El Partido Popular de Galicia siempre presume de transparencia en la gestión, una afirmación que, sin embargo, a tenor de lo que dicen desde la oposición, no se corresponde con la realidad ahora, con Alfonso Rueda al frente de la Xunta, y antes, durante las legislaturas de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno autonómico.
Ejemplos hay muchos y, además, chocan con las críticas que arrojan día tras día contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Entre otros asuntos, desde BNG, PsdeG y colectivos vecinales, ecologistas, sectores económicos, etc., se reclama desde hace años claridad y documentos que acrediten un proceder correcto en cuestiones como el proyecto de la macrocelulosa prevista en un principio para Palas de Rei (Lugo), o lo que sucede con numerosos proyectos de aerotermia y mineros, además de la poca luz que hubo durante la pandemia, a pesar de que Feijóo presumió en todo momento de lo contrario. En estos y otros casos siempre desde la administración se da la callada por respuesta.
Pero tampoco se ha arrojado claridad sobre las prórrogas de la AP9 o el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cerrando unas comisiones de investigación totalmente descafeinadas debido a los vetos del PP reforzados con sus mayorías absolutas.
Al margen de los ejemplos anteriores, un ámbito ha estado imbuido en un halo de oscuridad: el de los centros de servicios sociales (residencias de mayores y centros de menores).
En ellos se ha centrado Iago Tabarés, portavoz de Presidencia y Justicia del Bloque Nacionalista Galego, quien ha acusado a la Xunta de ocultar a la Cámara autonómica “información sobre las inspecciones” efectuadas en las instalaciones de mayores y menores. El fin último, según ha denunciado, es que “prescriban procedimientos administrativos que pueden derivar en sanciones a las empresas gestoras”.
El dirigente del BNG ha sido claro al explicar que desde el Ejecutivo de Rueda se están dejando caducar “procedimientos sancionadores incoados”. Esta manera de proceder a su juicio impulsada por el Gobierno de la Xunta, “con la complicidad del PP en el Parlamento, está vulnerando de manera reiterada los derechos de los diputados, y de la propia ciudadanía gallega, limitando la formulación de preguntas en el Parlamento, negándose a remitir la documentación solicitada o eludiendo las respuestas a las cuestiones formuladas”.
Dinero a los "pseudomedios"
La propuesta presentada por los nacionalistas hace referencia, en concreto, a la negativa de la Xunta a remitir al Parlamento la documentación solicitada sobre “inspección y expedientes sancionadores a las viviendas comunitarias de Amoeiro, A Bola y Cudeiro o las residencias de mayores de Montederramo, Monterrei, Chandrexa de Queixa, Esgos o Nogueira de Ramuín”.
Cabe recordar que en algunas de estas instalaciones meses atrás se registraron graves infracciones y las empresas que las gestionan están recibiendo “sanciones irrisorias o incluso sin sanciones”.
Iago Tabarés puso como paradigma para explicar su denuncia sobre el boicot del Gobierno presidido por Alfonso Rueda al trabajo de control y fiscalización de la oposición con lo sucedido en el centro de menores de Monteledo.
Sobre esto se ha preguntado “¿qué es lo que no quiere que consultemos, que se hicieron unas obras que son una chapuza, que se gastó dinero en eficiencia energética y la climatización sigue siendo por pingüino?”.
También en referencia a lo ocurrido en Monteledo, el portavoz del BNG ha recordado las “condiciones laborales y económicas tercermundistas” de la plantilla o la falta de calidad en la alimentación.
El parlamentario nacionalista no solo ha aludido a la materia de servicios sociales. Tabarés ha hablado de medio de comunicación, o “pseudomedios”, como él mismo los ha definido. En concreto, ha rechazado “la falta de respuestas del Gobierno de Rueda sobre contratos menores de la Xunta a empresas relacionadas con familiares de altos cargos populares o con activistas de la extrema derecha, como es el caso de EdaTV News, dirigida por Javier Negre”.
Desde su formación han subrayado que siguen “esperando una respuesta sobre la razón de los contratos firmados con este pseudomedio de comunicación, tanto los anteriores a 2023 como los más recientes, entre ellos el firmado el 23 de febrero de 2026 para una campaña institucional de Navidad”.
Se da la circunstancia de que ya Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia otorgó 50.000 euros en 2022 en tres lotes y en tres campañas del 8 al 24 de abril de ese año, en forma de publicidad a este “pseudomedio”. Se da la circunstancia de que apenas unos días después de la ejecución del último de esos contratos Feijóo dejó el Gobierno autonómico y dio el salto a Madrid para dirigir el PP a nivel nacional.
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