La reforma de la Ley de Costas de la Xunta de Galicia “vulnera el derecho comunitario”. Lo ha dicho hoy mismo el eurodiputado del Partido Socialista Nicolás González Casares. Cita el político gallego al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, quien, según sus afirmaciones, ha ratificado lo que el PP “lleva años negando”.
Lo dicho por el dirigente comunitario es una respuesta a una pregunta parlamentaria. En su contestación, Séjourné es “”taxativo”. Señala que “la legislación española aprobada en 2013 y 2014 viola la Directiva de Servicios y el principio de libertad de establecimiento recogido en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. A esa normativa se le dio el visto bueno durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy como presidente.
En relación con lo que dice la Comisión respecto a esta legislación, se centra en dos cuestiones concretas, según explica el PSdeG en un comunicado. Por una parte, que la misma “permite prorrogar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre hasta un máximo de 75 años”. La segunda, que no fija “ningún procedimiento de selección imparcial y transparente para la adjudicación de esas concesiones”. Precisamente, por estas razones, Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción que sigue en tramitación.
En palabras de González Casares, la contestación del organismo comunitario es “cristalina”, y “desmonta, una vez más, las excusas de la Xunta y de la conselleira de Medio Ambiente, que nuevamente queda a la altura del betún”. “Frente a las cortinas de humo y las acusaciones personales de Ángeles Vázquez, la claridad meridiana de la legislación comunitaria”, ha subrayado.
Asumir la "factura de ilegalidades"
Cabe recordar que, desde la aprobación de la ley de costas gallega ha habido numerosos cruces de acusaciones, en particular desde el Ejecutivo autonómico hacia el central, presidido por Pedro Sánchez. Por ello, ahora el eurodiputado socialista se pregunta si “van a ser la Xunta del PP y Ángeles Vázquez quienes asuman la factura de las ilegalidades cometidas al amparo de una ley que vulnera la normativa europea, pues lo que están haciendo es crear una inmensa inseguridad jurídica a los concesionarios”.
En este sentido, ha indicado que el real decreto de modificación del reglamento general de costas que impulsa Moncloa busca “corregir la situación”. Según González Casares, la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez “debería dejar de perjudicar a ciudadanos y empresas y sumarse a la búsqueda de soluciones, en lugar de seguir creando problemas”.
En el mismo escrito, el europarlamentario del PSdeG también ha criticado la “incoherencia” del Partido Popular. Tal y como ha señalado, esta formación “votó a favor en Europa de normas que exigen procedimientos de selección imparciales y transparentes en la adjudicación de concesiones —hasta tres eurodiputados gallegos del PP apoyaron la Directiva de Servicios en 2006— pero que, cuando gobierna en España, aprueba leyes que vulneran esos mismos principios”.
Uno de los casos más llamativos que podrían verse afectados por esta respuesta de la Comisión Europea es el de la planta de fabricación de pasta de papel que la compañía Ence tiene en plena ría de Pontevedra. Es verdad que el Supremo, contra todo pronóstico, en su última resolución se posicionó con la Xunta, el Gobierno de Mariano Rajoy y la propia empresa, pero no es menos cierto que la prórroga sobre la que se pronunció el alto tribunal entraría entre los supuestos regulados por esa normativa que, para Europa, contraviene la normativa.
Por otro lado, González Casares recordó también que la Ley de Costas no es un caso aislado. Hay que resaltar que continúa abierto otro procedimiento con una prórroga en el centro de la polémica, el relacionado con la concesión de la AP9 concedida por el Gobierno presidido por José María Aznar. En todo estos casos, el eurodiputado socialista tiene claro que “el patrón es privatizar beneficios en la explotación del espacio público”.