Hace casi un año, coincidiendo con la apertura del curso escolar 2021-2022, se dio a conocer un dato en materia educativa: en Galicia, de cara a el ejercicio que se iniciaba, se había registrado un recorte del 5% en la enseñanza pública, compensado con un incremento del 5,5% en la privada y/o concertada.
El dato, denunciado desde el Bloque Nacionalista Galego, se refería al período de Gobierno del Partido Popular, es decir, desde 2009, con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta.
La cifra se completaba con otra que suponía todo un récord: 4.000 unidades educativas privadas subvencionadas por el Ejecutivo gallego, es decir, con dinero público. Es el número más alto de la historia en este ámbito.
Ahora, un año después y con la vista puesta en el curso 2022-2023, las cosas no solo no mejoran sino que, a tenor de las denuncias de sindicatos y partidos de la oposición, van a peor en lo que a recortes en la educación pública se refiere.
La primera en denunciar esta situación fue la diputada socialista Noelia Otero. A principios de agosto, su formación elevó una batería de cuestiones al Parlamento regional a través de las cuales instaba a la Xunta a “revertir los recortes de profesores”. Centraba su queja en los docentes de institutos de toda Galicia.
Tal y como indicó entonces Otero la decisión de estos recortes es “absolutamente injustificable”, puesto que, en su opinión, como denuncian los expertos en materia educativa, “afecta directamente al reparto digno del trabajo, las guardias, a la educación inclusiva” y, por último y de forma global, a la propia “calidad de la enseñanza pública”.
La diputada socialista aseguraba en esos primeros días del mes que los recortes de profesorado provocan una “situación límite” en los centros educativos gallegos, con repercusión negativa clara en el alumnado y las familias.
800 profesores menos
Curiosamente, a mediados de julio algunos sindicatos animaron a directores y equipos directivos de colegios e institutos a dimitar como señal de protesta ante los recortes, una medida que adoptaron algunos de ellos en diferentes puntos de la región.
A esta denuncia también se ha sumado el principal partido de la oposición. El BNG, a través de su portavoz en materia de Educación, Manuel Lourenzo, cifra el número de profesores que se pierden de cara al próximo alrededor de 800.
Es lo que se desprende de la orden de la Consellería de Educación del pasado 2 de agosto.
Lourezo explica en un comunicado que el “nuevo tijeretazo” traerá consecuencias “devastadoras”, puesto que los estudiantes iniciarán el curso “con aulas masificadas” y “profesorado no especialista”.
Precisamente, Lourenzo recuerda a los responsables de la Xunta que esta realidad “ya no se puede ocultar” o “seguir metiendo debajo de la alfombra”, como lo demuestra el hecho de las dimisiones de directores y equipos directivos del conjunto de Galicia.
Hay que señalar que la educación y la sanidad son dos de las materias en las que se acusa al Gobierno ahora presidido por Alfonso Rueda y antes por Alberto Núñez Feijóo de cebarse a la hora de llevar a cabo recortes.
La conclusión para los defensores de lo público es que el Partido Popular persigue su deterioro a favor de lo privado. A modo de ejemplo ponen, en ambos casos, el incremento de las aulas subvencionadas en colegios concertados o el aumento de los conciertos sanitarios con hospitales pertenecientes a compañías del sector.
