La Comunidad de Madrid tiene un problema con las cifras. Son varios los números que señalan la gestión del Partido Popular en la región y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha afrontado críticas por los 7.291 fallecidos en residencias de mayores durante la pandemia o los 4.389 profesores que faltan en la Educación Pública. La nueva cifra es el récord que desde hace años persigue a Ayuso y que no deja de crecer: el de los jóvenes madrileños que se quedan sin plaza en la Formación Profesional (FP) y que este año asciende a casi 50.000 estudiantes sin hueco para estudiar.
Anualmente, el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) analiza la situación en la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid y elabora un informe de cuántos estudiantes se han quedado sin plaza. En la región, el número de estudiantes nuevos de FP lleva dos años superando al de Bachillerato, pero existe un déficit estructural de plazas para cubrir la demanda en la educación pública, lo que acaba beneficiando a los centros privados, que abren sus puertas para recibir, cobrando, a los excluidos.
Este curso, son 178.901 los alumnos que han optado por la FP, pero en esa cifra oficial no se registran los que han pedido plaza en la enseñanza pública y se han quedado fuera. Algo que sí hace CCOO en su informe anual y, en 2024, la cifra ha vuelto a batir récords, con 48.255 jóvenes que no han encontrado hueco en los distintos niveles de FP.
Es el curso con más excluidos hasta la fecha desde que CCOO elabora su estudio. En 2021, se quedaron fuera 25.000 jóvenes. En 2022 la cifra era de 33.000 estudiantes. Y el año pasado superó por poco los 40.000 jóvenes, para rozar los 50.000 estudiantes sin plaza en este año. Y la tendencia es que la cifra siga empeorando, con unos datos especialmente “alarmantes” en el grado medio, donde hay 10.734 aceptados, pero 21.558 que quedan sin plaza -dos de cada tres- y la cifra ya es un 15% superior a la del año pasado.
Beneficios para la FP privada
Este lunes, en la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, denunciaba estas cifras y ponía el foco en la Formación Profesional sanitaria, donde “más del 80% de los solicitantes han sido excluidos”. Y acusaba a Ayuso de beneficiar con esta situación a la educación privada “regalando 500 euros al mes” a los centros de FP de pago, en lugar de “invertir en educación pública”. “Ayuso solo tiene olfato para el dinero y el ladrillo”, denunciaba en redes sociales el partido de la izquierda madrileña.
La situación en la Comunidad de Madrid contiene un claro desequilibrio en beneficio de la privada. Los centros públicos que imparten estudios de grado medio son 149, pero los privados y concertados suman 192. En grado superior la brecha es todavía mayor, con el doble de extensión para los centros de pago. Frente a los 144 públicos, hay 301 privados o concertados. Una carencia que alcanza su máximo nivel en la ciudad de Madrid, precisamente donde más demanda hay de Formación Profesional: los 44 centros públicos tienen en frente 172 centros privados para estudiar Formación Profesional.
Por su parte, el portavoz socialista, Juan Lobato, ha lamentado que "yo me hincho a decirlo en todos los plenos, a exigirle a la presidenta Ayuso que dé una respuesta a esas decenas de miles de jóvenes". "En una Comunidad en la que hemos tenido el año pasado el paro juvenil por encima de la media y donde la inmensa mayoría de las empresas grandes pequeñas y medianas nos dicen que no tienen jóvenes con una formación y unas capacitaciones mínimas para cubrir las posiciones los puestos de trabajo".
Batalla recurrente
En el año 2022, las cifras de déficit de plazas fueron objeto de debate de cara a las elecciones autonómicas del año 2023. El PSOE de Madrid lo convirtió en una de sus banderas de batalla electoral y Lobato denunciaba de manera recurrente la situación de los entonces 33.000 jóvenes que se quedaron sin poder estudiar Formación Profesional.
Tal fue su crítica que el entonces consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Lasquetty, salió a desmentir las críticas de Lobato, acusándole de que “no es la realidad”, pero “lo ha leído en un periódico y se tiene que hacer eco”. El consejero de Ayuso llegó a defender que se habían ampliado ese año en 10.000 las plazas de la FP y en 25.000 en los dos últimos años.
Baile de cifras
Los consejeros de Ayuso han cambiado, pero la posición de la Comunidad de Madrid ha variado poco en los dos últimos, y para sacudirse las críticas el Gobierno regional asegura que se han añadido “los centros públicos suman un total de 4.600 nuevas plazas”, aunque en julio el Ejecutivo prometió 10.000 plazas públicas más para la FP. Lo cierto, es que, como denuncia CCOO, la Comunidad agrupa en las ofertas anuales las vacantes de plazas públicas, concertadas y privadas, con lo que es difícil calcular cuánta disponibilidad real hay. Y que, año tras año, los informes del sindicato reflejan un déficit cada vez mayor, con más estudiantes quedándose sin poder estudiar en la FP pública.
Este déficit de plazas públicas en la Formación Profesional de la Comunidad de Madrid se enmarca en un contexto de controversia sobre la gestión de los fondos destinados a la construcción de centros educativos. Durante la anterior legislatura, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevó a cabo la construcción de varios centros de FP mediante la fragmentación de contratos, lo que permitió adjudicaciones directas sin pasar por licitaciones públicas. Esta práctica ha sido cuestionada por su opacidad y por eludir la Ley de Contratos del Sector Público, agravando la preocupación sobre la gestión de recursos públicos.
Desde la oposición, se ha exigido la creación de una comisión de investigación para esclarecer estos contratos irregulares y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Una iniciativa que lanzó hace una semana el socialista Juan Lobato durante el debate del Estado de la Región y que Más Madrid ha reclamado este lunes en un comunicado.
Hasta el momento, se han identificado irregularidades en al menos ocho proyectos, donde se fraccionaron obras de gran envergadura en contratos menores, permitiendo que los mismos fueran adjudicados sin competencia. Uno de los casos más notorios ha sido el del complejo educativo Ciudad Escolar, en el que se construyó un hospital escuela con un presupuesto de 2,4 millones de euros, sin un contrato formal ni la publicación del expediente. Estos hechos han llevado a la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía, en busca de posibles delitos de corrupción.