Tanto oposición como Gobierno central insisten en actuar en clave urgente ante la crisis de la vivienda en las grandes urbes, expresamente en Madrid y sobre la proliferación de los pisos turísticos ilegales. Este lunes, las principales líderes de Más Madrid, Rita Maestre y Manuela Bergerot, han estrechado lazos con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quienes, al unísono han exigido actuaciones tanto al Ejecutivo de Sol como de Cibeles.
“Es un triángulo muy pequeño de la ciudad de Madrid se acumulan más de 100 pisos turísticos ilegales ante la inoperancia de las administraciones para poner coto a esta situación verdaderamente inaceptable”, ha tachado Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación desde el barrio de Palos de Moguer.
Pese a que ha transcurrido un mes desde que Consumo, en uno de sus informes, desveló que son 15.200 pisos turísticos los que operan y se ofertan fuera de los marcos legales en la capital, las relaciones entre Cibeles y el Ministerio se han ido tensionado hasta el punto de que aún no hay sobre la mesa una batería de soluciones o medidas a aplicar en un corto plazo de tiempo.
“No hemos recibido ninguna respuesta, ni hemos visto ninguna iniciativa por parte del Ayuntamiento para asumir su responsabilidad y poner fin a esta situación de flagrante ilegalidad”, ha lamentado Bustinduy, quien ha señalado que las únicas actuaciones acometidas por Almeida han sido “un par de ocurrencias y algún ataque de dudoso gusto al Gobierno de España”.
Ante este escenario en stand by, el ministro ha continuado tendiendo la mano a la administración madrileña para dar cabida a la “colaboración necesaria” entre ambas partes para “poner fin a esta situación de flagrante ilegalidad con más de 15.000 pisos turísticos ilegales”.
Ampliando así la vista no sólo al Ayuntamiento de Almeida, sino también a todas las administraciones locales y autonómicas gobernadas por el Partido Popular, el titular de Consumo ha exigido que se retiren todos los anuncios de pisos turísticos ilegales, debido a que sin su comercialización, ya no cabe su existencia: “Es algo que pueden y deben hacer”, ha aseverado.
En caso de que la postura de Génova continúe en las mismas condiciones, Bustinduy ha abogado porque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dé el paso necesario para erradicar dicha problemática: “Que ponga orden para que sus gobiernos intervengan sobre la que es la primera preocupación de la ciudadanía española: la vivienda. Los pisos turísticos ilegales son uno de los factores que influyen en el tensionamiento del precio en el mercado del alquiler en las grandes ciudades. Le pido al señor Feijóo que haga que sus gobiernos apliquen la ley de vivienda e introduzcan los topes a los alquileres. (…) Se puede actuar, tienen las herramientas y exigimos que requieran la retirada de estos anuncios”, ha ahondado.
Hace casi un mes que Consumo puso a disposición del Ayuntamiento de Madrid información sobre más de 15.000 pisos turísticos ilegales. Almeida continúa mirando a otro lado. Hay que poner orden en este descontrol y defender los barrios y el derecho a la vivienda frente a los intereses de unos pocos.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 21 de abril de 2025, 15:39
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Más Madrid insiste en el “cierre inmediato” de estos negocios
Por su parte, las principales líderes de Más Madrid a nivel autonómico y municipal han venido secundando la postura de Consumo, tanto para exigir actuaciones a Isabel Díaz Ayuso como a José Luis Martínez-Almeida. "Antes había familias que tenían aquí su vida; ahora hay turistas que residen en lugares que, repito, no tienen ningún tipo de inspección. Almeida ha mirado para otro lado, ha seguido sin hacer nada para acabar con esta ilegalidad", ha subrayado Rita Maestre.
En este punto, ha lamentado que se hace “difícil imaginar 15.000 farmacias, tiendas o restaurantes ilegales” en barrios donde ahora proliferan estos negocios turísticos e inmobiliarios. “Sólo en diez calles, hay más de 118 pisos turísticos ilegales que ejercen su actividad sin ningún tipo de control, sanción o inspección por parte del Ayuntamiento de Madrid”, ha continuado reprochando.
En voz de Manuela Bergerot, y en clave directa a Ayuso, ha exigido la creación de un registro regional en el que se recojan todas las viviendas de uso turístico para, con esta metodología, tener un reflejo “transparente y accesible” de esta realidad y conocer con facilidad “cuántas operan, dónde y si lo hacen bajo la normativa” vigente y adecuada.
Un mes del choque entre Consumo y Cibeles
La disputa entre ambas administraciones estalló cuando salió a la luz el informe de Análisis de Consumo, por el que se reflejó que son más de 15.000 los pisos turísticos que operan y están disponibles de manera ilegal en la capital, estando apenas más de 1.000 dentro de los marcos legales. Por este motivo, el Gobierno central instó al Ayuntamiento a eliminar la publicidad de estos y abrir expedientes sancionadores.
No obstante, Almeida respondió tachando de “deslealtad institucional” a Consumo y, desde entonces, el cruce de reproches se ha venido sucediendo entre ambas partes en las últimas semanas. El pasado 4 de abril, el madrileño acusó al ministro de buscar “15 minutos de gloria a costa del Ayuntamiento de Madrid” por esta cuestión, además de tildar de “chapuza” la lista elaborada por Moncloa.