La Comunidad de Madrid prepara una nueva legislación para sancionar los “escraches” y otras protestas en las universidades, tomando como referencia el episodio vivido por Ayuso en la Complutense. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha anunciado en un desayuno informativo de Europa Press la inclusión de un régimen sancionador específico en el anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la región. Según Viciana, el objetivo es “mantener el orden y el decoro en la vida académica” mediante sanciones frente a vandalismo, ocupaciones o escraches que alteren el normal funcionamiento de los campus.
Esta iniciativa surge tras el tenso escrache que sufrió Ayuso en la Universidad Complutense en enero de 2023, cuando un grupo de estudiantes la increpó durante la entrega de su premio de alumna ilustre en esa facultad, entre gritos de “sanidad pública” y “asesina” que obligaron a reforzar su escolta policial.
Viciana ha detallado que la LESUC contendrá un capítulo de sanciones autonómicas destinado a las universidades que permitan este tipo de incidentes. A diferencia de la normativa estatal vigente, las sanciones recaerían sobre las instituciones (vía multas u otras penalizaciones administrativas) en lugar de sobre los alumnos individualmente. “Lo que buscamos es hacer sanciones de tipo institucional. Queremos asegurar, en primer lugar, el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios. No queremos que sucedan incidentes que impliquen, por ejemplo, ocupación de la vía pública u ocupación de espacios universitarios, que se impida el acceso de estudiantes a sus espacios universitarios”, ha explicado Viciana al justificar la medida.
Además, el consejero ha matizado que protestas pacíficas como simples concentraciones o acampadas seguirían siendo respetadas, pero ha trazado una línea roja en aquellas movilizaciones que bloqueen el paso o impidan la actividad docente: “Una cosa es una concentración pacífica… Y otra cosa es impedir la libre circulación de vehículos o personas que impidan la libertad de cátedra. Hay límites fundamentales que no se pueden cruzar”.
El Ejecutivo autonómico aún trabaja en la definición precisa de las infracciones y sus castigos. Así, Viciana adelantó que el régimen sancionador tendrá una graduación de faltas leve, grave y muy grave, con sanciones que podrían ir desde apercibimientos hasta multas económicas en los casos más graves. El borrador de la ley será presentado a los rectores de las universidades públicas y privadas madrileñas a lo largo de julio, incorporando sus aportaciones antes de iniciar el trámite formal. La intención de Ayuso es llevar la LESUC a la Asamblea de Madrid en otoño y aprobarla antes de que termine 2024, algo factible gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la cámara regional.
Esta legislación regional anti-escraches plantea interrogantes porque ya existe desde 2022 una Ley estatal de Convivencia Universitaria que regula la disciplina en las universidades. Dicha norma nacional —aprobada tras derogar el antiguo código franquista de 1954— contempla sanciones para conductas como plagios, novatadas e incluso escraches, con castigos que van desde la expulsión temporal del estudiante infractor hasta la pérdida de ciertos derechos académicos. Sin embargo, la ley estatal atribuye la responsabilidad directamente a los alumnos, mientras que el Gobierno madrileño propone ahora responsabilizar a los centros de los desmanes que ocurran en sus campus. Para Viciana, esta intervención se justifica porque “la autonomía universitaria no es ilimitada” y debe ejercerse con respeto a la legalidad vigente. No obstante, la iniciativa ha generado preocupación entre parte de la comunidad universitaria y la oposición política, que perciben en ella un posible choque con la autonomía académica y los derechos fundamentales de expresión y reunión.
Impacto en la libertad académica
La autonomía universitaria es un principio consagrado en el sistema educativo español, que garantiza a las universidades capacidad de auto-gobierno en sus normas y la defensa de la libertad académica. Críticos de la propuesta de Ayuso advierten que un régimen sancionador impuesto desde el gobierno regional podría vulnerar esa autonomía.
Los defensores de la LESUC insisten en que la normativa no pretende coartar la libertad de expresión, sino delimitar adecuadamente sus límites cuando entra en conflicto con otros derechos. En la práctica, ello podría traducirse en una mayor presión sobre la comunidad universitaria y en un efecto disuasorio para futuras movilizaciones estudiantiles, por temor a poner en aprietos a sus instituciones.
El escrache como forma de protesta
El escrache, originado en Argentina en los años 90 como método para denunciar públicamente a represores impunes, fue adoptado en España por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca durante la crisis de 2013. Se caracteriza por concentraciones ruidosas en lugares vinculados a una figura pública para exigirle responsabilidades políticas o sociales, normalmente sin recurrir a la violencia física. Estas acciones, que ganaron visibilidad en escenarios como las puertas de diputados del PP, generaron un debate sobre su legitimidad como forma de protesta.
Sus defensores argumentan que el escrache es una vía de presión legítima y pacífica, respaldada por el derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando los canales institucionales no dan respuesta. Sostienen que mientras no haya agresión ni coacción directa, estas protestas cumplen una función social simbólica. Por el contrario, sus detractores lo consideran una forma de acoso, e incluso de intimidación pública. Desde el PP se ha llegado a comparar con linchamientos, y aunque algunos escraches han derivado en sanciones administrativas, la justicia española nunca los ha tipificado como delito por sí solos.
En el contexto universitario, los escraches a figuras políticas han sido relativamente frecuentes y polémicos. La universidad, históricamente un foco de activismo, proporciona el escenario para que los estudiantes expresen su disenso cuando un personaje controvertido acude a un acto académico. Este contraste de percepciones muestra por qué el escrache es un fenómeno tan divisivo: para unos, resistencia democrática; para otros, persecución.