En esta ocasión, Alfonso Rueda, salvo viaje de última hora como aquellos que le preparaban a Alberto Núñez Feijóo para no aparecer en las fotos de los actos de la Plaza de Colón con Vox, no va a poder irse del Parlamento gallego. Lo hizo esta semana para no estar presente en el rapapolvo de la oposición en la sesión para abordar la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta, tanto en época de Feijóo con familiares o el sobrecoste imputado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Este viernes, haciendo uso de la facultad que le otorga sus 25 diputados la Cámara gallega, el Bloque Nacionalista Galego, a pesar de la negativa del PP apoyado en su mayoría absoluta cuando se abordó la creación de dicha comisión, registró formalmente la solicitud de su constitución “lo antes posible”.
El motivo es aclarar los 480 millones de sobrecoste del citado hospital vigués y las adjudicaciones vinculadas a familiares de cargos del PP, en particular la hermana y el cuñado de Feijóo.
Tal y como subrayó la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, la intención de su formación es que por ese órgano fiscalizador pasen tanto el actual presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, como su predecesor.
No parece que vaya a producirse tal circunstancia, porque no existe obligación para ambos y da la impresión de que, en el caso del Partido Popular va a seguir los criterios que ha mantenido en otras ocasiones.
Incluso se puede adelantar ya el argumento que será utilizado por los 'populares' y es que los intentos que ha habido hasta ahora para que la justicia investigue estas cuestiones, no han tenido el respaldo de los tribunales.
Sin embargo, en las formaciones de la oposición se piensa que la no comparecencia de quienes han estado al frente de la administración autonómica puede provocar un daño importante de credibilidad, sobre todo en el caso de Alberto Núñez Feijóo, teniendo en cuenta el rol que su partido está teniendo contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Por qué unos sí y otros no tienen que comparecer? Esta es la pregunta que pulula en la sede de la calle Génova, pero que como es habitual en la forma de proceder de Feijóo -que ya utilizó cuando era el presidente de la Xunta y similar a la usada por Mariano Rajoy- se responderá por sí sola, o lo que es lo mismo, dejando pasar el tiempo. Lo contrario sorprendería a propios y extraños dentro y fuera del PP.
"Vamos a destapar en Galicia lo que el PP quiere esconder”
Pontón, en el marco del registro de la petición llevada a cabo ayer en el Parlamento, aseguró que “sería una falta de respeto a la democracia, una absoluta falta de respecto a los gallegos y toda una declaración de culpabilidad que se negasen a comparecer”.
De hecho, fue más allá al indicar que no contempla la opción de que quienes han estado y están al frente del Ejecutivo gallego se nieguen a comparecer en el Parlamento autonómico.
A su juicio, además de “no tener precedentes” sería “desde luego un escándalo”. A pesar de que la contundencia de la líder nacionalista fue a más al agregar que tal negativa se convertiría en “una obstrucción a la transparencia y a la verdad que se sumaría al veto vergonzoso” dado por el PP a la comisión de investigación esta misma semana, gracias a la mayoría con la que cuenta en el Parlamento regional.
Más allá de lo que finalmente decida la formación que Feijóo lidera a nivel nacional, lo cierto es que las dudas que generan la forma de actuar, el incremento de la cantidad de los contratos y la tipología de los mismos requerirían algún tipo de explicación por parte de quienes estaban y están en la cúspide de la toma de decisiones, tal y como han reclamado, además de la oposición, colectivos sociales, sindicatos y algún organismo regional.
Irregularidades evidentes
No hay que olvidar que lo que reclama el Bloque, con el apoyo del PSdeG es fiscalizar “toda la contratación a dedo realizada por los gobiernos del Partido Popular”. Esta reclamación se apoya en datos como que solo entre 2018 y 2023 el ejecutivo presidido hasta 2022 por Feijóo y luego por Rueda “formalizó más de un millón de contratos por valor de 4.000 millones de euros sin ningún tipo de licitación, según publico El Salto”.
Y en efecto, el análisis de las adjudicaciones y contrataciones de la administración autonómica ponen de relieve que Eulen, empresa de la que Micaela Feijóo, hermana del líder del PP, es un cargo directivo, logró un total de 1.311 contratos menores en ese intervalo de tiempo por un total de casi 5 millones de euros. Y este es solo uno más del global de 55 millones en el mismo período.
El Partido Socialista gallego también ha apoyado estas comparecencias al tiempo que adelantó que solicitarán que en la comisión comparezca, precisamente, la hermana del actual presidente nacional del Partido Popular, cuya empresa es una de las grandes beneficiadas por las adjudicaciones de la Xunta.
Los médicos gallegos ya alertaron en 2015 del sobrecoste del hospital de Vigo
En el punto de mira están también las contrataciones encuadradas en el apartado de emergencia, relativos a la pandemia. Aquí aparecen, de nuevo, otras empresas que, para quienes reclaman claridad, “protagonizaron auténticos pelotazos aprovechándose de la grave crisis sanitaria”.
Se trata de Universal Supoort, Sibucu 360 y Mape Asesores, conectadas de forma directa o como simples comisionistas con el cuñado de Feijóo (4 y 31 millones de euros), y con Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso (contratos por valor de 10,4 millones de euros).
No se espera que el presidente de la Xunta no vete estas declaraciones en la comisión de investigación con la que, como afirmó Ana Pontón, su formación quiere “poner luz donde el PP quiere oscuridad, agregando que “es evidente que hay irregularidades”, algo que respalda con lo dicho por “órganos de control de la propia Xunta como el Consello de Contas”.
