El PP daba hace semanas carpetazo de manera acelerada a la comisión de investigación que ponía contra las cuerdas a la actual Xunta de Galicia, liderada por Alfonso Rueda, y a la administración cuando ésta la presidía Alberto Núñez Feijóo; antes de saltar a Madrid.
Una de las líneas de aquel profundo estudio impulsado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y en la que tanto los de Ana Pontón como el PSOE de la comunidad autónoma trataron de poner pie en pared fue el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, al que rodean toda una sombra de polémica dese el punto de vista, sobre todo, de los sobrecostes; pero al que hay que añadir ahora una arista que para la oposición es la gota que colma el vaso sobre este asunto.
Modelo público-privado
Tiene que ver con el modelo de gestión de este centro, para el que el Ejecutivo de coalición de izquierdas que presidió Galicia antes de que lo hiciera el PP de manera ininterrumpida hasta hoy, ya tenía planes, unos planes públicos que el equipo de Feijóo echa por tierra en 2009 para optar por un modelo de cooperación público-privada, una cambio en la metodología que provocó un sobrecoste de 400 millones de euros.
Para la gestión, los conservadores acudieron a varias firmas para que actuaran de forma conjunta bajo un mismo nombre (una UTE, en definitiva, que incluían a nombres vinculados con el partido, algunos de ellos implicados incluso en casos de corrupción. Los empresas integrantes fueron Acciona S.A, Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A; Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras S.A; Altair Ingeniería y Aplicaciones S.A y Obras Caminos y Asfaltos S.A.
Pero lo llamativo son los nombres a título individual que se encontraban detrás de la operación. Así las cosas, el BNG denuncia la intervención de Tomás Pérez Vidal (accionista de Puentes y Calzadas, expresidente del Parlamento Gallego y conselleiro en gobiernos de Manuel Fraga); Agustín Hernández, (directivo de la misma firma y conselleiro asimismo en gobiernos de la Xunta con el PP); Rodrigo Rato (presidente de Bankia, entidad que financió la UTE, ex ministro en ejecutivos de los ‘populares’ y miembro de su dirección estatal) y Luis de Guindos (alto directivo de PriceWaterHouseCoopers desde 2008 y que disfruta asimismo de un “claro protagonismo” en los informes de adjudicación del hospital).
Pese al dinero de más que se pagó, los resultados no fueron acordes al desembolso en tanto en cuanto la superficie quedó reducida en un 25%, prescindiendo para ello de equipamientos cruciales como los pabellones de investigación, docencia y hotel de pacientes. Se quitaron camas (845 finales de 1.465 previstas). Con los datos sobre la mesa, que ampararon varios informes, el Ejecutivo debería haber reclamado una reducción de al menos 30 millones de euros.
En declaraciones remitidas a ElPlural.com, la diputada del BNG y miembro de la comisión de investigación, Montse Prado, asegura que este movimiento es acorde a la deriva neoliberal del Partido Popular basada en “convertir los servicios públicos en nichos de negocio para las multinacionales”.
“Quedaba claro que no era la única opción, ni la más beneficiosa para los gallegos y las gallegas. Lo que sí es evidente es que el PP fue un fiel escudero a la hora de convertir la sanidad pública en un nicho de negocio a pesar de que el PSOE y el BNG tenían otros planes”, emplaza la también portavoz de Sanidad de los nacionalista en el Parlamento.
“El Consello de Contas concluye que se dejó un pufo de más de 400 millones de euros (…) El PP tomó decisiones para favorecer a la UTE, y además expandió su objeto de negocio a peluquerías, aparcamientos…”, asevera para concluir que ni siquiera las justificaciones encajan: “Ampliaron en 20 meses el plazo de construcción”.
Los demás asuntos de una comisión de investigación ‘ad hoc’
El Parlamento de Galicia llevó a cabo en diciembre una comisión de investigación para tratar de esclarecer lo relacionado con este asunto, los contratos concedidos a empresas del entorno de Feijóo y los acuerdos durante la pandemia del Covid.
Si bien, y aunque la oposición mantiene la esperanza -y esa esperanza es precisamente la que motiva al BNG ahora a no bajar los brazos- el PP derivó un documento aprovechándose de su mayoría absoluta que terminó en apenas dos jornadas de trabajo diciendo que no había nada, siquiera sospechoso de ser investigado más a fondo.
El trascurso de la comisión también estuvo marcado por la polémica, ya que la Cámara regional vetó los comparecientes que pedían PSOE y BNG, muchos de ellos clave para el devenir de una posible consecuencia en un mayor grado.