Las direcciones de Vox y el PP se acusan de mentir recíprocamente por la "prioridad nacional"

La Presidencia maniatada de Extremadura y Aragón, a las que se sumará próximamente Castilla y León, está saliendo muy cara al Partido Popular (PP). Los de Alberto Núñez Feijóo se han arrojado a los brazos racista de Vox y las alusiones al “arraigo” no están consiguiendo ni de lejos opacar la “prioridad nacional” que la extrema derecha ha conseguido grabar en los pactos suscritos. María Guaridola, reelegida líder extremeña, ha intentado negar lo firmado y Génova ha buscado disimular en el Congreso de los Diputados, pero lo firmado no deja lugar a dudas.

La primera página del pacto suscrito en Extremadura ya recoge la “prioridad nacional”, que defiende que los españoles tengan preferencia de acceso a servicios y ayudas públicas frente a residentes, regulares o irregulares, con otra nacionalidad, iniciativa ilegal. Hasta en cuatro ocasiones aparece en el texto extremeño y tres en el suscrito en Aragón, a más de otras políticas xenófobas contra migrantes, menores no acompañados y ONGs que auxilian a personas vulnerables. Sin embargo, según la dirección nacional del PP, los ojos de los ciudadanos mienten, dado que lo único pactado es el “arraigo”.

Génova está decidida a llegar con esta tesis hasta el final, razón por la cual ha tumbado, este miércoles en la Cámara Baja, una moción de los de Santiago Abascal que instaba a aplicar el la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y a derogar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada recientemente. El PP era favorable a la propuesta presentada por Vox, pero, debido al revuelo causado por su apoyo a la persecución racial impulsada por los ultras, añadieron a última hora una enmienda.

El texto impulsado por Vox proponía "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal" en España; establecer "la prioridad nacional" en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda; impedir el acceso de los migrantes en situación irregular a la sanidad, salvo que se estén muriendo (“urgente y de carácter vital”), negar la asistencia gratuita a los migrantes y derogar el real decreto para la regularización extraordinaria. El PP está de acuerdo, pero sugirió introducir un matiz para evitar las acusaciones de racismo y sortear la legalidad.

“Arraigo real, duradero y verificable”, quería introducir el principal partido de la oposición. Es decir, la misma discriminación propuesta por la ultraderecha, pero basada en el empadronamiento, vinculación con el lugar de residencia, cotización, permanencia y contribución al sistema. Atendiendo al ejemplo de Madrid, para acceder a una vivienda pública es necesario llevar empadronado diez años. La traducción al texto de Vox significaría que una persona cuyo empadronamiento sea inferior a diez años no podría recibir asistencia sanitaria ni ayudas sociales, si bien en la práctica solo afectaría a migrantes, pues no se puede negar a los nacionales.

Un subterfugio del PP que, no obstante, no ha sido aceptado por Vox. Como respuesta, los de Feijóo se han unido al resto de formaciones políticas y han tumbado la moción de Abascal. Esto ha detonado una guerra entre las direcciones, en el Congreso de los Diputados y en las redes sociales. Génova defiende que en el acuerdo de Extremadura ya se recoge la “prioridad nacional” para quienes “mantienen un arraigo real, duradero verificable con el territorio” y que esto es lo que incluía su enmienda.

Esta afirmación es tramposa, dado que esta coletilla se incluye en el pacto extremeño porque se conoce que es ilegal basar la asignación de ayudas y el acceso a servicios públicos en la “prioridad nacional”, que se suscribe y recoge escasas palabras antes. En consecuencia, si lo que el PP busca que impere es el “arraigo”, que en la práctica es otra herramienta discriminatoria, sin atender a nacionalidad, se desconoce el sentido de firmar dos acuerdos en los que se insiste en establecer la “prioridad nacional”, que no deja lugar a dudas sobre su significado.

“Ya nadie cree a Génova, ni siquiera vuestros barones autonómicos, por manipulaciones como esta”, ha acusado la formación ultra a sus socios. “Habéis quitado de la propuesta original de Vox propuestas claras para combatir la invasión migratoria que promueve Pedro Sánchez: la repatriación de ilegales, la remigración de quienes no contribuyen a la economía nacional y el criterio de prioridad nacional en la sanidad, en las pensiones no contributivas y en la asistencia jurídica”, han afeado, reclamando explicaciones a Génova.

Vox es totalmente consciente de estos malabares que está intentando hacer el PP para intenta despejar las acusaciones de racismo y sigue presionando. Los aliados se pelean encarnizadamente y ni siquiera han empezado a gobernar juntos en las dos autonomías donde ya han pactado. En el horizonte, las elecciones de Andalucía servirán como termómetro para medir que tal ha sentado que los de Feijóo se hayan sumado a la internacional ultra, movimiento del que Juan Manuel Moreno Bonilla está intentando desvincularse de todas las formas posibles.