Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas gracias a varias prórrogas y adendas de ampliación de gasto un contrato original de 70 millones de euros en el marco de la respuesta a la pandemia. El Gobierno de Juanma Moreno se amparó en la contratación por la vía de emergencia para combatir la pandemia a pesar de que el decreto fue derogado en mayo de 2021.

Tal y como publica eldiario.es, el gobierno del PP recortó hasta en 55,1 millones de euros la partida destinada al SAS durante 2021 y 2022. En total, casi un tercio del sobregasto complementario para sanidad privada, se ha destinado directamente del presupuesto para la sanidad pública para pagar a las clínicas privadas. Entre los meses de noviembre y diciembre de 2022, el gobierno de Juanma Moreno aprobó tres transferencias de 55,1 millones del presupuesto del SAS para “hacer frente a las obligaciones que derivan del Concierto de Asistencia Sanitaria con centros privados ocasionada por la Covid-19, que fue calificado de emergencia y estuvo motivado por la suspensión de la actividad quirúrgica y de estudios diagnósticos”.

Además, fueron aprobadas en Consejo de Gobierno dado que las tres modificaciones presupuestarias superan los 3 millones de euros y, debido a la norma, debe tener una aprobación expresa del presidente y los consejeros. En concreto, el 2 de noviembre se aprobaron 34,9 millones de euros; el 20 de diciembre 9,2 millones y el 27 de diciembre otros 11 millones. Esta última fue aprobada tres días antes de que el SAS firmase la cuarta prórroga de los contratos a dedo con las clínicas privadas, añadiendo otros ocho millones de euros al montante total.

En el escrito que acompaña a la modificación presupuestaria más abultada se indica que el recorte a la sanidad pública andaluza “no tendrá ninguna incidencia en la actividad asistencial ni formativa que presta el SAS”. “No obstante -añade a continuación-, se tratará de realizar una gestión eficiente, tanto presupuestaria como asistencial, para paliar los efectos de esta reducción de dotaciones”.

Sin partidas tres dotaciones

Los 50 millones recortan hasta tres partidas concretas. La primera de ellas tiene que ver con la “formación sanitaria, continua y postgrado”, la segunda sobre las "prestaciones complementarias y farmacéuticas” y la tercera para la atención sanitaria. Este último, con nombre genérico, engloba según el citado medio a todo el presupuesto del Sistema Andaluz de Salud incluyendo el gasto específico para la sanidad pública, como el que se destina para externalizar operaciones y pruebas diagnósticas con empresas privadas.

Los tres estaban dentro de los "objetivos estrátégicos" del SAS. Así, el dinero recortado estaba proyectado para "proporcionar soporte sanitario a la Ley de Dependencia; potenciar el autocuidado de enfermos crónicos; incrementar el porcentaje de crónicos priorizados con un Plan de Acción Personalizado” así como formar al la plantilla o “mejorar la capacitación de los profesionales en competencias digitales a través de nuevas tecnologías”. Una de esas partidas que han visto recortada a cero su partida para dar el dinero a la privada pretendía "mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española" y “promocionar la prescripción por principio activo” para abaratar costes al SAS.

79 contratos para la sanidad privada

El Gobierno andaluz viene firmando contratos con la sanidad privada por una cantidad que oscilaría entre los 117 y los 226 millones de euros, según desvela ‘eldiario.es’. Los contratos están al amparo de la emergencia por la pandemia, que suspendía procedimientos administrativos en el del Real Decreto-ley 7/2020. Sin embargo, ese atajo legal fue derogado en el BOE del 9 mayo de 2021.

La adjudicación inicial de 70 millones de euros de enero de 2021 ha sido objeto de prórrogas y adendas adicionales que elevan la cantidad astronómicamente, llegan a triplicarla y extienden en el tiempo la emergencia del COVID hasta el próximo verano. Las cantidades tienen una horquilla de decenas de millones de euros, ya que los contratos no están expuestos en su totalidad en el portal de licitaciones.

Las reacciones no se hacen esperar. Desde la oposición, el secretario general del PSOE–A, Juan Espadas, califica de “muy grave” los hechos, “no se pueden despachar, como habitualmente hace Moreno Bonilla ante nuestras críticas, diciendo que esto también es un bulo”. Los socialistas amenazan con tomar medidas judiciales si no se esclarecen los motivos de estos contratos.

Desde la Junta de Andalucía aducen que los 79 contratos iniciales que se adjudicaron a dedo con clínicas privadas y sus prórrogas y adendas cuentan con aval jurídico, amparándose en el Reglamento Sanitario Internacional y en las declaraciones de la OMS.

No obstante, existen informes de la propia Dirección General de Contratación de la propia Junta de Andalucía que advertía de que el volumen de contratación por emergencia no era “conciliable con la situación actual de la pandemia”, decía a través de una instrucción general de junio de 2021, recordando que la programación de la contratación es una obligación en el sector público.

Sin embargo, a pesar del propio informe, el trasvase de fondos públicos a la privada ha seguido –y sigue– operando con contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva dos años y medio después de que terminara la emergencia administrativa por COVID.