“La transición ecológica no puede hacerse a costa del medio ambiente ni de los derechos de las comunidades locales. El Estado de Derecho europeo también debe aplicarse cuando hablamos de minería”. La afirmación la ha pronunciado Jaime Doreste, abogado de Ecoloxistas en Acción ante el Tribunal Gerneral de la Unión Europea, una de las instancias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El argumento tiene que ver con la decisión tomada por la entidad ecologista de elevar ante dicho órgano judicial comunitario la declaración como estratégica de la explotación minera de Doade, cuyo propósito es la extracción de litio.
De este modo, la organización naturalista impugna la decisión de la Comisión Europea por vulnerar la legislación ambiental y el derecho a una buena administración.
Por ello, Ecoloxistas en Acción ha presentado ya una demanda de anulación ante la citada instancia judicial contra la Comisión Europea por esa declaración sobre la explotación situada en la provincia de Ourense “como proyecto estratégico al amparo de la Ley Europea de Materias Primas Críticas”.
Los demandantes tienen claro que la Comisión Europea “incurrió en errores de derecho y de apreciación al otorgar esta calificación a un proyecto que cuenta con una amplia contestación social”. A esto añaden el hecho de que esta mina “presenta riesgos significativos para el medio ambiente y los ecosistemas de la comarca, sin que se haya realizado una evaluación ambiental rigurosa conforme exige el propio reglamento europeo”.
Asimismo, citan el “conflicto de intereses” que se ha registrado en todo el procedimiento, apuntando directamente a la participación del “actual director de minería de la empresa Recursos Naturales de Galicia, Carlos Martínez Torres, en el proceso de evaluación de los proyectos estratégicos”. Se da la circunstancia, según señalan, de que “ese mismo directivo fue responsable de la preparación de la candidatura de la mina Doade, cuando aún trabajaba para la empresa minera”.
También la Xunta de Galicia está involucrada en esta demanda, puesto que hay una acción directa en el proceso de Recursos Naturales de Galicia, empresa público-privada dependiente de la administración autonómica, en el proyecto de la mina de Doade. Para Ecoloxistas en Acción esto es un “evidente conflicto de intereses”, puesto que la Xunta “pasa a actuar simultáneamente como promotora o socia del proyecto minero y como autoridad responsable de evaluarlo, autorizarlo y supervisarlo desde el punto de vista ambiental y administrativo”.
Claro "conflicto de intereses"
La conclusión es más que clara, defendiendo esta ong que esta forma de actuar pone en entredicho “la imparcialidad de los procedimientos”, además de debilitar “las garantías de control público” y cuestionar de forma patente “la independencia de las decisiones adoptadas”, debido, precisamente, al “interés económico directo de la Xunta en el desarrollo de la mina”. De todo lo anterior se desprende una dificultad latente para que se lleve a cabo una evaluación ambiental rigurosa, poniendo en duda “la credibilidad institucional” al tiempo que merma la “confianza de la ciudadanía en un proceso que debería priorizar la protección del territorio, de la salud pública y del interés general frente a beneficios empresariales”.
Cabe recordar que la misma entidad ecologista advirtió previamente a la Comisión Europea de los “impactos críticos sobre ecosistemas de alto valor natural, la afección a recursos hídricos y acuíferos de la zona”, a lo que se suman “el riesgo de contaminación por residuos mineros y la falta de garantías sobre la restauración del territorio”. Sin embargo, el organismo comunitario decidió no hacer caso a esto aceptando “sin contraste la información aportada por la empresa promotora, impidiendo el acceso a la misma”.
Con esta forma de actuar, en palabras de Doreste, “la CE renunció a su obligación de control y se limitó a dar por buena la documentación presentada por la empresa, cuando el Reglamento de Materias Primas Críticas exige que los proyectos estratégicos se ejecuten de manera verdaderamente sostenible”.
A pesar de que el organismo europeo justificó su visto bueno con una interpretación de la normativa que, a juicio de Ecoloxistas, en este caso de la mina de Doade “vulnera el Convenio de Aarhus al limitar el derecho a la información y a la participación pública de las comunidades afectadas”.
La Xunta de Galicia de forma directa o indirecta se ha servido de la declaración de estratégicos de algunos proyectos para hacer más livianos y rapidos los tramites administrativos relativos a autorizaciones. Esto, para el colectivo ecologista, es lo que ha sucedido con esta explotación minera, sobre la que el Gobierno presidido por Alfonso Rueda “ya acordó el año pasado la reducción de los plazos de tramitación a la mitad, limitando las posibilidades de los órganos sectoriales de evaluar un proyecto complejo y con graves deficiencias”.
La medida adoptada por Ecoloxistas en Acción busca que el Tribunal General de la Unión Europea anule la decisión de la Comisión Europea y, de este modo, quede sin efecto la declaración de la mina de Doade como proyecto estratégico.
