Más Madrid, a que también ha podido leer este periódico. En ella, el partido progresista alude a una palpable falta de transparencia por parte de la ejecutiva municipal, un modus operandi habitual en la Asamblea de la Comunidad con el “rodillo” -así lo definen en la izquierda- de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, en lo que respecta a la localidad, la institución del pueblo constata que el gobierno local vulnera la normativa vigente al negarse a registrar las palabras de la ciudadanía. Deja claro, pues, que las reclamaciones del partido que a nivel regional capitanea Manuela Bergerot se encuentran plenamente justificados y emplaza al cumplimiento del artículo 4.2.c del mencionado documento.

"Ha mentido a todos"

Mariano Cañas, concejal de la formación evidencia que “durante varios meses el PP y la alcaldesa -Rocío García- han mentido a los vecinos, asegurando que el reglamento no permite haber públicas las intervenciones”. “El Defensor del Pueblo confirma que esto es falso y que se han vulnerado derechos básicos de participación y transparencia”, añade.

El informe desmonta, además, la justificación de los ‘populares’ de Alcobendas al defender prácticamente que, al mostrar el audio -amparándose en una cuestión de ligereza y de protección de datos- no era necesario el texto.

“Este señalamiento demuestra lo que llevamos tiempo denunciando, que el PP no solo ha intentado silenciar a los vecinos, sino que se excusaron en el reglamento para no cumplir, cuando es el que les obliga”, apuntala la concejala, que acaba exigiendo a la regidora la rectificación y el cumplimiento inmediato de la ley: “La participación ciudadana no se censura”.

Ayuso, abonada a la censura

El caso que concierne a estas líneas se corresponde con un territorio muy concreto, pero el modus operandi es perfectamente extrapolable a otros espacios de la comunidad autónoma y al gobierno de la región en sí mismo.

Uno de los últimos ejemplos de ello es el correspondiente a Madrid Network, lo que pasa es que aquí el gobierno de Ayuso lo tiene difícil en tanto en cuanto ya hay resolución judicial de por medio. En este sentido, la presidenta madrileña recurrió al Tribunal Supremo la decisión de un periodista pidiendo la información relativa al chiringuito, otrora agencia de colocación que nació en época de Esperanza Aguirre.

La firma solamente ha devuelto 15 millones de euros de los cerca de 80 que esta entidad concedió al bufete de uno de los hombres fuertes de José María Aznar y, sobre todo, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro; ex ministro de Economía. Este dinero, que salió de las arcas públicas, llegó del Gobierno de España para I+D+I. Sin embargo, la entidad dejó de cumplir con las devoluciones anuales acordadas y el pufo acumulado se acerca a los 70 millones de euros, cargados finalmente al erario regional.

Ayuso intentó interferir para que no se conozca el origen del dinero porque la transparencia en este caso choca con “los intereses económicos de numerosas empresas” que se citan en los informes. El Alto Tribunal, por el contrario, afianzaría la necesidad de depositar la información porque existía un “claro interés general y público”.

La Justicia apunta, de hecho, a la Ley de Transparencia, según la cual “deben prevalecer claramente los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento”.

Innumerables iniciativas bloqueadas

La Comunidad de Madrid había bloqueado solo antes de verano en el último año más de 1.600 iniciativas de la oposición.

Atendiendo a datos aportados entonces por Más Madrid, el PP de Madrid había echado cerrojazo informativo sobre 13.466 iniciativos de un total de 44.482 desde que la presidenta llegó a Sol por primera vez, pero después ha ido en aumento, superando incluso a otra regiones de mismo color, como la Comunidad Valenciana o Carlos Mazón a pesar de la DANA y su negligente gestión sobre el temporal que se cobró la vida de 229 personas en octubre de 2024 y un año después ha derivado en su dimisión.