El colectivo ultracatólico Abogados Cristianos ha llevado ante el Tribunal de Cuentas a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, acusándola de haber adjudicado de forma irregular más de 2.500 contratos a clínicas privadas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo desde 2016. La organización de extrema derecha sostiene que el Ejecutivo madrileño habría empleado de forma sistemática los contratos menores para sortear la obligación legal de convocar concursos públicos, lo que supondría una vulneración grave de la legislación de contratación pública.
Según denuncia la propia fundación en un comunicado, la Comunidad de Madrid habría fragmentado deliberadamente contratos de gran cuantía para otorgarlos sin licitación, evitando los mecanismos de control que exige la ley y obstaculizando así el escrutinio público. La cifra total adjudicada mediante este procedimiento opaco asciende, según los datos aportados, a más de 9 millones de euros, distribuidos entre siete centros médicos de la región.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha calificado estos hechos como un “uso masivo e ilícito” de contratos menores con la intención de “encubrir contratos millonarios” y eludir controles administrativos. La denuncia solicita que el Tribunal de Cuentas determine si existe responsabilidad contable por parte de los gestores públicos implicados, lo que podría traducirse en sanciones económicas y exigencia de responsabilidades patrimoniales.
Contradicciones del Gobierno de Ayuso
Aunque la denuncia proviene de un colectivo que mantiene una postura profundamente ideológica y hostil hacia los derechos sexuales y reproductivos - incluido el aborto legal, que es un derecho plenamente reconocido en España -, el caso pone de relieve de nuevo el modelo de externalización y privatización de la sanidad madrileña impulsado por el PP.
La Comunidad de Madrid, que mantiene una posición ambigua respecto al aborto, ha derivado durante años esta prestación a centros privados, lo que revela la falta de voluntad política de garantizar este derecho desde el sistema público de salud. Paradójicamente, esto ha sido utilizado ahora por Abogados Cristianos como argumento jurídico para su ofensiva judicial.
Pero las críticas al Gobierno de Ayuso no provienen solo de sectores ultraconservadores. Desde la oposición parlamentaria se denuncia desde hace años la opacidad sistemática del Ejecutivo madrileño, especialmente en lo que respecta a la gestión del controvertido Hospital Isabel Zendal, símbolo de la propaganda sanitaria del PP durante la pandemia.
Zendal, el “milagro sanitario” que nadie puede fiscalizar
El Zendal fue inaugurado en 2020 con la promesa de convertirse en un referente mundial. Hoy, sin embargo, es un pozo sin fondo de dinero público, que ha costado más de 300 millones de euros y que solo atendió a un paciente en 2023, según datos obtenidos con dificultad a través del Portal de Transparencia.
Lejos de rendir cuentas con claridad, el Gobierno regional ha bloqueado durante años el acceso a datos clave sobre su funcionamiento. Así lo denuncia el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carlos Moreno, quien señala que incluso la Cámara de Cuentas - teóricamente independiente - ha permanecido silente sobre este caso, pese a las reiteradas solicitudes de información.
La explicación a ese silencio se encuentra, en parte, en el polémico nombramiento de Joaquín Leguina al frente de la institución. El expresidente socialista, expulsado del PSOE por su apoyo público a Isabel Díaz Ayuso, fue designado en 2024 como presidente de la Cámara de Cuentas gracias a la mayoría absoluta del PP, que impuso su nombramiento pese a las críticas de los partidos progresistas. Leguina, convertido en uno de los más fervientes defensores de la presidenta madrileña, se ha integrado en el aparato institucional que respalda la falta de transparencia del Ejecutivo.
Una doble vara de medir
Lo paradójico del caso es que mientras colectivos ultraconservadores como Abogados Cristianos acusan a Ayuso de adjudicar contratos de forma irregular a clínicas abortistas - en una estrategia evidente de desgaste ideológico -, desde el otro lado del espectro político se insiste en que el verdadero escándalo es la opacidad estructural del PP madrileño.
Contratos menores, hospitales sin actividad, millones sin justificar, órganos fiscalizadores convertidos en instrumentos partidistas… La Comunidad de Madrid sigue acumulando sombras, y Ayuso mantiene su línea discursiva de libertad mientras multiplica los blindajes a su gestión. Ahora, incluso sus socios ideológicos empiezan a pasar factura.
