El Consello de la Xunta de Galicia reunido ayer dio a conocer un informe sobre una experiencia llevada a cabo en la región que preside Alfonso Rueda. Coincidiendo con la conmemoración hoy del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el dirigente gallego resaltó que su Ejecutivo tiene “tolerancia cero” contra este tipo de comportamientos, a pesar de las críticas que ha venido recibiendo en este sentido.

Tal y como informó este lunes, su Gobierno “avanza en la detección precoz” de la violencia de género, “a través del cribado que realiza el Servizo Galego de Saúde (Sergas)”. Según detalló, a través de esta experiencia se realizaron más de 1.300 entrevistas a mujeres en lo que va de año “lo que permitió prestar atención a 32 de ellas con riesgo de ser víctimas”.

El objetivo de la administración autonómica es “poner en marcha un protocolo” y establecer pautas que “guíen la búsqueda activa de mujeres que puedan sufrir esta situación”. El propio presidente gallego señaló tras la reunión del Consello que este cribado “consiste en la realización de una breve encuesta validada cientificamente a calquier mujer a partir de 15 años cuando acude a una consulta con los distintos profesionales sanitarios de los centros de Atención Primaria y esto observan algún síntoma de alerta”.

Sin embargo, frente a los beneficios que para la Xunta presenta este cribado, Amnistía Internacional ha hecho público un informe en el que se analiza la labor del Ejecutivo gallego y su gestión en esta materia.

En él, publicado coincidiendo también con este 25N, se analizan “los obstáculos que todavía, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, encuentran las víctimas de violencia sexual a la hora de recibir una atención integral y especializada”. Esto es así, según AI, por “el dispar funcionamiento de los centros de crisis 24 horas, un recurso que debe desempeñar un papel fundamental en su acompañamiento”.

El documento recoge que España incumple la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes, teniendo Galicia uno por cada 541.166 habitantes.

Otra de las características que revela el estudio tiene que ver con la apertura 24/7 de estos centros. Solo los de Galicia y Asturias, según AI, cumplen la condición.

Sin embargo, en lo que suspende la Xunta es en la ubicación de estos centros, puesto que “se encuentran dentro de centros hospitalarios”, y no es la localización más adecuada.

El centro de crisis del Hospital Álvaro Cunqueiro

Cita Amnistía Internacional el caso de Vigo y el Hospital Álvaro Cunqueiro. El centro de crisis se sitúa en la zona de urgencias para adultos y revela la organización que “en una visita de investigación, se tuvo que preguntar por él ante la ausencia de señalización informativa. Tras consultar en Información, donde no conocían su existencia, tuvo que ser un celador quien nos guiase tras decir que 'algo había oído sobre eso'”.

Otro de los 'debes' que el sistema presenta en Galicia tiene que ver con la escasez de recursos. Según Amnistía, a las dificultades que las víctimas tienen para el “acceso telefónico y presencial” a estos centros se suma “la preocupante situación de desbordamiento en la que se encuentran algunas de las profesionales que trabajan en ellos”. En el caso gallego, las instalaciones “solo tienen una asesora jurídica, dos trabajadoras sociales, tres psicólogas y una auxiliar administrativa, lo que puede condicionar la capacidad de atención”.

En este sentido, recuerdan que “es cierto que la Xunta tiene un acuerdo con el Colegio de Psicólogos de Galicia para ofrecer terapia a las mujeres usuarias de este servicio”, aunque ponen de relieve que “el número de sesiones está limitado de antemano a un máximo de treinta, sin evaluar previamente las necesidades reales de las víctimas”.

También analiza el informe de AI a las empresa que prestan estos servicios y, por extensión, las condiciones de trabajo del personal que generan cierta inquietud. Detalla la organización que esto es porque “en gran medida” las licitaciones públicas favorecen “a los licitadores más bajos, obligando a los proveedores a reducir costes en personal y en la calidad de los servicios”.

A modo de ejemplo vuelve a citar Vigo, donde la empresa que se ha hecho con la gestión del centro de crisis “se dedica al ámbito de la construcción, y en el resto de centros gallegos se trata de entidades que no indican tener como ámbito de trabajo o experiencia principal la atención a víctimas de violencia sexual”.

Otro de los factores que inciden de manera negativa tiene que ver con el reparto de la población en Galicia. Así, resalta el informe las “dificultades añadidas que pueden tener las mujeres rurales a la hora de acceder a ciertos servicios”, debido a que normalmente estos se encuentran en las capitales de provincia o núcleos urbanos.

En la región gallega, a causa de que la población está muy dispersa y además la red de transporte público no es buena, señala el análisis que cuentan con testimonios que indicaron que “el acceso al recurso no está financiado y las trabajadoras tampoco se desplazan”.