En plena emergencia por los incendios forestales que afectan a varios puntos del país, cuando la coordinación entre administraciones debería convertirse en la prioridad absoluta, la Comunidad de Madrid ha vuelto a situar el foco sobre una polémica institucional. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha difundido imágenes oficiales de la gestión de la emergencia en las que se ha recortado la presencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, alimentando una estrategia de confrontación política que, lejos de contribuir a la unidad, vuelve a evidenciar el pulso permanente que mantiene la presidenta madrileña con el Ejecutivo central.

No es la primera vez que ocurre. El episodio recuerda a otros muchos protagonizados por el Gobierno regional durante los últimos años, en los que la presencia del representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desaparecido de fotografías, vídeos y galerías oficiales publicados por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el contexto en el que se produce ahora añade una carga simbólica mayor: una situación de emergencia en la que todas las administraciones están llamadas a trabajar de forma coordinada para proteger a la ciudadanía.

Mientras los efectivos de emergencias, bomberos, cuerpos de seguridad y voluntarios centran sus esfuerzos en hacer frente a los incendios, la batalla política ha vuelto a abrirse paso en el plano institucional. En las imágenes difundidas por la Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno aparece literalmente eliminado mediante un recorte del encuadre, pese a haber participado en el dispositivo junto al resto de autoridades.

La publicación ha provocado críticas por considerar que el Ejecutivo autonómico vuelve a utilizar los canales institucionales con fines partidistas, trasladando al terreno de la comunicación oficial una confrontación política que, en momentos de especial tensión, resulta difícil de justificar.

El propio Francisco Martín ha reaccionado públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de ironía: "Y en esto del ghosting se entretiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la gestión de una emergencia. Se califica solo y, desde luego, retratados quedan una vez más". A continuación, ha añadido que mientras tanto la Delegación del Gobierno seguirá "trabajando y reconociendo la labor de los servidores públicos de todas las instituciones".

El episodio no constituye un hecho aislado, sino un patrón que se ha repetido en numerosas ocasiones desde la llegada de Martín a la Delegación del Gobierno. En actos institucionales como el homenaje a las víctimas del 11-M, la clausura del Año Jubilar de San Isidro, la entrega de Medallas de Madrid o la toma de posesión del arzobispo José Cobo, la Comunidad publicó fotografías oficiales en las que el delegado había desaparecido mediante recortes del encuadre o directamente no figuraba, pese a encontrarse junto al resto de autoridades. En contraste, las imágenes difundidas por el Gobierno de España mostraban con normalidad la presencia de todas las instituciones.

La tensión entre Ayuso y Martín tampoco ha permanecido en el ámbito protocolario. La presidenta madrileña ha defendido en varias ocasiones que no está en política "para hacer amiguetes" ni para buscar "la foto fácil", justificando así su distancia con el representante del Gobierno central. Un discurso que ha ido acompañado de continuos reproches cruzados y que ha convertido prácticamente cada acto institucional compartido en un nuevo escenario de confrontación.

Sin embargo, la situación adquiere otra dimensión cuando esa estrategia se traslada a una emergencia. Los incendios forestales exigen rapidez, coordinación y confianza entre administraciones. En ese contexto, cualquier gesto orientado a invisibilizar a una de las instituciones implicadas transmite precisamente el mensaje contrario: el de una rivalidad política que se impone sobre la imagen de unidad que demanda la ciudadanía.

La cooperación entre administraciones no es únicamente una cuestión de protocolo o de cortesía institucional. Forma parte del funcionamiento ordinario de un Estado descentralizado en el que competencias estatales, autonómicas y locales conviven para dar respuesta a situaciones complejas. Precisamente por ello, los momentos de crisis suelen convertirse en una oportunidad para reforzar esa colaboración y ofrecer una imagen de estabilidad.

La polémica reabre además el debate sobre el uso institucional de los canales oficiales de comunicación. Las cuentas públicas no pertenecen al gobierno de turno, sino a la administración que representan. Por ello, distintos expertos en comunicación institucional han defendido reiteradamente que las imágenes oficiales deben reflejar la realidad de los actos públicos y evitar cualquier manipulación que pueda interpretarse como propaganda partidista.

En un momento en el que los ciudadanos esperan respuestas eficaces ante una emergencia, la fotografía institucional difícilmente debería convertirse en un nuevo frente político. La prioridad pasa por coordinar recursos, reconocer el trabajo de quienes combaten el fuego y trasladar un mensaje de confianza. Todo lo demás corre el riesgo de alimentar una polarización que, lejos de sumar esfuerzos, proyecta una imagen de división entre administraciones que resulta difícil de comprender cuando lo que está en juego es la gestión de una emergencia.

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