La transferencia de la competencia sobre la autopista AP9 que cruza Galicia de norte a sur está más próxima. Ayer fue “un gran día, un día de alegría” para la región por el que “llevamos trabajando mucho tiempo”, en palabras de la diputada socialista Patricia Otero.
La satisfacción mostrada por la parlamentaria del PSOE se justifica con la aprobación del informe de la ponencia de la ley de la citada vía con la que se procederá a transferir su gestión y titularidad a la Xunta.
La nota discordante para quienes dieron luz verde a este nuevo paso la protagonizaron las formaciones que votaron en contra (PP y Vox) y, en particular, los 'populares' porque el acuerdo llegaba del Parlamento gallego con el respaldo unánime de todos los grupos, incluido el Popular.
Precisamente, la nueva normativa sufrió un bloqueo al llegar a las Cortes desde Galicia, diferencias que fueron superadas hace algunas semanas por el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar. En el mismo se añadió al paso de la gestión de la autopista a la administración autonómica, su titularidad.
Este martes, además de rafiticarse la ponencia, se aprobó el informe para que la ley de la AP9 prosiga su trámite parlamentario y sea elevada al Pleno.
La Comisión de Transportes en la que se dieron esos pasos se vivieron momentos de tensión puesto que PP y Vox no dudaron en arremeter contra el acuerdo de las tres formaciones; por su parte, los firmantes quisieron ir más allá insistiendo en la reivindicación de eliminar el peaje de la vía.
Quedan por determinar de manera clara las obligaciones de las que se harán cargo las administraciones en relación con los diferentes aspectos que tienen que ver con la vía.
No obstante, la clave de todo es el apartado económico de este traspaso y, en particular, la discrepancia gira en torno a las cantidades que haya que abonar a la empresa concesionaria una vez se materialice la transferencia de la AP9.
Del acuerdo alcanzado se deriva que el Estado seguirá haciéndose cargo, respecto a la sociedad concesionaria, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.
La polémica con la Xunta se refiere a que, por lo aprobado, será la administración autonómica la que se hará cargo de "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso", en favor de la empresa adjudicataria.
"En dueda con la ciudadanía gallega"
De igual modo, PSOE, BNG y Sumar fijaron en el texto otra aspecto importante. En caso de que la Comunidad Autónoma quiera efectuar algún tipo de modificación sobre el régimen económico financiero de la concesión y esta se traduzca en “un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".
La diputada socialista, Patricia Otero, fue muy contundente con la actitud de los 'populares' y su unión con Vox para votar en contra.
A su juicio, el PP “en Galicia dice que quiere que la autopista sea gallega, pero en Madrid vota en contra”. Asimismo, les acusó de dedicarse a “boicotear el acuerdo con muchas mentiras”.
Otero afirmó que en el texto acordado se pone de manifiesto “la responsabilidad de cada administración y que será el Estado el que asuma las consecuencias” derivadas de asuntos relacionados con su período de titularidad de la infraestructura.
“Cuando tienen la oportunidad de ratificar se están del lado de la ciudadanía gallega, tras año diciendo que quieren la transferencia, votan en contra”, aseguró, añadiendo que el presidente, Alfonso Rueda, “tendrá que dar muchas explicaciones”.
La parlamentaria socialista también recordó lo ocurrido con la AP9 en tiempos de Aznar. El PP “tiene una deuda con la ciudadanía gallega” debido a la prórroga concedida en el año 2000, para despues privatizarla en 2003. Por ello, concluyó, “hay que tener mucha cara para decir que trabajan por conseguir la transferencia y después votar en contra”.
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