El pasado viernes, se conocía que el Síndic de Greuges, organismo defensor del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, había resuelto en contra de la iniciativa del Consell de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, de mostrar las caras varios menores tutelados en una visita al Bioparc de Valencia.
El defensor del pueblo reprendió en un comunicado a la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, por vulnerar los derechos de los menores. Ahora, la oposición denuncia que la consellería de Servicios Sociales, que dirige Camarero, justificó dicha visita como actividad en las zonas afectadas por la DANA que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre.
Así lo recoge el comunicado de los servicios sociales del pasado 17 de enero, que respondía a la queja formal presentada por José Muñoz, síndic del PSPV-PSOE en Les Corts. En él se recoge que “la visita al Bioparc de personas acogidas residencialmente el pasado día 26 de diciembre fue programada dentro de las actividades de ocio y tiempo libre que se están realizando durante las fiestas navideñas en las residencias de protección de la provincia de Valencia y, de manera especial, aquellas que están ubicadas en las zonas afectadas por la DANA”.
Las excusas de Camarero sobre la polémica de los menores tutelados
Bajo esta excusa, el comunicado de la consellería de Camarero, al que ha tenido acceso ElPlural.com, trató de argumentar que “en el vídeo o no se cita el nombre de las personas menores de edad ni el de las residencias que están participando de dicha actividad”. Del mismo modo, señalaba que “en las imágenes no se realizan primeros planos con el fin de salvaguardar la identidad de las personas participantes, siendo en todo momento planos genéricos. Así mismo, las imágenes difundidas no han implicado un menoscabo de su honra o reputación ni son contrarias a sus intereses”.
El área que dirige Camarero, ya de por sí muy discutida por su posición hostil frente a los periodistas en las ruedas de prensa del Consell, trató de defender que los argumentos del síndic socialista eran falsos: Por tanto, no son ciertos los hechos denunciados en cuanto al relato que de los mismos se hace, de manera tendenciosa, en la queja interpuesta”, exponía.
El Ejecutivo de Mazón, a pesar del foco en el que se encuentra su líder por su ausencia al frente de la gestión de la DANA durante la tarde del 29 de octubre, se permite responder a quienes señalan sus errores utilizando como excusa las inundaciones en las que 227 valencianos perdieron la vida mientras el president comía en El Ventorro. Precisamente Camarero estuvo en el ojo del huracán la pasada semana tras declarar que no podía hablar de casos que estaban siendo judicializados en referencia a una pregunta sobre las llamadas trasladadas al CECOPI. Además, la consellera reiteró su apoyo a la gestión de Carlos Mazón y se negó a declarar sobre asuntos que pudieran comprometer el trabajo del presidente durante la DANA.
Greuges resuelve en contra del Consell de Mazón
A pesar de los argumentos de la consellería, el Síndic de Greuges consideró que el Ejecutivo valenciano había vulnerado varios derechos de menores tutelados en las publicaciones relativas a la visita al Bioparc de Valencia. El defensor del pueblo instó al Consell a adoptar una serie de recomendaciones para que estas vulneraciones no vuelvan a suceder.
"Recomendamos que se adopten las medidas oportunas que permitan prevenir intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores tutelados por la Generalitat Valenciana", expone el comunicado. "Recomendamos que se adopten las medidas oportunas que permitan proteger los datos personales de los menores afectados cuya imagen fue publicitada en redes sociales", prosigue.
El Síndic del grupo socialista, José Muñoz Lladró, no dudó en recordar esta intromisión en los derechos de los menores tutelados de Torrent y de Buñol. Muñoz Lladró ha señalado este mismo viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, que se “incurre en una actuación que ha de ser reprobada contundentemente”, señalando que, como la máxima responsable de los servicios sociales, no conoce el correcto funcionamiento del sistema de protección a menores en la Comunidad Valenciana. Además, ha subrayado que, al tratarse de niños y niñas en situación de protección, no se pueden difundir informaciones que señalen la localización de los mismos ya que pueden quedar expuestos a la posibilidad de que sus familias los reconozcan e incluso localicen.
