El Parque Tecnológico de Valdemingómez, un complejo de plantas de tratamiento de residuos urbanos de Madrid, lleva tiempo en el foco de la polémica. A las protestas de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente para pedir el cierre de la incineradora del complejo se suma la denuncia de Más Madrid por las irregularidades y la opacidad del Ayuntamiento de Madrid en su gestión.
El contrato para la gestión de la planta de Las Lomas, donde se incineran los residuos urbanos, finalizó el 4 de junio de 2020 y desde entonces no se ha realizado uno nuevo. No se ha llevado ninguna convalidación de gasto a la Junta de Gobierno y tampoco se ha registrado ningún compromiso de gasto en el presupuesto de 2020 más allá de junio de ese año. Así, salvo que la planta esté cerrada, que no es el caso, el equipo de gobierno tendrá que convalidar en Junta de Gobierno y aprobar reconocimientos extrajudiciales de crédito en el Pleno para poder pagar la gestión de la planta durante el tiempo que no se adjudique el nuevo contrato a Urbaser, empresa gestora. Al retrasar la puesta en vigor del nuevo contrato también se retrasa la fecha de cierre de la incineradora, prevista para 2025, pero también se genera una situación ilegal en cuanto a que no existe un contrato que sustente las prestaciones que cobrará Urbaser hasta la adjudicación del nuevo contrato.
Paco Pérez, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha explicado en declaraciones a ElPlural.com que la presidenta de la Junta municipal de la Villa de Vallecas informó de que el equipo de gobierno anterior no les dejó nada, en respuesta a una pregunta de Más Madrid sobre su valoración en el asunto de que no se realice un nuevo contrato. Este argumento ha sido rechazado por el concejal: "Hay que tener en cuenta que el contrato venció en junio, un año después de que asumirán el Gobierno, por lo que es inaceptable que en un año de mandato no redactaran los pliegos de condiciones para hacer la licitación de un nuevo contrato en su tiempo y forma".
"Ahora, han pasado 8 meses desde la finalización del contrato y siguen sin tener los pliegos redactados", sentencia al respecto. Sobre sus hipótesis para justificar esta maniobra del equipo de PP y Ciudadanos al frente del Ayuntamiento madrileño en cuanto a la gestión de Valdemingómez, Pérez señala que "en el nuevo contrato se tiene que ver la previsión que tiene el Gobierno y cuáles son las expectativas de cara al funcionamiento de la incineradora". Estos aspectos los considera de vital importancia al tener en cuenta que se estableció un compromiso de que en 2022 se incineraría la mitad que ahora y en 2025 se procedería al cierre de la planta.
"Intereses económicos, situación irregular y opacidad"
Paco Pérez se muestra tajante ante este asunto partiendo de la base de que "los estudios que se han realizado en la zona revelan que las dioxinas y puranos, cancerígenos, presentes en las zonas aledañas a la planta duplican los valores que, por ejemplo, en el barrio de Salamanca". El compromiso de cierre es "una carta que no quieren enseñar en este momento por los intereses económicos, ya que la incineradora ha movido desde 1990, año en el que se adjudicó el contrato a Urbaser, más de 600 millones de euros, más la electricidad que genera y se inyecta directamente a la red", explica el concejal a este periódico.
Asimismo, Pérez apunta a la necesidad de sustituir la práctica de la incineración por sistemas más convencionales pero, a la vez, más económicos, que también generarían más puestos de trabajo. "La situación actual sin contrato y convalidando gastos es muy irregular y es un sistema de gestión opaco y totalmente sumido en la oscuridad", sentencia el concejal de Más Madrid.
