En más de una ocasión, los partidos de la oposición en el Parlamento gallego reclaman transparencia a la forma de entender la política el Partido Popular. En tiempos de Alberto Núñez Feijóo era una constante, algo que ha continuado con Alfonso Rueda, y siempre con el punto de mira fijado en la contratación pública.
En todos estos años ha habido varios ejemplos, aunque, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas y con otros gobiernos, en Galicia, a pesar de ser presentadas varias denuncias sobre este particular, casi en su totalidad ni siquiera superan el primer trámite judicial, y cuando lo hacen, no se recuerdan sentencias condenatorias.
Uno de los métodos utilizados para, según los denunciantes, poder dar esquinazo a la transparencia son los llamados contratos menores. En más de una ocasión, un organismo público como el Consello de Contas, ha llamado la atención por el uso anormalmente alto de este este tipo de contratación por parte de algunas Consejerías de la Xunta de Galicia.
Ahora es de nuevo la oposición la que vuelve a poner en foco en esta materia. Ha sido la diputada socialista Patricia Iglesias quien este miércoles no dudó en denunciar la “falta de transparencia de los contratos menores” de la administración autonómica. Según dijo, ahora mismo, “concentran un gasto millonario” y presentan una “total falta” de claridad.
Las cifras hablan por sí solas. Tal y como señaló, se trata de un ámbito “especialmente sensible a prácticas irregulares”, que, sin embargo, supone “alrededor del 40% del volumen total de contratación de la Xunta, con cifras que superan los 800 millones de euros anuales”.
Estos datos tienen una conclusión evidente: este tipo de contratos es “masivo” en la actuación del Ejecutivo gallego.
Discrecionalidad elevada
La acusación de falta de transparencia se debe a que, elegir esta tipología de contratación, significa que una parte muy destacada del “gasto público gallego se decide sin concurrencia competitiva, sin publicidad efectiva y con un elevado grado de discrecionalidad”.
Ante esto surge la pregunta de la posible vulneración de la legalidad de este tipo de contratación y en esta cantidad, algo que Iglesias reponde diciendo que “no es una práctica ilegal”, pero advierte de que se ha configurado como “un espacio de alto riesgo en el que se pueden obviar los principios de igualdad, mérito y eficiencia”.
Una de las acusaciones que más se repiten contra el Ejecutivo que preside Alfonso Rueda (y antes Feijóo) es que, apoyado en su mayoría absoluta, trata de limitar el acceso a la información por parte de colectivos interesados. Uno de los ejemplos más recientes tiene que ver con la gestión en materia eólica.
En este sentido, la diputada socialista criticó con dureza el limite el derecho de acceso a la información pública por parte del Gobierno gallego “y que lo haga sin base legal suficiente”, algo que a su juicio es “muy grave”.
En relación con esto, desde el PSdeG se recordó lo que está ocurriendo con la investigación judicial que se lleva a cabo contra el ex ministro, Cristóbal Montoro, y la consultora a la que se vincula, Equipo Económico. Para Patricia Iglesias es “especialmente significativo” el número de contratos menores adjudicados entre los años 2009 y 2011 a esta empresa por un importe superior a los 172.000 euros. Son, según afirmó, “informes sin firmar, borradores sin suficiente carácter técnico, documentos sin adaptación a la normativa gallega y contenidos genéricos que podrían haber sido reutilizados para otras administraciones”. A esta documentación ha pedido acceso el Partido Socialista de Galicia, sin que hasta el momento lo haya conseguido.
La acusación de la parlamentaria autonómica aún fue más allá al señalar que el control democrático que ha de regir en este ámbito, “está condicionado por un sistema de información “claramente deficiente y hecho a conciencia para evitar la transparencia”
Desde la Xunta se ha contestado en varias ocasiones que la documentación, por el contrario, está disponible. No obstante, Iglesias explicó que los contratos menores no están publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “sino en el portal de transparencia, en el que hay que ir pinchando uno a uno en cada órgano de contratación para poder ver los documentos”. A lo anterior se suma el hecho de que están publicados “en formatos cerrados y no reutilizables, con datos no homogéneos y que no coinciden y con una información fragmentada en múltiples organismos”; en definitiva, llegar a esta información “requiere recorrer más de 70 entidades del sector público autonómico”.
A pesar de los presuntos intentos de la Xunta por ponerlo muy difícil, la diputada socialista, a partir de los datos disponibles, se detectan “patrones como la reiteración de adjudicaciones a determinadas empresas, el incremento significativo de los importes contratados con ciertos proveedores o la existencia de vínculos personales y familiares”.