Como Vox tenía previsto, el debate de la "prioridad nacional" se cuela en todos los sitios donde hay políticos y se celebra un debate. Este jueves ha sido el turno de la Asamblea de Madrid, donde la ultraderecha ha conseguido meter de lleno este concepto en la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional ha entrado al cebo de la portavoz ultra, Isabel Pérez Moñino, que le ha puesto frente a su contradicción y le ha preguntado "cuándo va a denunciar a su propio partido" por apoyar un precepto que, con acierto, Ayuso calificó como "ilegal".
Moñino le ha propuesto a la baronesa que, ya que "es muy dada a acudir a los tribunales", haga lo propio contra el Partido Popular, que ha dado por buena la "prioridad nacional" para pactar con la ultraderecha los Gobiernos de Extremadura y Aragón. "Si no lo hace", ha continuado su pregunta, Ayuso demostraría que está "buscando protagonismo". "Mucho marketing, muchas cámaras", ha lamentado, pero "muy poca coherencia".
La portavoz de la formación de Santiago Abascal, que acostumbra a utilizar las sesiones de control para acusar a los migrantes de colapsar la sanidad pública, ha recibido con gusto este nuevo lema de su partido, que propone limitar la atención a los extranjeros a situaciones de "urgencia vital". Algo que Moñino resume en que "lo legal es defender a los nuestros", refiriéndose también al acceso a ayudas y a la vivienda protegida. La portavoz ha concluido recordándole a Ayuso lo que pasará si el PP necesita también el apoyo de Vox tras las elecciones autonómicas del próximo año. Básicamente, que el principio racista de la ultraderecha volverá a ser un aro por el que los populares tendrán que pasar para gobernar: "Madrid, 2027, prioridad nacional, ¿le suena bien verdad? Tic, tac".
Ayuso entra al debate: "Nadie deja atrás a ningún español"
Como ya se ha demostrado en todos los debates en los que Vox ya ha abierto esta veda, la prioridad nacional es un tema incómodo para el PP. También para Ayuso, que ha tratado de pasar de puntillas por la cuestión. La presidenta ha comenzado su respuesta felicitando a sus homólogos en Extremadura y Aragón, y cargando contra la regularización de migrantes del Gobierno, que el Ejecutivo madrileño ha recurrido ante el Supremo. Sin embargo, Ayuso ha asegurado a Vox que "nadie deja atrás a ningún español", y que su Gobierno va a defender "la racionalidad frente a la irracionalidad".
En parte, Ayuso sí ha asumido una tesis de la ultraderecha, la de culpar a la inmigración de "un caos en los servicios públicos". Algo que le ha reprochado Manuela Bergerot, que ha lamentado que le presidenta acepte el "debate racista" de Vox. La portavoz de Más Madrid ha recordado que "la que está colapsando la sanidad pública madrileña" es la propia Ayuso, y ha defendido que "en España nadie es más que nadie". "No vamos a permitir que haya españoles de segunda", ha dicho para cerrar esta cuestión.
Ayuso defiende que "en una democracia liberal" cualquiera puede tener diez casas
El Pleno de la Asamblea regional se reúne con los vaivenes del Ejecutivo de Ayuso sobre el Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno central este martes también en el centro. Esta ha sido la otra vía de la ofensiva de Bergerot, que le ha recordado a Ayuso que "en la Comunidad de Madrid hay 10.000 propietarios que tienen 10 casas o más". La portavoz de la izquierda ha defendido que "a quien las tenga hay que freirles a impuestos", y ha sacado a la palestra la manifestación frente a la sede del PP convocada este domingo, para exigir que voten 'sí' al decreto de la prórroga de los alquileres el martes en el Congreso.
La respuesta de Ayuso ha sido acusar a la izquierda de promover la política de vivienda que se aplica en "los narcoestados con los que se acuestan", algo que "les puede funcionar en Venezuela, en Cuba", pero "no en una democracia liberal", donde para la baronesa es lo normal que alguien tenga diez viviendas en propiedad. "¿Quién se cree usted para meterle la mano en el bolsillo?", le ha preguntado a Bergerot.
El consejero madrileño de Vivienda calificó el plan del Gobierno para movilizar 7.000 millones de euros para vivienda protegida y blindarla para siempre como "un instrumento para recentralizar competencias", y criticó que "ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial", amenazando con liderar un nuevo boicot de las autonomías del PP. Sin embargo, menos de 24 horas después, el propio Jorge Rodrigo rectificaba y aseguraba que no habían dicho "en ningún momento" que no vayan "a asumir" el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez.
La oposición señala a Ayuso por la vivienda, en una sesión de control en la que Vox introduce en la Cámara de Vallecas su "prioridad nacional", que llevan ya a todos los debates posibles tras imponérsela al PP para investir a María Guardiola en Extremadura y a Jorge Azcón en Aragón. La formación ultra, que dirige en Madrid Isabel Pérez Moñino, ha registrado una iniciativa para abrir el debate sobre este principio, que sitúa a los españoles por delante de los migrantes en el acceso a ayudas y subvenciones, y a la vivienda pública. Un debate que los populares, como hicieron este miércoles en el Congreso, se empeñan en esquivar defendiendo el matiz del "arraigo" -la pertenencia sostenida a la comunidad- para no caer del todo en el discurso racista de Vox.
