'Dato mata relato'. Esta expresión es utilizada en los últimos años de forma recurrente en el mundo de la política y, a la vista de lo que está ocurriendo en algunas áreas de la Xunta de Galicia, parece que seguirá utilizándose o que podría servir para rebatir las afirmaciones que realiza el Gobierno autonómico.
Si estos días dominó el debate la sanidad pública a raíz de la presentación del plan previsto por el Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda para la Atención Primaria, con críticas de la oposición y de organizaciones de profesionales que trabajan en la sanidad gallega, el testigo lo ha tomado una de las grandes preocupaciones -si no la que más inquietud genera- de la ciudadanía: la vivienda.
A ella se refirió la portavoz nacional, Ana Pontón, que en la capital gallega no dudo en criticar a Rueda de quien dijo que "tras 17 años continúe de brazos cruzados con los que dejó a las familias y a la gente joven en la estacada”, en referencia a la gestión llevada a cabo en esta materia desde que el PP gobierno en la región. Por eso le instó a que deje la "propaganda" que queda desmentida por los propios "datos oficiales".
Tal y como recordó, hace dos años el presidente gallego anunció que "en 2028 habría 4.000 nuevas viviendas públicas construidas". Sin embargo, la realidad es muy diferente porque a día de hoy "solo hay 171 viviendas protegidas terminadas, tanto de promoción pública como privada, que además estaban iniciadas antes de su anuncio”. Pontón ante esto fue contundente al denuncia que Rueda insista “en engañar y jugar con las ilusiones de la gente”.
Ahora mismo, todas las encuestas y trabajos demoscópicos sitúan la vivienda como la gran preocupación de los ciudadanos. A pesar de esto, según indicaron desde el Bloque Nacionalista Galego, el Gobierno de Alfonso Rueda "dejó sin invertir 490 millones de euros que tenía presupuestados entre los años 2019 y 2025" para políticas en esta materia.
Este dato se extrae del estudio encargado por la formación nacionalista y que ayer se presentó en Santiago de Compostela. En dicho trabajo realizado por el Instituto para el Desarrollo Económico de Galicia (IDEGA) de la Universidad de Santiago de Compostela. Según explicó el BNG se trata de un análisis "amplio y riguroso sobre la situación de la vivienda en Galicia que le permite al Bloque tener un diagnóstico completo para profundizar en sus alternativas reales”.
La líder nacionalista indicó que de este trabajo se pueden extraer como conclusiones principales que la construcción de vivienda protegida cayó en picado a partir del momento en que el PP, de la mano de Alberto Núñez Feijóo con su primera mayoría absoluta, recuperó la presidencia de la Xunta en 2009 tras el cuatrienio del bipartito (PSdeG-BNG). Esa caída "se prolonga hasta hoy" y acumula algunos años en los que la cifra de viviendas protegidas “fue absolutamente ridícula”. El paradigma es el ejercicio 2024, con cinco viviendas protegidas con calificación definitiva.
Las turísticas suben de forma exponencial
Junto a esta primera conclusión, Ana Pontón reveló otra que, además supone un contraste claro con la anterior y que tiene que ver con las llamadas Viviendas de Uso Turístico (VUT). Estas experimentaron entre 2020 y 2024 “un crecimiento exponencial” en Galicia, con la única excepción de Santiago donde descendieron un 13 por ciento. A su juicio, esto "no es casualidad", puesto que demuestra que "cuando hay políticas decididas como las que está llevando a cabo el Gobierno del BNG en este Ayuntamiento, se puede actuar para favorecer el derecho a la vivienda”.
Después de acusar a Alfonso Rueda, al que llamó "presidente del estancamiento" de "incapacidad" para plantear "soluciones y medidas reales y efectivas” adelantó que su formación en una jornada titulada ‘La vivienda en Galicia, retos y soluciones’, debatirá sobre las alternativas a poner en marcha en esta materia.
Bajo la premisa de que “Galicia merece que la vivienda vuelva a ser un derecho”, la máxima responsables del BNG apostó, entre otras cosas, porque la vivienda protegida tenga una declaración de protección permanente como fórmula para acabar con la especulación.
A esto sumó que sea la administración la que asuma la compra de toda la vivienda protegida que se ponga a la venta. Esto lo apoyó en la cifra de que en los últimos años "se vendieron casi 7.000 viviendas públicas que hoy podrían formar parte del parque público de vivienda y ponerse, por tanto, a disposición de la ciudadanía, si realmente el señor Rueda quisiera”.
El estudio revela que esa cifra se doblará en el próximo lustro hasta las 14.000 viviendas con algún tipo de protección, de ahí la importancia de que "siga manteniéndose en el ámbito de la gestión pública”. Otra de las acciones que proponen los nacionalistas gallegos es la declaración de zonas tensionadas como "herramienta para controlar el precio de los alquileres, frente a un Ejecutivo de Rueda que está boicoteando esta medida".
