La jueza cita para declarar en calidad de testigo al Patrón Mayor de la Cofradía de pescadores el próximo 25 de marzo. La citación judicial se produce en el marco de la querella interpuesta hace dos años y medio por la concejal socialista María José Vales, contra Gonzalo Durán [PP], por presuntos delitos de injurias y calumnias hacia su persona.
Sin embargo, sorprende como la magistrada, no se pronuncia sobre la petición de la acusación [María José Vales, PSdG] de escuchar el testimonio del Sargento de la Guardia civil. Él fue el instructor de la denuncia contra la concejal socialista de la que se benefició el alcalde de Vilanova [PP] para aplazar su declaración este verano, y de la que ahora, preguntado en sede judicial, no quiere saber nada, y mucho menos contestar preguntas
La denuncia como línea de defensa política. Cuando acusar sirve para ganar tiempo
Recordemos que Gonzalo Durán [PP] se agarró a estas diligencias abiertas contra su rival socialista como un clavo ardiendo el verano pasado, porque eran su única defensa ante la querella que le mantiene como investigado.
Los delitos de corrupción que se le atribuyen a María José Vales [PSdG] en la denuncia que instruye el Sargento coinciden con las acusaciones delictivas vertidas por Gonzalo Durán [PP] los últimos dos años y medio contra la concejal socialista. Hasta el pasado 17 de julio, fecha en la que estaba citado para declarar, la denuncia instruida por el Sargento iba a ser su estrategia de defensa.
“Está investigada”: el argumento que lo explica todo
En el fondo, el mensaje que el regidor pretendía trasladar a la magistrada es sencillo: sus acusaciones públicas contra María José Valés (PSdG) por presuntos delitos de corrupción no son gratuitas, sino que, a su entender, están respaldadas por una denuncia remitida a la Justicia por el Sargento de la Guardia Civil y que mantiene a la concejal socialista en condición de investigada. La tesis del alcalde se resume en una idea clave: si está siendo investigada, mis acusaciones están justificadas.
Aislada de su contexto, la afirmación podría parecer razonable. Es cierto que Valés figura actualmente como investigada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía de Arousa, situado además en el mismo complejo judicial en el que se tramita la causa que afecta al propio regidor. Ese dato es el que el alcalde utiliza como argumento para legitimar su discurso y presentarlo como avalado judicialmente.
Sin embargo, el foco no está en la situación procesal de Valés, sino en la denuncia que origina esa condición de investigada. Una denuncia que, desde su origen, plantea serias dudas. Los hechos que recoge ya fueron archivados en dos ocasiones anteriores por la Justicia, sin que se hayan aportado elementos nuevos que permitan reabrir una investigación penal.
Ese dato, sistemáticamente obviado en el relato político, resulta determinante: estar investigada no equivale a haber cometido delito, y menos aun cuando el procedimiento se apoya en acusaciones previamente descartadas por los tribunales.
El testimonio clave que sigue sin fecha
En el escrito remitido a la jueza, la querellante, María José Vales [PSdG], pide que se cite a declarar al Patrón Mayor, y al Sargento de la Guardia civil en calidad de testigos, es decir, con la obligación de decir siempre la verdad. No hacerlo supone un delito. Además, su declaración es una prueba testifical fundamental y, al ser citado, tiene el deber legal de comparecer, salvo causas justificadas, y responder a las preguntas en la toma de declaración. El primero ya tiene fecha para su comparecencia, pero sobre el segundo impera un silencio absoluto.
La concejal socialista considera imprescindible la prueba testifical del Sargento, para arrojar luz y dar respuesta a lo muchos interrogantes que giran en torno a la denuncia contra ella que, desde el principio, ha estado rodeada de polémica, y lo que es peor, de opacidad.
Gonzalo Durán, 'salvado por la campana el sargento de la Guardia Civil'
El pasado 17 de julio el alcalde de Vilanova eludió prestar declaración en calidad de investigado ante la jueza. Después de año y medio de instrucción con prórroga incluida, la magistrada no había tomado aún declaración a Gonzalo Durán, investigado en la causa. Aunque, tampoco lo haría ese día.
Su abogado consiguió un aplazamiento al pedir “una serie de documentación que, nos consta, está en otro juzgado, de denuncias contra María José Vales [PSdG]”, según explicó el propio Durán a la prensa local que lo esperaba ese día a la salida del Juzgado. Una petición que la titular del Juzgado, doña Sofía Leonor Castro Verdes, aceptó señalando que solicitaría la documentación relativa a la denuncia contra María José Vales por presuntos delitos de corrupción en su etapa al frente de la Cofradía de pescadores (en el Juzgado de Instrucción número 2, ubicado en el mismo edificio) y volvería a llamar a declarar al alcalde una vez constase ésta.
La repentina amnesia del alcalde de Vilanova en sede judicial. Cuando ya no interesa explicar lo que antes lo explicaba todo
Esa declaración es la del pasado 30 de octubre, en la que Gonzalo Durán parece sufrir una repentina y llamativa amnesia.
Cuando la jueza le pregunta por esta investigación en su declaración, el regidor contesta que “no puede decir nada sobre esto”. Así, sin más. Con estas seis palabras el alcalde de Vilanova se desvincula de una denuncia que recoge las mismas acusaciones delictivas vertidas por él durante dos años y medio contra la concejal socialista, y que es fácil pensar que iba a usar como estrategia de defensa de los delitos de injurias y calumnias que le mantienen como investigado.
Pero nada más lejos de la realidad. El alcalde de Vilanova acude a su cita con la justicia, y, como acostumbra él a hacer, sorprende a los allí presentes dando un giro inesperado de grados a su estrategia de defensa. A la pregunta de la magistrada por la denuncia contra Vales [PSdG] que el Sargento instruyó y remitió al jugado que la investiga, su letrado responde:
“[…] Y como consecuencia de la denuncia presentada en el Puesto de la guardia civil en Vilanova contra la querellante [María José Vales, PSdG]] el 17 de abril de 2024 cuyas diligencias también se acumularon a las diligencias de la denuncia anterior, de 24 de mayo de 2023, pero “sin que el compareciente [Gonzalo Durán, PP] pueda decir nada de esto, no puede decir nada sobre esto”.
Es decir, Gonzalo Durán [PP] se beneficia de la denuncia contra Vales [PSdG] para evitar declarar en sede judicial este verano. Su abogado pide la documentación relativa a la investigación abierta contra la socialista y la jueza acepta. Y resulta que 3 meses y medio después preguntado en sala por la magistrada, el alcalde ya no quiere hablar sobre el tema. No le apetece, no le va bien.
¿Por qué el interés que tenía Gonzalo Durán en esa denuncia contra la concejal socialista que iba a usar como estrategia de defensa, desaparece de un plumazo y el alcalde se marca un “Si te he visto, no me acuerdo”
Se trata de una táctica con un único objetivo: la utilización del aparato judicial no para condenar, sino para desgastar políticamente, y acabar con el adversario, es una táctica, basada en el juego sucio, que ya ha empleado más veces el PP. Desprestigiarla como candidata, acabar con su principal rival en las municipales vertiendo sobre ella acusaciones falsas o directamente inexistentes, imposibles, y lanzándola amenazas públicas como esta: “Lo mejor que podía hacer era dimitir, ponerse en manos de la justicia y pedir clemencia; pactar antes con la Fiscalía la condena, porque va a acabar muy mal”, decía Durán. Y precisamente, fue la fiscalía la que archivó el procedimiento
Tres denuncias, dos archivos y las mismas acusaciones. El itinerario judicial de unas acusaciones repetidas
Es la tercera denuncia presentada en el plazo de un año contra María José Valés, concejal socialista y expatrona Mayor de la Cofradía de Pescadores de Vilanova de Arousa. En las tres se la acusa, presuntamente, de delitos de corrupción relacionados con su etapa al frente de la entidad. Las dos primeras fueron archivadas por la Justicia.
Cuando el pasado judicial se recicla
La primera denuncia fue presentada el 7 de marzo de 2023, ante la Fiscalía por Rosalino Díaz, actual Patrón Mayor de la Cofradía y sustituto de Valés en el cargo, apenas dos meses antes de las elecciones municipales. El Ministerio Fiscal remitió el escrito al Juzgado de Instrucción nº2 de Vilagarcía de Arousa, que archivó la causa un mes después. El fiscal jefe de Pontevedra en ese momento, Juan Carlos Aladro, dictó auto de archivo por falta de pruebas y, más aún, por la imposibilidad de comisión del delito atribuido, descartando la vía penal.
Un mes después se presentó la segunda denuncia, esta vez firmada por doce miembros de la Junta General de la Cofradía, considerados afines al actual Patrón Mayor. El mismo juzgado acordó acumularla a la anterior y volver a archivarla, al no apreciar elementos nuevos que justificaran continuar la investigación.
La Fiscalía puso en conocimiento del alcalde de Vilanova de Arousa el archivo de la causa judicial. Según fuentes jurídicas, esta comunicación tenía como objetivo dejar constancia de que no existía procedimiento penal alguno abierto contra Valés. Pese a ello, las acusaciones públicas continuaron, lo que llevó a la concejal socialista a interponer una querella por injurias y calumnias en septiembre de 2023, cuatro meses después de las elecciones municipales.
Una instrucción expres para hechos reciclados
Seis meses después de la presentación de esa querella —que aún no había sido admitida a trámite— se interpone la TERCERA DENUNCIA, en abril de 2024, esta vez por un particular vinculado personalmente al entorno del Patrón Mayor de la Cofradía. A diferencia de las anteriores, el denunciante no acude directamente al juzgado, que ya había archivado los hechos en dos ocasiones, sino al puesto de la Guardia Civil de Vilanova de Arousa.
La denuncia es instruida en tiempo récord por un sargento y remitida pocos días después al Juzgado de Instrucción nº2 de Vilagarcía de Arousa, que la admite a trámite. Poco después, tras un año de instrucción sin que conste la práctica de diligencia alguna, el procedimiento concluye manteniendo a Valés en condición de investigada.
¿Causalidad o causalidad?
Una circunstancia añade interrogantes al caso: una semana después de que esta tercera denuncia avance en sede judicial, y tras más de siete meses desde su presentación, el Juzgado nº1 de Vilagarcía de Arousa admite finalmente a trámite la querella de Valés contra el alcalde. Una coincidencia temporal que plantea preguntas legítimas sobre la concordancia de plazos y el uso procesal de las denuncias.
Hasta la fecha, el regidor municipal ha utilizado públicamente estas denuncias como argumento político, tal y como ya ocurrió durante la campaña electoral. El caso abre así un debate de fondo: si existe una instrumentalización de los tiempos judiciales, y qué papel juega la actuación del instructor de la tercera denuncia en un procedimiento basado en hechos ya archivados en dos ocasiones.
¿Por qué el Sargento de la Guardia civil del puesto de Vilanova, ante la inconsistencia de las acusaciones, o la imposibilidad misma de ellas, que recoge la denuncia contra la concejal socialista, sigue con la investigación y la remite al Juzgado?
La instrucción realizada por el sargento de la Guardia Civil: más que cuestionable…
La actuación del sargento instructor presenta una primera y grave carencia: no garantiza los derechos básicos de la persona investigada. La afectada no fue citada oficialmente ni informada de la existencia de la instrucción, ni se la llamó a declarar en el marco del procedimiento. Su comparecencia se produjo únicamente por iniciativa propia, cuando tuvo conocimiento de que existía una denuncia contra ella, con el objetivo de defenderse y aportar documentación que desmontaba las acusaciones.
Este hecho vulnera una garantía elemental en cualquier investigación, la persona afectada debe conocer desde el inicio los hechos que se le atribuyen y tener la oportunidad de defenderse en condiciones de igualdad.
A ello se suma la falta de objetividad e imparcialidad en la tramitación de la denuncia. Los hechos remitidos al juzgado ya habían sido archivados en dos ocasiones anteriores por la propia autoridad judicial, ambas a petición de la Fiscalía. Pese a ello, el instructor vuelve a trasladarlos al juzgado sin aportar elementos nuevos que justifiquen reabrir la causa.
Reiterar unos hechos ya descartados judicialmente, sin nuevas pruebas ni líneas de investigación, contradice el deber de actuar con neutralidad y convierte la instrucción en una mera reiteración de sospechas que ya habían sido legalmente desestimadas.
Por último, la instrucción incumple su función esencial: investigar para esclarecer los hechos. Tras la admisión a trámite de la denuncia, se abre un periodo de instrucción de un año en el que NO se practica diligencia alguna. No se toman declaraciones, no se aportan pruebas nuevas ni se impulsan actuaciones que permitan avanzar en la causa.
Sin embargo, ese periodo concluye manteniendo a la afectada en calidad de investigada, sin explicar en base a qué hechos concretos se sostiene dicha imputación. El resultado es una situación de indefinición jurídica que prolonga la sombra de la sospecha sin respaldo probatorio.
La sombra del sargento y el silencio de un alcalde
El papel del Sargento de la Guardia Civil se mantiene como el punto más oscuro y polémico de esta instrucción; su denuncia, que en su día sirvió de escudo político al alcalde, aparece ahora envuelta en una opacidad que la magistrada aún no ha accedido a despejar. Mientras tanto, la figura de Gonzalo Durán, cuya responsabilidad como representante público le exigiría una transparencia ejemplar, se ve comprometida por un silencio procesal que contradice su agresiva estrategia inicial.
En este escenario, la negativa a testificar sobre una denuncia de la que él mismo se benefició no solo debilita su posición legal, sino que deja ante la opinión pública la sombra de una maniobra orquestada para instrumentalizar a las instituciones en favor de intereses personales. Veremos…
