Denuncian el peligro para la salud de una mina que la Xunta quiere reabrir

El medio ambiente se ha convertido en la verdadera piedra en el camino del Partido Popular de Galicia. A la gestión de la política eólica, se suma el empecinamiento del Gobierno que preside Alfonso Rueda por proyectos que cuentan con una multitudinaria oposición social y vecinal.

Es el caso del yacimiento de Corcoesto, sobre el que la Xunta acaba de sacar a concurso diferentes derechos mineros que incluyen este espacio.

Así lo denuncia la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana, que además de mostrar su “rechazo rotundo”, la decisión del Ejecutivo 'popular' supone reabrir un proyecto que ya fue “ampliamente contestado” desde el punto de vista social y que “representa un modelo extractivo incompatible con la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la comarca”, recuerda este colectivo.

En concreto, Salvemos Cabana llama la atención sobre “el grave riesgo que implicaría el uso de cianuro de sodio en los procesos de recuperación del oro”. Sobre esto, en un comunicado, explican que este compuesto, ampliamente utilizado en minería aurífera, “es altamente tóxico y cualquier fallo en el sistema -filtraciones, roturas de balsas o vertidos- puede provocar una contaminación severa de suelos y aguas, con consecuencias potencialmente irreversibles para los ecosistemas y la salud humana”.

Es contundente la Asociación en su evaluación, al indicar que Corcoesto no puede “ni debe convertirse en un experimento de alto riesgo ambiental, pues la experiencia demuestra que este tipo de proyectos conllevan peligros reales que no pueden minimizarse con promesas técnicas o garantías a futuro sobre el papel”.

Para respaldar su denuncia y la preocupación mostrada, Salvemos Cabana cita el caso de Belmonte de Miranda y la explotación aurífera del Valle-Boinás que “acumula un historial preocupante de vertidos no autorizados, expedientes sancionadores y procedimientos judiciales”.

Sobre esto recuerdan sus representantes que a tenor de la información recogida por la Fiscalía del Principado de Asturias, “la Confederación Hidrográfica del Cantábrico instruyó tres expedientes sancionadores”. De ellos, dos conllevaron sanciones y “el Ministerio Fiscal describió vertidos de selenio, arsénico, cobre y cianuros fuera de autorización, además de solicitar una multa de 20 millones de euros y la suspensión de la actividad hasta acreditar el cese de las acciones contaminantes”.

Al hilo de esto, la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana es clara a la hora de indicar que la incorporación de Corcoesto al “nuevo plan especulativo para fomentar la minería metálica anunciado por la Consellería de Industria” significa “ignorar tanto la oposición social como las lecciones aprendidas de otros proyectos similares”.

Renuncia definitiva a la macrocelulosa de Altri

Otra de las iniciativas más controvertidas y a la que se relacionan con el menoscabo del medios ambiente es la de la macrocelulosa que Altri quiere levantar en el municipio lucense de Palas de Rei.

Esta misma semana, en sede parlamentaria, de nuevo el PSdeG, a través de la diputada Patricia Iglesias, afirmó que si la Xunta no deniega definitivamente el proyecto de Altri, “es como meterlo en la nevera”.

El temor a que un cambio a nivel nacional puede conllevar el desbloqueo de este proyecto pulula en la zona afectada y aledañas. “Denle carpetazo y desclasifiquen el pacto secreto que firmó un conselleiro”, exigió Iglesias recordando que el archivo del procedimiento llevado a cabo por la Xunta “no resuelve la cuestión de fondo ni impide que el proyecto pueda ser reformulado y volver a tramitarse en el futuro”.

También, con el fin de cerrar todas las puertas posibles, reclamó la denegación a la multinacional portuguesa la concesión de aguas pendiente de autorización, así como de la declaración ambiental estratégica.

La diputada socialista citó el “proyecto estrella mimado por el PP y por Rueda” recordando que enfrente tuvo una contestación social histórica “y tres noes” por parte del Gobierno de España: “No a la financiación singular, no al Perte y no al encaje técnico y medioambiental”.

Patricia Iglesias aprovechó para encuadrar el caso de Altri en una política industrial y energética por parte de la Xunta que siempre “llega tarde”. “Mientras España lidera, Galicia va al ralentí”, concluyó.

Precisamente, mencionó otros proyectos que recibieron por parte del Gobierno gallego la designación de industriales estratégicos como “propaganda”.

Y todo lo enmarco en las erráticas políticas de Alfonso Rueda y su equipo que provoca que la región “pierde pulso industrial, encadenando una caída de la producción al inicio de año”. En este punto señaló que “está en cuestión su potencial en energías renovables, con más de 90 parques eólicos paralizados y la privatización de los recursos naturales”, sumando la “opacidad” en el caso de las plantas de bioenergía y residuos.