El pasado mes de septiembre el Grupo Socialista en el Parlamento dio un paso adelante en el marco de los 13 contratos que la Xunta de Galicia -bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo- firmó con Equipo Económico, el bufete de abogados del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. A través de una petición formal, el Grupo Parlamentario Socialista instó a la Xunta a entregar una copia de todos los contratos y los informes finales correspondientes.
Cuando se van a cumplir meses de aquella petición -del 12 de septiembre-, los socialistas en el parlamento gallego insisten en que el Ejecutivo autonómico ponga en su disposición la información que reclamaban, a la vez que acusan a la Xunta de “opacidad” que “alimenta legítimas dudas sobre la utilidad real de estos contratos”. “Hasta la fecha, esta documentación de los expedientes de contratación no se ha enviado, vulnerando así los principios de transparencia, colaboración parlamentaria y control democrático de la acción del Gobierno. Esta situación es incompatible con el deber de una administración pública ejemplar, con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y con el derecho de los grupos parlamentarios a ejercer plenamente sus funciones de control y supervisión”, alegan los socialistas en la cámara autonómica.
En línea con todo ello, las diputadas socialistas Patricia Iglesias Rey, Paloma Castro Rey y María Elena Espinosa Mangana, a través de un escrito presentado en mesa parlamentaria, interpelan al Gobierno gallego por las siguientes razones: “¿Por qué no se ha remitido aún al Parlamento gallego la copia completa de los contratos menores solicitada formalmente el 12 de septiembre de 2025?”, “¿Considera la Xunta de Galicia adecuado y conforme a la ley pagar por informes que carecen de firma, no contienen conclusiones técnicas, o se limitan a reproducir la normativa tributaria estatal sin adaptarla a la realidad gallega?”, “¿Qué criterios técnicos y de interés público justificaron la contratación de un gabinete privado para elaborar propuestas de reducciones de impuestos específicos de la Comunidad Autónoma?”, “¿Ha utilizado la Xunta de Galicia alguno de los informes elaborados por el Equipo Económico como base para decisiones estratégicas de política económica, fiscal o financiera? ¿Cuáles”, así como saber si “¿adoptará la Xunta de Galicia medidas correctoras para evitar situaciones de opacidad, documentación incompleta y vulneración del derecho al control parlamentario en el futuro?”.
Al margen de estas preguntas lanzadas en mesa parlamentaria, los socialistas gallegos recuerdan que también en septiembre el portavoz socialista encargado de la transparencia en el Parlamento gallego acudió a las oficinas de la Secretaría General Técnica y de Patrimonio del Ministerio de Hacienda para consultar los expedientes administrativos relativos a estos contratos menores, y con ello pudieron “constatar hechos de especial gravedad institucional”.
En esta línea, subrayan la “existencia de informes presentados en forma de borradores simples, sin firma, fecha ni identificación del personal responsable”, “la incorporación de documentos de carácter general sobre normativa tributaria estatal, sin relación directa con las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia”, “propuestas genéricas de reducciones fiscales en impuestos como el patrimonio, las sucesiones y las donaciones, coincidentes con la ideología política del PP, pero sin adaptación técnica a la realidad regulatoria gallega” y “la inclusión de un documento en formato PowerPoint, sin firma ni autoría, relativo a la fusión de las cajas de ahorros gallegas, que no contiene conclusiones técnicas ni recomendaciones finales, a pesar de haber sido utilizado como apoyo político para una de las decisiones económicas más trascendentales de la historia reciente de Galicia”.
2010, el año con más contratos
A lo largo de 2010, la Xunta de Galicia formalizó seis contratos con Equipo Económico. El montante de todos ellos asciende hasta los 86.440 euros.
El primero de estos contratos a los que ha tenido acceso este periódico data del 2 de marzo. Por un importe de 12.760 euros, la secretaría general de patrimonio y Hacienda encargó un informe “sobre la fiscalidad internacional de I+D+i, situación en propuestas de mejora”. El pago se realizó apenas 15 días después, el 16 de marzo de 2010.
En el mes de abril se formalizaron dos contratos, también por la secretaría general de patrimonio y Hacienda. El primero de estos fue el 8 de abril por 13.920 euros para la realización de un informe sobre “la posible prórroga y consolidación de beneficios fiscales relacionados con el Xacobeo 2010”; y el segundo el día 21 por 10.440 euros para el informe “sobre las cuestiones a valorar de cara a la creación de una agencia tributaria en Galicia”. Ambos se pagaron el 22 de junio del mismo año.
El 4 de junio, la secretaría general de patrimonio y Hacienda encargó a Equipo Económico un informe de “observaciones al Plan estratégico de Galicia 2010-2014” por 13.920 euros. El pago se efectuó poco más de un mes después, el 12 de julio.
Por su parte, la secretaría general de Presidencia selló con el bufete de Cristóbal Montoro dos contratos durante 2010. El 9 de julio, por 14.160 euros, le pidió “propuestas de medidas fiscales de interés para la comunidad autónoma de Galicia”; mientras que el 21 de noviembre, por 21.240 euros, le encargó “un requerimiento previo y un recurso de entregas a cuenta 2011 del sistema de financiación autonómica”. El pago del primero se efectuó el 11 de noviembre y el del segundo el 20 de febrero de 2011.
