La Universidad Complutense de Madrid atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente, afectada simultáneamente por una crisis presupuestaria sin precedentes, decisiones institucionales cuestionadas y causas judiciales que amenazan su reputación. A la acumulación de deuda y los recortes internos se suma la inacción ante un caso de agresión sexual, la personación en un procedimiento penal contra Begoña Gómez y el avance de la educación privada a través del ICAM, todo en un contexto de creciente presión política y social.
Una alianza judicial que tensiona la imagen de la UCM
El primer sobresalto institucional llegó con la implicación de la UCM en la causa judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ofreció a la universidad personarse como parte perjudicada, lo que generó desconcierto tanto en el ámbito jurídico como en el académico. El magistrado justificó su decisión en la presunta apropiación indebida de un software desarrollado bajo el paraguas de la cátedra que codirigía Gómez, financiado con fondos de la Complutense.
Aunque la dirección de la universidad aceptó la personación, la decisión fue percibida como una anomalía institucional, sin precedentes recientes en el comportamiento de universidades públicas en causas mediáticas de naturaleza política. Este movimiento no solo vinculó a la universidad con una figura próxima al presidente del Gobierno en un proceso penal, sino que abrió interrogantes sobre su neutralidad institucional y la solidez de sus protocolos jurídicos internos. La decisión de personarse fue leída en algunos sectores como un intento de desvincularse de posibles responsabilidades reputacionales, aunque ha terminado por situar a la Complutense en el centro de una polémica de alcance nacional.
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Déficit, recortes y rescates: la Complutense al borde del colapso
Al mismo tiempo, la institución se ve atrapada en una crisis financiera grave que amenaza su operatividad básica. En 2024, la UCM cerró el ejercicio con un déficit superior a los 33 millones de euros, lo que ha obligado al rectorado a imponer medidas de contención drásticas. Desde finales de ese año, la universidad ha aplicado una retención del 35% del gasto no esencial, congelado contrataciones y pospuesto inversiones clave en infraestructuras y recursos docentes.
La situación alcanzó un punto crítico cuando se supo que, sin un rescate económico urgente por parte del Gobierno regional, la universidad no podría afrontar el pago de las nóminas ni la paga extra de diciembre a sus más de 11.000 trabajadores. Finalmente, la Comunidad de Madrid acordó conceder un préstamo por valor de 34,4 millones de euros, evitando así el colapso inmediato. Sin embargo, la ayuda no ha resuelto el problema estructural de financiación, y las previsiones del rectorado indican que los ajustes se mantendrán, al menos, hasta 2028.
Este escenario ha generado un profundo malestar entre la comunidad universitaria. Profesorado, personal de administración y servicios y colectivos estudiantiles han denunciado el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo y estudio. Las protestas, huelgas y encierros se han convertido en una constante en varias facultades, donde se alerta de una “asfixia presupuestaria deliberada” que podría estar orientada a justificar futuras reformas estructurales o privatizaciones encubiertas.
En medio de esta tormenta económica, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, se ha convertido en una figura controvertida. Reelegido en 2023, Goyache ha reclamado en varias ocasiones una financiación más justa para la universidad, e incluso firmó junto al resto de rectores madrileños una carta abierta dirigida a Isabel Díaz Ayuso denunciando la gravedad de la situación presupuestaria. Sin embargo, esa actitud reivindicativa convive con gestos que revelan una estrecha sintonía con la presidenta regional, lo que ha despertado críticas internas. El episodio más simbólico fue el nombramiento de Ayuso como “Alumna Ilustre” de la Facultad de Ciencias de la Información en enero de 2023, un reconocimiento avalado por el rectorado pese al rechazo masivo de alumnado y profesorado. Las protestas, la recogida de firmas y hasta dimisiones de cargos académicos marcaron un acto que muchos interpretaron como una maniobra de acercamiento político en plena precampaña autonómica.
Meses después, el propio Goyache reconoció públicamente que la distinción fue “un error” por su impacto en la convivencia universitaria, aunque defendió el mérito académico de la presidenta como exalumna. Esta ambivalencia también se reflejó en el viaje institucional a Estados Unidos que Goyache realizó junto a Ayuso en junio de 2025 para promocionar las universidades madrileñas. La gira coincidía con el impulso por parte del Ejecutivo regional de una nueva Ley de Universidades muy cuestionada por la comunidad académica y con los recortes en plena vigencia en la Complutense. Para muchos, la presencia del rector en aquella comitiva fue vista como una muestra de alineamiento institucional con el poder político autonómico, pese a la tensión presupuestaria que ya afectaba gravemente a su universidad.
El ICAM irrumpe en la Complutense con su propia universidad
En paralelo, la Comunidad de Madrid ha autorizado la creación de ICAM Universidad, un centro universitario promovido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Este proyecto, que se convierte en el primero de su tipo en España, operará como un centro adscrito a la propia Universidad Complutense, aunque con un modelo económico y académico independiente. ICAM Universidad impartirá el Grado en Derecho y varios másteres oficiales con matrículas que multiplican por cuatro las tasas del sistema público.
La adscripción de este centro a la Complutense ha sido duramente criticada por sectores internos de la universidad, que acusan a la dirección de colaborar en la introducción de un modelo de educación elitista dentro de una institución pública. A la polémica se suma la falta de transparencia con la que, según denuncian algunos colectivos, se ha llevado a cabo la negociación entre el rectorado y el Colegio de Abogados.
Para muchos observadores, la creación de este centro universitario en manos de un colegio profesional supone un giro preocupante en la concepción del sistema universitario público, ya que introduce una lógica de mercado en una universidad históricamente vinculada a los principios de igualdad de acceso y servicio público. Además, la decisión ha generado suspicacias políticas, dado que el ICAM había ejercido recientemente como acusación en un proceso judicial que implicaba al entorno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
¿Falló la Complutense en proteger a una víctima?
En este clima ya enrarecido, una nueva polémica ha sacudido a la Complutense: la investigación judicial abierta por la supuesta inacción de la universidad ante una agresión sexual denunciada por una alumna. Tal y como apunta 'eldiario.es', según consta en la causa, los hechos se remontan a 2018, cuando una estudiante extranjera denunció haber sido agredida sexualmente por un profesor durante unas jornadas académicas fuera de Madrid.
La joven alertó a distintas instancias internas de la universidad, incluida la Unidad de Igualdad, pero no se activó ningún protocolo ni se tomó ninguna medida contra el docente. La respuesta que recibió fue que, al tratarse de una agresión y no de un acoso, la UCM no podía actuar por vía administrativa. El caso permaneció sin resolución hasta que la víctima, años después, decidió interponer una querella que actualmente se encuentra en fase de instrucción.
La justicia investiga ahora si la Complutense incurrió en una omisión de deber de protección hacia la alumna, lo que podría derivar en responsabilidades civiles o incluso penales. La universidad ha sido requerida para entregar documentación interna sobre cómo gestionó la denuncia y qué actuaciones emprendió tras conocer los hechos.
La acumulación de frentes abiertos ha sumido a la Complutense en una crisis de múltiples dimensiones. La combinación de tensiones políticas, dificultades económicas y escándalos judiciales ha erosionado la imagen pública de una universidad que históricamente ha sido un referente académico en España y en el mundo hispano. Mientras los problemas se acumulan, la comunidad universitaria reclama respuestas claras, reformas estructurales y una defensa decidida del modelo público de educación superior.