El pasado 1 de julio, la Xunta de Galicia asumía la gestión del litoral gallego, una competencia que hasta ahora descansaba sobre el Ejecutivo central. La hoja de ruta del equipo de Alfonso Rueda en materia de playas, que bebe de esta concesión de Moncloa, ha incorporado un concurso de ideas para llenar estos espacios de chiringuitos.
La intención de los ‘populares’, cuya gestión se encuentra este verano en entredicho por su inoperancia ante la oleada de incendios que ha resultado especialmente virulenta en regiones como la gallega -imágenes como las del presidente en una plaza de toros mientras montes y pueblos quedaron grabadas en la retina de la ciudadanía gallega- pasa por incorporar chiringuitos a la costa.
Según publica esta semana Infolibre, la Conselleria de Medio Ambiente, a través del Instituto de Estudos do Territorio, ha dado luz verde al mencionado concurso de ideas “para el diseño de un prototipo biosostenible” hacia las playas gallegas. La idea de la Xunta pasaría por el “diseño de un prototipo biosostenible” que permita “transformar el concepto tradicional de chiringuito en una instalación ejemplar desde el punto de vista ambiental, social, funcional y paisajístico”.
La memoria justificativa emite que el traspaso de competencias es un filón para “repensar el modelo de ocupación y uso del litoral, promoviendo infraestructuras que minimicen su impacto ambiental y se integren armónicamente en el paisaje”. El texto habla directamente de chiringuitos refiriéndose a ellos como “los establecimientos dedicados a la venta de bebidas, bocadillos, helados y, en ocasiones, comidas sencillas -tapas, menús- que ocupan pequeñas construcciones situadas en espacios abiertos, y que suelen contar con una terraza”. “Se trata del tipo de establecimientos popularmente conocidos como chiringuitos, que se sitúan en muchas playas del litoral”, dicta abiertamente.
Condiciones del concurso
Las condiciones del concurso es que los chiringuitos que se propongan deben estar en concordancia con una “adecuada integración en el entorno, en distintas localizaciones geográficas, tipos de playa y emplazamientos en la misma, de ser necesario mediante la variación prevista de materiales de su entorno y elementos funcionales exteriores”.
En este sentido, mientras la comunidad mantiene inmuebles en sus playas que estarían vulnerando la Ley de Costas -el ejemplo más palpable de ello es la vivienda que la mujer de Alberto Núñez Feijóo disfruta en Moaña (Pontevedra)- destaca que las áreas de los chiringuitos que se instalen deben diferenciarse “como mínimo”, entre “entornos naturales y urbanizados”.
Entre otras de las obligatoriedades se encuentran que estas infraestructuras tienen que ser desmontables y transportables para facilitar su retirada cuando termine cada verano y que no se podrán usar obras de fábrica para su puesta, ni elementos que no sean desmontables e impliquen que se queden en el litoral restos de la instalación. Asimismo, las dimensiones de los chiringuitos tienen que ser de una superficie máxima cerrada de 20 metros cuadrados y otra abierta, para terraza, de 50; siendo 70 metros cuadrados la ocupación total.
Regulación del uso de dominio público marítimo-terrestre
Cuando se mantiene la polémica por la casa de Cárdenas de la que comenzó informando en exclusiva ElPlural.com, las líneas de actuación del Ejecutivo gallego chocan con privilegios como éste.
Así las cosas, desde el momento mismo en que se anunció el primer traspaso de competencias del litoral – que el PP de Galicia esperaba desde que Feijóo era presidente de la Xunta- el Gobierno de Rueda prometió una regulación más eficaz del uso de dominio público marítimo-terrestre.
Entre las medidas anunciadas para ello se erigen la creación de un registro de concesiones, un procedimiento unificado para otorgar licencias, un catálogo del patrimonio cultural de la costa o un plan para dar una segunda vida a edificaciones que ya existen, incluso reconvirtiéndolas en hoteles.
Galicia, que dejó claro que el inmueble de la otrora responsable de Zara Home era competencia únicamente del Estado, se compromete a controlar las ocupaciones, autorizar nuevos usos y proteger el valor ambiental y patrimonial del litoral. Para ello, puso sobre la mesa la constitución de una comisión mixta entre administraciones para la entrega de expedientes y documentación o la creación de un órgano consultivo en el que estarán representados la patronal, distintos sectores económicos, entidades ecologistas y administraciones locales a las que, sobre el papel, se las quiere dotar de un mayor peso en las decisiones que afectan al medio ambiente.
Las líneas de actuación incorporan nuevas directrices de ordenación del litoral, que deberán establecer los criterios para futuras concesiones, o un catálogo de bienes patrimoniales situados en la franja costera, algunos de los cuales podrían rehabilitarse con usos turísticos como hoteles o centros culturales.