A la vista del último movimiento anunciado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, parece que los movimientos realizados en Bruselas, con visita y reuniones de la conselleira del ramo incluidas, no van a dar sus frutos. 

En este contexto podría incluirse el anuncio de los cambios en materia de energía eólica y que, como han publicado algunos medios, podría conllevar el cierre de hasta 3.000 molinos de viento repartidos por toda la geografía gallega. 

Esa es la cantidad de estas enorme infraestructuras que se verán afectadas si finalmente sale adelante la medida del ejecutivo autonómico que pretende desmantelar hasta 100 parques de este tipo.

Se trata de uno los punto que incorpora el nuevo plan regional en la materia y se refiere a la modernización de estos molinos para adaptarlos a las nuevas tecnologías que los conviertan en mucho más eficientes para generan más energía y, a su vez, provoquen mucho menos impacto visual y ambiental. 

No se han tomado bien las compañías la decisión de la Xunta e, incluso, piden la intervención del Gobierno central. Mientras esto se resuelve, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sigue dictando resoluciones que ponen en entredicho las políticas eólicas de la administración gallega. 

Las últimas tienen que ver con tres parques situados en las provincias de A Coruña, Ourense y Lugo. En concreto, el alto tribunal ha acordado suspender cautelarmente las instalaciones de Penas Boas, Orballeira y Fial das Corzas.

En el auto relativo al primero de ellos, que abarca los términos de los concellos coruñeses de Aranga, Oza-Cesuras y Coirós, se señala que "la prueba pericial que aporta la demandante denota -al menos indiciariamente- un impacto irreversible sobre ciertos valores ambientales si se construye el parque, haciendo ineficaz la sentencia futura, que quedaría en papel mojado al haberse malogrado el medio en el momento en que se dictara".

Tres parques más

Una vez más, también hace hincapié en la doctrina del Tribunal Supremo consolidada que "otorga prevalencia a la preservación del medio ambiente, determinando la suspensión de los actos que incidan desfavorablemente sobre el mismo". Por ello, añaden que, si existe tal afección, "-y, en el presente caso, en términos indiciarios, la hay"- el artículo 45 de la Constitución Española "hace obligada la suspensión del acto administrativo susceptible de causar perjuicios de difícil reparación al medio ambiente como bien jurídico constitucionalmente protegido".

El parque eólico Orballeira, que afecta a las localidades ourensanas de A Rúa, Vilamartín de Valdeorras y a la lucense de Quiroga se paraliza la porque se ha acreditado "la posibilidad real de un daño medioambiental", al tiempo que indica que, para resolver la solicitud de medida cautelar, de nuevo "resulta útil" tomar en consideración la jurisprudencia del alto tribunal.

Por último, en el caso del recinto Fial das Corzas, situado en los ayuntamientos de Laza y Vilar de Barrio (en Ourense), sucede lo mismo que en los dos anteriores, indicando que "algunas infraestructuras del proyecto coinciden con zonas de máxima sensibilidad ambiental". Además, el auto también subraya que, según un informe pericial, "hay dos aerogeneradores que están próximos a las viviendas de las familias y que no cumplimentan la distancia recomendada".

Pero las malas noticias para las empresas y la gestión que de esta materia hace la Xunta no se quedan aquí, puesto que la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, ha informado de que otros tres parques más Monte Festeiros, Outeiro Grande y As Penizas, también acaban de ser paralizados cautelarmente, a pesar de disponer de la autorización administrativa y de construcción concedida por la Xunta.

De nuevo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vuelve a argumentar que la decisión se basa en las indicios probados por Adega de que las obras de estos parques podrían ocasionar daños irreparables en el medio ambiente por la afectación a áreas de especial interés paisajístico, así como por su cercanía a espacios naturales protegidos como Rede Natura. 

A día de hoy, según ha señalado el TSXG, este organismo judicial ha emitido un total de 151 autos relativos a solicitudes de suspensión de autorizaciones administrativas previas y de construcción de 67 parques eólicos, de los cuales 62 han sido suspendidos.