Está previsto que mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé a conocer las medidas que se adoptarán para hacer frente a las consecuencias que derivan de la guerra en Oriente Medio iniciada por Estados Unidos e Israel y que, en las últimas horas, ha vivido una nueva escalada con el ataque israelí a la mayor reserva de gas natural en Irán.
Desde el Partido Popular, en su política de oposición, se reclaman acciones gubernamentales en este sentido, reclamándolas, incluso, con palabras gruesas y descalificaciones dirigidas contra Sánchez y sus ministros. Sin embargo, obvia Alberto Núñez Feijóo que las Comunidades Autónomas que gobierna su formación tampoco han adoptado medida alguna, siendo solo las de Asturias y Euskadi las únicas que hasta el momento ha movido ficha desde sus competencias.
En Galicia sucede lo mismo que en el resto de regiones 'populares', es decir, no se han llevado a cabo iniciativas que busquen relajar las consecuencias negativas de la guerra.
Es lo que reclaman al presidente gallego, Alfonso Rueda, los partidos de la oposición, que critican la contradicción de que, mientras insta a Moncloa a que actúe, no lo hace en la región que gobierna.
Así lo ha manifestado la portavoz de Economía e Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, que además ha presentado un conjunto de medidas en el Parlamento autonómico reclamando a la Xunta un “plan de acción”.
En relación con esto ha instado a Rueda y su equipo “una estrategia proactiva de información, coordinación institucional y medidas concretas de acompañamiento”, al tiempo que le exige que “deje de hacer de comentarista y empiece a actuar como gobierno”.
Todas las Comunidades Autónomas tienen a su disposición en el marco de sus competencias materias en las que actuar y recursos para hacerlo. Iglesias ha recordado que en el caso gallego la Xunta tiene a través del Igape, Instituto Galego de Promoción Económica, la opción de la puesta en marcha de las políticas de internacionalización, la planificación industrial o los mecanismos de diálogo con los sectores productivos. En el caso del Ejecutivo de Alfonso Rueda, la dirigente socialista ha criticado que “más allá de las declaraciones y mensajes públicos, no se conocen medidas concretas ni instrumentos específicos activados por la administración autonómica”.
Precisamente ha mencionado las alusiones a Pedro Sánchez por parte del presidente gallego, al que califica como “especialmente preocupante” que el gobierno gallego “opte por desplegar únicamente una estrategia de comunicación basada en trasladar toda la responsabilidad de la respuesta institucional al Gobierno de España”.
Tres medidas concretas
También el Bloque Nacionalista Galego ha reclamado dejar atrás la inacción. A principios de esta semana, la viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, adelantó que su formación presentará una proposición no de ley para condenar “la guerra imperialista iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano —con miles de personas asesinadas en esos países— y para defender la paz, la soberanía de los pueblos y el derecho internacional”.
La repercusión de esta contienda es clara y evidente en el día a día. Por lelo, ante este impacto, los nacionalistas reclaman la comparecencia del presidente de la Xunta para explicar “qué medidas tiene pensado adoptar ante la escalada de precios brutal que nos hace temblar cada vez que vamos a llenar el depósito de gasolina y que afecta de forma notable a sectores estratégicos de la economía gallega”.
Cabe recordar que el PP, apoyado en su mayoría, ha vetado esta comparecencia, el Bloque aprovechará el turno de preguntas al presidente para obtener una respuesta porque, tal y como ha criticado esta semana Rodil, “lo cierto es que de momento su gobierno no ha hecho absolutamente nada”.
El BNG propone tres propuestas concretas contra el incremento de precios. Por una parte, pedir al Gobierno central, al que la viceportavoz nacionalista ha reprochado su “ritmo caribeño”, una bonificación de los carburantes en aquellos sectores más afectados, como pueden ser los del transporte, la pesca y el sector agroganadero.
Por otra, la solicitud a la Xunta de un fondo de garantías logísticas “para exportadores con avales del 100 %” con destino a créditos de liquidez que cubran “sobrecostes imprevistos en frentes internacionales, especialmente para pymes y empresas de capital gallego”.
La última de las propuestas es la creación de una mesa de evaluación de la crisis como órgano de seguimiento y diálogo en la que estén, además de las administraciones, las empresas, las organizaciones sindicales y las universidades.
Olalla Rodil y su formación han aprovechado lo que está ocurriendo en materia energética para avivar el tema de la soberanía de Galicia en este sentido, que consideran “cada vez más necesaria”.
