El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, volvió a apagar las cámaras de seguridad de la ciudad el pasado domingo, coincidiendo con la multitudinaria manifestación por el derecho a la Vivienda. Nadie entiende por qué -en el supuesto de que la decisión llegue por puro sesgo ideológico-, en el sentido de que la gente que salió a la calle el pasado fin de semana no lo hacía solo contra gobiernos como el de Madrid a nivel municipal y regional, sino también por las declaraciones y medidas adoptadas por el Ejecutivo Central.
Además, vale que una imagen sea más fuerte que mil palabras, pero impedir el acceso a los datos de asistencia a cualquier evento hoy en día es directamente imposible, ya que los helicópteros sobrevuelan las protestas y tanto gobiernos como sindicatos arrojan datos durante o después de las mismas.
Son muchos los usuarios de redes sociales que demuestran la veracidad de estos hechos, que ha podido comprobar ElPlural.com y sobre los que la oposición ha presentado dos peticiones de información. En realidad, estos últimos documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, llevan la rúbrica del PSOE en el Consistorio y se ciñen a dos cuestiones: una general sobre los criterios que llevan a la administración de Cibeles a operar de esta manera, y otra específica por lo que pasó el año pasado en octubre durante una jornada en la que se dieron simultáneamente una manifestación por Palestina y otra en contra de la amnistía.
El concejal de Movilidad del PSOE, Ignacio Benito Pérez, tacha el modus operandi como un “intento burdo de manipulación”. “Afortunadamente, el Ayuntamiento de Almeida no tiene la capacidad para invisibilizar lo que ocurre en las calles, pero parece intentarlo”, señala en declaraciones a este medio de comunicación, dejando claro que, con el escenario aquí expuesto, el Ayuntamiento “se extralimita a sus funciones”.
Almeida no tiene la capacidad para invisibilizar a la calle
“Almeida como alcalde no tiene ni que apoyar ni que intentar coartar ninguna manifestación. A título individual puede hacer y opinar lo que le dé la gana, pero como regidor tiene que velar porque se garantice un derecho que está expresamente recogido en la Constitución”, dicta refiriéndose a la Carta Magna, que tanto exhibe el PP.
Asimismo, lamenta el doble rasero del que hace gala la derecha, también dentro de lo discursivo: “Utiliza unos métodos antidemocráticos. Se le llena la boca con Venezuela, pero estas prácticas son propias de un dictador”.
Azotea del Palacio de Cibeles
Las actuaciones del Ayuntamiento en cuanto a apagones informativos no son nuevas ni encuentran su origen en las cámaras de seguridad. Un ejemplo palpable de esto se produjo a finales de 2022, coincidiendo con la manifestación que desbordó Madrid por los cuatro costados en defensa de la sanidad pública y contra la gestión de Sol en este ámbito.
Por aquel entonces, algunos periodistas lamentaron, además del episodio de las cámaras, que el Consistorio les negara el acceso a la parte alta del edificio -donde las panorámicas son, sencillamente, espectaculares- con sus equipos, por lo que se vieron obligados a sacar fotos y grabar con el teléfono móvil.
En este sentido, fuentes municipales indicaron dos áreas a ElPlural.com: la terraza de la séptima planta y el mirador de pago desde los que se aprecia a vista de pájaro a la diosa y todo cuanto la rodea. Respecto del primero, emitían que sólo se abre “en ocasiones puntuales”, mientras que lo segundo se corresponde con un lugar “exclusivo para visitantes”.
Desde la izquierda afean al edil primero que utilice a modo de “cortijo particular” elementos que “son patrimonio de todos los madrileños”, quienes “tienen libertad para expresar lo que piensan independientemente de quien gobierne”.
“Al alcalde no se le pide que avale o no la causa de una manifestación, sino que garantice que el patrimonio de todos los madrileños sirva para la función que tiene (…) No puede utilizarse a la ligera ni estar a su servicio, porque así lo único que hace es clasificar a los madrileños”, insiste Pérez.
“Motivos de seguridad y protección de datos”
Para la presente ocasión ElPlural.com se ha vuelto a dirigir al Ayuntamiento, y esta ha sido su versión: “Las cámaras no se apagan, solo se deja de emitir en la web por motivos de seguridad y protección de datos”.
Asimismo, en el Área de Urbanismo señalan que es un procedimiento que se toma también para cuestiones como los “accidentes de tráfico” u ocasiones que requieren la “asistencia de servicios de emergencia” en caso de que haya fallecidos o “esté en actuación de emergencia”.
También emplazan que en los ejemplos de “manifestaciones menos importantes”, las cámaras “no apuntan hacia la gente que se manifiesta, sino al tráfico de alrededor”. “Y si este extremo no es posible, se corta la salida por Internet de las imágenes”, dirigen.
“Siempre se quitan de internet aquellas imágenes de manifestaciones que no cumplen función de gestión de la circulación porque no pueden pasar vehículos y solo hay personas”, apostillan a la vez que defienden que las imágenes “se vuelven a abrir a internet una vez se libera el corte y pueden pasar los vehículos”.
“En aquellas instantáneas en las que se utilizan vehículos -por ejemplo, las del taxi- se mantienen encendidas, puesto que suele haber vehículos de particulares coexistiendo y deben además respetar los semáforos y las normas de circulación”, acentúa el Consistorio.
Y concluye: “En todos los casos las imágenes se ven en el Centro de Gestión de Movilidad y en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM)”.
Apagón informativo para las manifestaciones que no interesan al PP
Los apagones informativos han caído del mismo lado en los últimos años. Así las cosas, según la lista que recogen varios usuarios y que fuentes socialistas desarrollan a ElPlural.com, las cámaras de vigilancia se han apagado para marchas por la sanidad pública, por el 8M -Día de la Mujer- o a favor de Palestina pero se han mantenido activas en las de la amnistía o los transportistas, por ejemplo.