Durante años convirtió la Diputación Provincial en una especie de reino propio desde el que extendía sus tentáculos a toda la provincia de Ourense. José Luis Baltar era el hombre fuerte del PP en esta provincia, hasta el punto de que el mismísimo Feijóo, ya con mayorías absolutas a su espalda, encontraba en él a un verdadero hueso duro de roer.

Cuando dejó el cargo, como ocurría en aquellas monarquías absolutas de hace siglos, le sucedió en el mismo su propio hijo, José Manuel Baltar, que acumula ya unos años en el mismo puesto que su progenitor, si bien, en las últimas elecciones de 2019 tenía perdida la Diputación ourensana a la vista de los resultados. Curiosamente, la logró gracias al apoyo del controvertido alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

En su momento, Baltar padre se autodefinió como el “cacique bueno”, lo que algunos consideraron una tomadura de pelo; ahora, su ‘heredero’ parece seguir el mismo perfil a tenor de lo denunciado por el Partido Socialista de Galicia.

En palabras de la portavoz de Presupuestos de este grupo en el Parlamento autonómico, Begoña Rodríguez, en la Diputación de Ourense, con José Manuel Baltar al frente, “continúa la actuación caciquil”. En concreto, la afirmación la hizo en la Comisión de Presupuestos en relación con el reparto de fondos públicos por parte de la institución ourensana y a raíz de una pregunta dirigida al Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, Rodríguez recordó que, tal y como recoge el Plan Único que aprueba cada una de las diputaciones gallegas, el desequilibrio entre la de Ourense y las otras tres es, como mínimo, llamativo. La argumentación se basa en los datos de que, mientras la Diputación de A Coruña destina 64,6 millones de euros a sus concellos, la de Pontevedra 42,2 y la de Lugo 21,5 millones, la Diputación Provincial de Ourense, como recalcó la portavoz de Presupuestos del Grupo socialista “tan solo dedicó 7,2 millones de euros a los 92 concellos” de su competencia.

Ante esta situación, la diputada del PSdeG pidió explicaciones al Ejecutivo gallego puesto que, según la normativa vigente, “para lograr una eficaz coordinación de las inversiones públicas en el territorio gallego, los programas de cooperación económica con las entidades locales que elaboren las diputaciones, cualquiera que sea su denominación y naturaleza, serán puestos antes de su aprobación, en conocimiento de la Xunta de Galicia y de la Comisión Galega de Cooperación Local”.

Cabe recordar que las acusaciones lanzadas por parte de los socialistas en sede parlamentaria fueron corroboradas hace unas semanas en el último informe del Consello de Contas (tribunal de cuentas de Galicia). En el mismo, entre otras consideraciones, se pone de manifiesto en relación con la gestión llevada a cabo en la Diputación de Ourense que, aproximadamente, el 84% de sus subvenciones las concede de forma nominal, el 80% de las contrataciones son adjudicaciones directas sin publicidad y concurrencia, y que 7 de cada diez contratos se concentran en únicamente cinco adjudicatarias.