Después de haberse dictado el auto de juicio oral, decretado por el juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, en la causa por la corrupción de la Trama Eólica, ha llegado un nuevo episodio. La Junta de Castilla y León, que se había considerado como responsable civil subsidiaria y a la que se fijó una fianza de 24,1 millones de euros, ha solicitado su personación como parte en la investigación de esta trama de corrupción, la mayor en la historia de Castilla y León.
Entre los acusados se encuentran ex altos cargos de la Junta, de la Consejería de Economía, como el titular de la cartera Tomás Villanueva o el ex viceconsejero y secretario general, Rafael Delgado. Es a este último al que la Fiscalía Anticorrupción considera como cabecilla de la trama y para quien ha pedido una pena de 42 años de cárcel y una multa de 239 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y extorsión.
Así, la Fiscalía considera que Delgado habría seguido las instrucciones del fallecido exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, y junto con Ricardo Bravos, responsable de Iberdrola, urdió la trama con las supuestas mordidas por la agilización en la tramitación de determinados parques eólicos entre los años 2000 y 2015.
En el escrito remitido al Juzgado, la letrada de los servicios jurídicos de la Junta, María Luis Vidueira, pide al juzgado que “acuerde tener por personada y parte a la Administración de la comunidad autónoma de Castilla y León”. Además, también reclama que se le entregue el auto de apertura de juicio oral y copia íntegra de todo lo actuado en el procedimiento hasta este momento. Así lo ha adelantado el diario El Mundo de Castilla y León.
Al tiempo, el consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, anunció que la Junta no pagará la fianza que exige el juez y acusó al PSOE de “montarse una película” con los 24 millones de fianza. “La película que nos ha contado no va a poder tapar lo que sin duda va a pasar a la historia como una de las meteduras de pata más importantes que hemos visto en las Cortes”, decía en el pleno.
Ibáñez ha sustentado la decisión de no pagar la fianza en el artículo 32 del estatuto de autonomía, donde se fija que la Junta de Castilla y León “gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado” como “la exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o tribunal jurisdiccional”. Así, el consejero de Presidencia dijo contra el PSOE: “Si se lo hubieran leído, sabrían que la Junta de Castilla y León, abro comillas, está exenta de presentar fianza ante cualquier órgano o tribunal jurisdiccional, cierro comillas”.
