Enfermeros escolares, integradoras sociales, fisioterapeutas, administrativas, auxiliares de control e información, técnicos de nivel III y otros profesionales de la educación pública madrileña podrían acabar en la calle este 31 de diciembre. Un supuesto “ERE encubierto” impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pende sobre cientos de trabajadores, que señalan a la Consejería de Educación como máxima responsable. “Lo que va a pasar es que el 31 de diciembre nos vamos a quedar en la calle cientos y cientos de personas”, denuncia Laura Martínez.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de la Administración Pública de CGT asegura que esta decisión del Ejecutivo madrileño se viene fraguando desde verano y, pese a que han trasladado que habrá una “paulatina la incorporación en el primer trimestre” de 2025, desde la organización sindical no confían en que esta sea total y denuncian que durante ese periodo “habrá puestos sin cubrir en muchos centros”. “Ahora mismo hay muchos procesos de estabilización de empleo temporal, en todas las consejerías madrileñas”, explica Martínez a ElSalto, referenciando la directiva europea 1999/70/CE.
El texto europeo busca acabar con el uso excesivo de contratos temporales en la administración pública y la Comunidad de Madrid es un claro incumplidor. “Más del 60% del personal laboral están en abuso de temporalidad”, denuncia la sindicalista. "Como la comunidad tiene que hacerlo antes del 31 de diciembre, en 2021 empieza a sacar procesos de estabilización. El problema es que de cada categoría saca varios procesos, cobrando tasas de examen por duplicado e incluso por quintuplicado”, desgrana. Otro compañero del sindicato y trabajador afectado, Manuel del Valle, también denuncia la situación.
Como técnico especialista III en un colegio de Aluche, donde desarrolla labores de cuidado y acompañamiento de menores con necesidades especiales, revela que los empleos de una parte de los 1.200 trabajadores de su gremio corren peligro. “La situación de nuestra categoría es que de esas 1.200 personas el 97% son temporales desde los últimos 30 años”, lamenta, explicando que se han sacado 600 plazas de las que solo se han ocupado 400. El Gobierno de Ayuso podría ahora cesar a 400 personas para incorporar a los nuevos fijos, pero CGT teme que los ceses no se frenen ahí.
Estamos a las puertas de un despido masivo y encubierto
“Lo que hemos entendido por las comunicaciones informales de Recursos Humanos es que se van a cesar todas las plazas, lo que va a generar una cantidad tremenda de demandas en los juzgados de los social”, traslada Valle. “Si mi plaza no es cubierta por una persona que aprobó, no debería ser despedido”, añade, apuntando no solamente la vulneración de los derechos laborales, sino también la falta de personal y recursos que tendrá lugar en aquellos centros educativos donde estos puestos de trabajo no sean cubiertos.
“Esto genera una incertidumbre tremenda, porque no sabemos si nos despedirán el 22 de diciembre, el 31, en enero, en el primer trimestre”, espeta el miembro de CGT. “El tema es que esta gente que va a ser cesada, no se sabe cuándo, volverá a la bolsa de empleo o no, si esa gente estará en la bolsa por la puntuación inicial, si esa gente no volverá a ser llamada o cómo se cubrirán el resto de plazas por cubrir”, añade.
7.000 trabajadores afectados
Más allá del caso particular de su grupo profesional, lo problemático que denuncia Valle es que este proceso va mucho más allá. “Esto afecta a todo el personal laboral de la consejería de Educación de la Comunidad, unas 7.000 personas” entre todos los empleados. “Un porcentaje muy alto de ellos se verá afectado, será despedido e incluso no volverá a trabajar más en su plaza que en algunos casos puede que lleve 15 y hasta 30 años en ella”, señala.
El proceder de la Comunidad demuestra para CGT que nos encontramos “a las puertas de un despido masivo y encubierto, para evitar una movilización, sin transparencia y comprometiendo la calidad del servicio que se da en los colegios”. “Hablamos de un ERE encubierto porque estabilizas plazas no personas, recaudas mucho dinero y además te buscas una triquiñuela para que las personas que tienen méritos se queden sin plaza. Si contratan a personas sin trienios, se ahorran mucho dinero”, desarrolla el representante sindical.
“Lo que pedimos es que en todos los procesos donde hay anomalías, haya un periodo de subsanación de errores en todos los tribunales”, acota Martínez. “Entendemos que la dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid deben velar porque los procesos sean justos y que los tribunales cumplan con la supuesta intención de que las personas en abusos puedan estabilizar sus puestos de trabajo”. “Al final son plazas de servicios públicos esenciales, lo suyo es que dieran las plazas a los que ya saben hacer su trabajo, sin dejar de cubrir las necesidades que hay”, zanja.
