La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado al único viceconsejero de Sanidad -a su vez director general del Sermas- Juan José Fernández Ramos. Lo ha hecho tan solo medio año después de nombrarle a sabiendas de las polémicas que acarreaba, concretamente la que tiene que ver con la discriminación que éste ejerció sobre una trabajadora del hospital Moncloa, donde trabajó como gerente.

Por partes, lo primero que hay que destacar es la intención de Ayuso para con uno de los departamentos que más retos tiene por delante si se tiene en cuenta que ha sido uno de los más criticados desde que la líder regional dirige Sol. Habrá que estar pendientes en este sentido también a la oposición, especialmente Más Madrid, tras la salida de Mónica García al Gobierno Central, al tratarse de la persona que de algún modo centralizaba el descontento de la capital en este ámbito.

Dentro de esa reestructuración, que Ayuso anunció poco después de salir elegida, la presidenta anunció que reduciría todo lo posible la Consejería, dejando fuera del Ejecutivo a toda la cúpula de otros años y concentrando todo el poder en una viceconsejería, en su caso capitaneada por Fernández Ramos.

Polémica en el hospital Moncloa

El que fuera gerente del hospital Moncloa arrastra la polémica -ya lo hacía cuando fue nombrado viceconsejero- de haber discriminado a una trabajadora de este centro privado por ser madre.

El hecho queda reflejado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2013, según la cual el centro sanitario quedó condenado por un caso de acoso laboral por “discriminación por razón de sexo” que protagonizó la persona señalada contra la entonces directora de enfermería del mismo hospital después de incorporarse ésta de su permiso de maternidad. Dicha sentencia venía a confirmar un fallo previo sel juzgado de lo social número 33 de Madrid, por lo que la consiguiente sentencia fue firme.

La Comunidad de Madrid asumía que eran hechos “ajenos” a sus competencias y que obedecía a una cuestión “que afecta a una empresa privada”, en referencia a la aseguradora Asisa. “No le corresponde a la Comunidad de Madrid valorar lo que ocurrió hace unos años”, apuntan, a la vez que defienden que “todo eso concluyó con un acuerdo entre las partes”.

El Gobierno regional elude que la cesión tenga que ver con el caso

El Gobierno regional elude que el cese tenga “nada que ver” con el caso del hospital de Moncloa. Fuentes de la Consejería exponen a ElPlural.com que, por el contrario, se debe a “ajustes lógicos e internos una vez arrancada ya la legislatura”.

¿Quién le sustituye?

Será Laura Gutiérrez Barreno, hasta ahora jefa de gabinete de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, la que sustituirá a Fernández Ramos en el puesto.

Nombramiento sacado de ‘Púnica’

En esta reorganización a la que hace referencia la Comunidad de Madrid entran otros nombres, como el de Francisco Lobo Montalbán, nuevo secretario general de Sanidad. Se trata de un ex alto cargo del primer gobierno de Ayuso que fue cesado por su imputación en ‘Púnica’ y sacado posteriormente de la pieza 9, correspondiente con la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

A la cuestión también planteada por este medio de si dicho nombramiento puede resultar polémico a ojos de los madrileños, la Comunidad asume que no, ya que “se dirimió su cuestión”, por lo que no tiene por qué obedecer a un actor "polémico". Las fuentes consultadas detallan que, si bien es cierto que esta persona fue investigada, tras pasar por la Justicia "se dirimió su cuestión" y que, finalmente, "no tuvo responsabilidad penal alguna, siendo exonerado y sacado del caso".

En junio de este mismo año la Audiencia Nacional sacó de la mencionada pieza del caso sobre presunta financiación irregular de los populares madrileños en 2007,2008 y 2011 a Lobo Montalbán. En el auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal admitió el recurso de apelación que interpuso contra la decisión del juez de mantener en el procedimiento, del también quedaron fuera los antecesores de Ayuso: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Entrando en detalles, Lobo fue imputado por su vinculación con la empresa ‘El Laboratorio de Almagro 36’ que, según el auto del juez, “habría participado de alguna manera en la licitación y/o ejecución de un contrato público de la Comunidad de Madrid, que fue adjudicado tan solo dos meses antes de las elecciones Autonómicas y Municipales del año 2011”.

Tras revisar la Sala el auto entendió que no constaban “indicios suficientes de la comisión de delito alguno”, y es que, aunque es cierto que la actuación del recurrente aparecía relacionada con la mercantil, lo hacía “en contadas excepciones”.