La relación del Partido Popular con la Conferencia Episcopal española, con algún altibajo muy calculado, siempre ha sido muy estrecha. En muchas ocasiones, con el apartado más conservador de la institución eclesiástica, incluso, ha ido de la mano contra los gobiernos progresistas con campañas mediáticas y en forma de protestas en la calle.

Esas conexiones tienen también un apartado económico importante. Al margen de cuestiones fiscales, de ayudas, etc., o de acciones publicitarias en los medios de la Iglesia, un apartado destacado tiene que ver la misas que se retransmiten en los medios de titularidad pública y que suponen una no menor cantidad económica.

Es, por lo menos, lo que ocurre en Galicia, según la denuncia que han realizado los partidos de la oposición enel Parlamento autonómico en la Comisión de control de la Corportación de Radio y Televisión de Galicia.

Según la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Alexandra Fernández, es necesario que se ofrezcan las explicaciones oportunas de por qué con el dinero público que financia el ente de medios se pagan las misas que se retransmiten cada domingo en la Televisión de Galicia. En concreto, el arzobispado de Santiago de Compostela recibió por este concepto alredledor de 800.000 euros en 2022.

En palabras de Fernández, cada acto litúrgico que se transmite por la TVG “le cuesta a los gallegos 3.886 euros”. No obstante, a esto hay que sumar los 17.248 euros que puede alcanzar “en los casos de eventos especiales”, un coste que es “claramente parece desorbitada".

De los datos que la diputada autonómica nacionalista reveló en la citada comisión se desprende que hay hasta nueve contratos que constan con el Arzobispado en el portal de transparencia del ente público. En conjunto suman un gasto de 758.221,48 euros a favor de la Iglesia. Este dinero es “por un total de 215 capítulos”. Desgranando las cifras, poco más de 633.000 euros corresponden a la retransmisión de la misa.

Alexandra Fernández recordó que se trata de dinero que “sale de los impuestos de todos los gallegos". En este apartado también incluyó el programa titulado Polo camiño da fe (Por el camino de la fe), “presentado por María José Campo, trabajadora del departamento de comunicación de la Diócesis de Lugo”. En este supuesto, el coste medio por capítulo es de 2.400 euros, cantidad que sube a casi 10.000 por cada hora de contenido.

En una línea similar se mostró la diputada socialista Noa Díaz quien también denunció la “falta de transparencia” de la que da muestras el ente CRTVG “con los contratos con el Arzobispado”.

Apuntan a la dirección del ente

En la misma comisión, la parlamentaria del PSdeG preguntó al director de la Corporación, Alfonso Sánchez Izquierdo, no solo por los contratos firmados con la entidad eclesiástica el ejercicio pasado sino también en 2021. Sobre los mismos, Noa Díaz no dudó en señalar que estamos ante “contratos cuestionables, tanto por su cuantía, como por la forma de adjudicarlo, y por su justificación de interés público”.

Precisamente, la diputada criticó que la información aparecida en el portal de transparencia “no permite” conocer el detalle de estos contratos; de hecho recordó que los reclamó hace un mes “sin obtener todavía respuesta”.

En 2016 la entidad que aglutina a los medios públicos gallegos, siendo presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo, firmó un convenio marco con la Iglesia. Según Díaz, dicho acuerdo, “lejos de respetar la liberdad religiosa” que debe llevar a cabo un ente como la CRTVG, propone todo lo contrario puesto que asume el interés de la Conferencia Episcopal por “impulsar y divulgar la importancia del hecho y sentimiento religioso católico” en la comunidad autónoma.

No es la primera vez que la Corporación de Radio y Televisión de Galicia esta en entredicho por su forma de actuar. Así, el director general del ente ha sido acusado en más de una ocasión de hacer uno de los medios públicos gallegos a favor del Partido Popular. En la actualidad, a través de la campaña Viernes Negros los trabajadores de radio y televisión pública, protestan por la manipulación informativa que se lleva a cabo. Esta protesta acumula ya casi cinco años.